Trata de personas |
En Chile, en tanto, las principales bandas que operan en el mercado de la trata de personas son integradas por nacionales, peruanos y dominicanos, según antecedentes oficiales.
La ola de migración que atraviesa Europa comenzó a tener efectos devastadores sobre la explotación e incluso la esclavitud sexual. Un informe del gobierno de España reveló este lunes que unas 4.430 personas fueron liberadas de sus captores en los últimos cinco años sólo en este país. Por cierto, de ellas un 96 por ciento fueron mujeres.
«Es absurdo pensar que es libre una mujer que trabaja 24 horas diarias y que al cabo de un año no tiene cuenta, ni dinero, ni puede rechazar un cliente», dijo Beatriz Sánchez, la fiscal española que en 2012 logró condenar a treinta años de cárcel al mafioso rumano Ioan Clamparu, el mayor proxeneta de trata de Europa.
La persecución contra las bandas de tráfico de personas y los proxenetas, como opinó hoy el diario El País, fue posible sólo gracias a los cambios legales introducidos desde el año 2000, cuando los líderes políticos españoles comenzaron a legislar sobre el tema.
«Antes simplemente no había voluntad de verlo (el tema) ni los instrumentos adecuados», remarcó el periódico. La situación, sin embargo, cambió luego de las modificaciones legales de los años 2010 y 2015, las que fortalecieron el combate a esta lacra y negocio que ya superó al tráfico de drogas en España, según la Relatoría Nacional para la Trata de Seres Humanos.
Solo en 2016, el total de víctimas sumó 1.046 personas, según el reporte del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Las cifras revelan un creciente número de mujeres provenientes de Brasil y Colombia.
Asimismo, estadísticas de la ONU agregan que unas 350.000 mujeres ejercen la prostitución en España, uno de los principales mercados de trata de personas del mundo, donde el comercio sexual moviliza unos cinco millones de euros diarios (3.500 millones de pesos), según estimaciones del CITCO.
Ya antes de la crisis humanitaria provocada por la guerra en Siria, donde se enfrentan Estados Unidos, Rusia, Turquía y Francia, entre otras fuerzas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó en 25.000 millones de dólares el negocio de la esclavitud sexual en el planeta.
En América Latina, la situación de mayor riesgo la enfrentan aquellas personas que desean emigrar del Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador. Su vulnerabilidad, por cierto, creció luego de las deportaciones masivas hacia sus países, aplicadas por la administración de Donald Trump, situación que los empuja a buscar formas ilegales de ingreso a Estados Unidos.
«El número de personas con las que se trafica dentro de Estados Unidos es posiblemente cerca de 200 mil», estimó ya en 2013 el Intercommunity Peace & Justice Center (IPJC), cuando aún gobernaba Barack Obama.
Según Unicef, no existen datos específicos sobre víctimas de explotación sexual comercial y trata en América Latina y el Caribe, pero se han hecho estimaciones mundiales que afirman que 1.2 millones de niños y niñas son víctimas de la trata cada año. Además, según ese organismo, aproximadamente ocho de cada diez mujeres que se prostituyen fueron abusadas sexualmente en sus casas cuando eran niñas.
Sin embargo, las estimaciones de la OIT son peores. Para este organismo, sólo en América Latina y el Caribe unas 1,8 millones de personas están en condiciones de trabajo forzoso generando ganancias anuales por 12.000 millones de dólares a quienes los explotan.
De estas cuantiosas ganancias casi un noventa por ciento derivan de la explotación sexual, según la OIT.
En Chile, no existen cifras ni estimaciones fiables de esta situación, pese al aumento de la migración los últimos años.
No obstante, desde la promulgación de la ley sobre el tema el 31 de diciembre de 2015, han sido formalizadas 23 causas por el delito de trata de personas, las que comprenden un total de 193 víctimas, según antecedentes del gobierno de Michelle Bachelet.
De este universo, un total de 53 personas fueron objeto de explotación sexual. De ellas, la totalidad eran mujeres, en su mayoría de origen paraguayo hasta el año 2015, según datos de la Fiscalía.
Las principales bandas, en tanto, cuentan con la participación de chilenos, peruanos y dominicanos, los que por ahora están en su mayoría libres.
