La hermana Francisca tenía 20 años cuando ingresó a la orden Clarisas Capuchinas, siguiendo una convicción que albergaba desde hace mucho tiempo. En el recinto, ubicado en pleno centro de Santiago, los años transcurrieron sin mayores sobresaltos hasta 2012, cuando un hecho cambió radicalmente su vida.

El monasterio donde residía la religiosa necesitaba reparaciones, por lo que la madre superiora decidió autorizar el ingreso de un grupo de maestros, quienes permanecieron cerca de ocho meses durmiendo en el lugar. Uno de ellos, Hernán Ríos, quien trabajaba en las obras, aprovechó que la hermana estaba enferma para conducirla a una habitación y violarla.

La víctima reaccionó ocultando el hecho por miedo, pero tres meses después descubrió que estaba embarazada y tuvo que comunicarlo. Entonces, cuenta la hermana Francisca, “me dijeron que yo era la culpable, más encima me calumniaron de robo, que yo lo hice a propósito. Mis hermanas fueron muy crueles conmigo”.

Luego de dar al bebé en adopción en la Fundación San José, la religiosa fue marginada de hecho, en un proceso evidentemente irregular para la regulación canónica, de su vida religiosa. Por ello, después de conseguir justicia en la condena de Ríos por el delito de violación en 2015, la hermana Francisca interpuso una demanda civil contra el Arzobispado de Santiago y el claustro, quienes no creyeron en su verdad y la desampararon tras el hecho.

En conversación con El Desconcierto, la abogada Camila Maturana de la Corporación Humanas, que está asesorando a la mujer en su acción judicial, explicó

/ Captura 24 Horas

¿Cuál es el objetivo de esta demanda de la hermana Francisca contra el Arzobispado y su congregación?

Al ser víctima de un delito al interior del monasterio, no recibe ninguna clase de protección ni amparo de parte de la iglesia a la que ella pertenecía, desde los 16 años, entonces lo que busca con una acción judicial es que se determine la verdad de lo ocurrido y que la iglesia asuma la responsabilidad del daño causado y los errores cometidos. Principalmente, por el hecho de haberla marginado de su vida religiosa, sin seguir el procedimiento regular para ello y, por cierto, por haberla culpabilizado de la violación sexual que sufrió.

La hermana cuenta que la presionaron para ocultarlo y que la culpabilizaron.

Lo más llamativo y fuerte es que desde el primer momento, cuando se devela el embarazo, y a raíz de ello que había sufrido una violación sexual, a ella la responsabilizan de eso y le piden que abandone su vida religiosa.

¿Qué es lo que mandataba en este caso el derecho canónico? ¿Cómo debería haber actuado la iglesia? 

Existe una regulación en el derecho canónico donde está expresamente previsto cuál es el procedimiento que debe seguirse para la expulsión de los miembros, dependiendo del tipo de falta que la persona ha cometido. Hay un capítulo donde se contempla que la persona pueda ser oída y defienda de los cargos que se le acusan. Esa instancia determina cuál sería la sanción aplicable, porque no es sanción inmediata.

Además, se mandata, sea cual sea la falta cometida, que debe haber compasión y misericordia respecto de esta persona de la comunidad religiosa. Eso está dicho así en la regulación canónica y por supuesto ninguna de estas normas se cumplió. Las autoridades se saltaron el procedimiento y la expulsaron en los hechos, de manera irregular, no le dieron la posibilidad de defenderse.

Como nadie le creía que había sido violada, ella presenta la denuncia y a partir de esto se inicia una investigación en el Ministerio Público, donde se logra efectivamente determinar que la violación ocurrió y el agresor fue condenado por la justicia. A pesar de esto, la iglesia no revierte la decisión de mantenerla alejada de la vida religiosa. Hay un conjunto de acciones que tienen que ver con la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres al interior de los claustros, la falta de vías de protección frente a la violencia sexual, la autorización de ingresar trabajadores al monasterio de manera anómala y luego la falta de acogida a una miembra que había sufrido un delito.

/AgenciaUno

¿Cuál fue la respuesta de la congregación y el arzobispo Ezzati? ¿Estuvo al tanto del caso?

Cuando la hermana Francisca da en adopción al niño, ella se presenta al monasterio, vuelve a solicitar ser reincorporada y en el Arzobispado se entrevista con el Vicario de la vida religiosa, Aldo Coda, a finales de 2013. Ella le pide volver a ser reintegrada a algún monasterio y la respuesta del vicario fue: Hermana, deje que las aguas decanten.

El arzobispo Ezzati es el representante legal. No tenemos cómo saber si él maneja esta información, pero de acuerdo al derecho canónico, es él el responsable y debe velar por todo lo que ocurre en su diócesis. Él debe saber, para ello es nombrado por la Iglesia Católica. Por su parte, los tribunales de justicia deben aplicar la legislación chilena, a la cual la iglesia también esta sometida.

Todo indica que tampoco se cumplió con el conducto regular para la denuncia de una violación. 

El deber que tenían era darle protección a una de sus miembras que habían sufrido un delito, con mayor razón si este delito es una violación sexual cometida en su contra al interior del monasterio. No se explica que ella no haya recibido asesoría y protección en la presentación de acciones judiciales.

También es muy grave constatar que cuando se inicia esta investigación, las autoridades de la iglesia no colaboraron. El provincial capuchino, Héctor campos, entrevistado por la PDI, fue citado por la Fiscalía a prestar declaración y no concurrió. La abadesa se negó a prestar declaración y a que el resto de las hermanas lo hiciera y ademas, mintió en su entrevista. Ella fue entrevistada por la PDI y acusó a Francisca de haber cometido el delito de robo. Hubo obstaculización a la justicia chilena de parte del monasterio.

Otro hecho es que el obispo auxiliar, mandatado por el Arzobispado a dar una respuesta ante un canal de TV, señala que se acaban de enterar. Eso no se condice con lo que ocurrió: a fines de 2013, ella se entrevista con ellos y les entrega una carta. Incluso, se presentan en la casa de ella con dos abogados en enero de este año llevándole para pedirle su reincorporación y le dicen “le manda saludos el cardenal”. Es preocupante que diga que no tienen idea, quiere decir que perseveran en su actitud de desconocer estos hechos.

¿Es posible que la hermana Francisca sea reintegrada a su comunidad religiosa?

La acción civil busca el reconocimiento de la responsabilidad por el daño causado y que se materializa en una reparación. Si ella o no vuelve a su vida religiosa, corresponde a su vida privada y a las alternativas que pueda ofrecer el monasterio, pero no es lo que estamos buscando. Estamos al margen del procedimiento canónico, porque ella no tiene ningún elemento para confiar, considerando que cuando la expulsan, se saltan toda la regulación.

Había una cuadrilla de trabajadores viviendo ahí entre abril y diciembre de 2012. Si eso no es saltarse la regulación, no sé. En un recinto de claustro solo pueden vivir las monjas en clausura sin contacto con el mundo exterior. Las reglas dicen claro que el ingreso de personas ajenas al claustro lo dispone la abadesa, quien debe solicitar autorización al obispo, que es Ezzati. No pueden decir que no sabía, porque de acuerdo a las normas canónicas, es él quien tiene que autorizar que ingresen personas externas a la vida religiosa al lugar de clausura.

¿Cómo se enfrenta Corporación Humanas a este caso, donde una mujer religiosa es abusada y luego violentada institucionalmente, lo que evidencia el riesgo en que podrían estar otras integrantes de la iglesia?

Como Corporación nunca habíamos defendido a una mujer de vida religiosa, pero es significativo que en el caso de la hermana Francisca se concluye una cultura de la violencia sexual, que naturaliza la violación y responsabiliza a las víctimas de lo ocurrido. Eso se entrecruza con la existencia de una institución jerárquica, como es la Iglesia Católica, el Ejército o Carabineros, donde las mujeres se encuentran en un lugar de subordinación y de máxima vulnerabilidad, porque además se encubren los abusos e irregularidades que ocurren.

Hay un elemento que es común a las historias de violencia sexual de las mujeres y es que, en la inmensa mayoría de los casos, sufren violencia de parte de sus parejas y además enfrentan violencia institucional, son desacreditadas y responsabilizadas, siempre puestas en sospecha. Esta sospecha en el relato de las mujeres alcanza incluso a una mujer de vida religiosa.