Un recurso de amparo por amenazas de muerte y acciones de amedrentamiento fue presentado este miércoles ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso a favor de los dirigentes sociales pertenecientes al Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente (Modatima).

El abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, y el activista por la defensa de los derechos del agua Rodrigo Mundaca fueron los encargados de trasladar el requerimiento a instancias judiciales, acompañados del diputado Gabriel Boric y de dirigentes sociales de la región que trabajan por el derecho al agua.

Mundaca, quien recibió amenazas de muerte luego de participar en una investigación realizada por el medio danés Danwatch sobre el robo de agua en la Provincia de Petorca, explicó a El Desconcierto que “buscamos que se tomen medidas para proteger la integridad de los luchadores por el agua y también se solicitó la designación de un fiscal para que investigue la situación en la provincia de Petorca“. Y agregó: “Señalamos la necesidad de que el fiscal le tome declaraciones a algunos productores de palta que podrían estar vinculados a una acción de esta naturaleza”.

El dirigente de Modatima denunció que “la provincia de Petorca es el epicentro de violación del derecho humano al agua, y del robo de agua”. Por eso, enfatizó “la necesidad de terminar con el modelo de lucro, usura y exclusión, porque somos el único país del mundo que tiene privatizadas las fuentes y gestión de las aguas“.

El agrónomo subrayó que “acudimos a la Corte de Apelaciones no como víctimas, sino como luchadores y luchadoras sociales por el agua, porque comprendemos que los tribunales son un espacio de lucha para poner fin a la impunidad que existe en nuestro territorio”.

Preguntado por las consecuencias positivas de la difusión del reportaje del canal danés Danwatch calificó de “efecto irónico” la respuesta de los supermercados del país nórdico: “Ha sido el retail danés, que compra paltas de la provincia de Petorca, quien le dice al Estado que hoy día existen productores en la zona que no cumplen con los estándares de ética mínimos”. En su opinión, ese pronunciamiento “coloca al Estado de Chile ante una encrucijada para que se haga cumplir la institucionalidad, y se castigue y sancione a quienes roban el agua en la provincia de Petorca”.

El activista explicó que el próximo paso de la organización será iniciar un despliegue en los territorios para denunciar la criminalización de la que son objeto las y los luchadores sociales por el agua.