SII |
Indagaciones en torno a las campañas de Frei, Piñera y Bachelet, vinculadas a pagos de los grupos Angelini y Said, entre otros, quedan atadas de mano tras la última decisión del Servicio de Impuestos Internos de no querellarse. «Nos ponen una barrera infranqueable», reconoció Jorge Abbot, fiscal nacional.
Ayer La Tercera reveló que los fiscalizadores de la dirección de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzaron a notificar de «actas de denuncia» a las empresas relacionadas al financimiento irregular de la política.
La situación no es menor porque, en concreto, significa que el Servicio -el único organismo con la capacidad de presentar querellas por delito tributario- abandonó la vía penal para estos casos. Es decir, las faltas serán vistas por los tribunales tributarios, por lo que a lo más terminaran en multas financieras, alejadas de la cárcel.
Desde el Ministerio Público de inmediato levantaron las alarmas: con esto, quedan «atados de manos» a futuras investigaciones ligadas a aristas de los casos Penta y SQM. Estas tienen que ver con financimiento ilegal a las campañas de Piñera, Frei y Bachelet, entre otras, las que no serán indagadas por los fiscales.
Aquí presentamos las claves para entender la polémica decisión.
Decisión del SII afecta a empresas que habrían financiado ilegalmente a Piñera, Frei y Bachelet / Agencia Uno
Cuando estalló el caso Penta, poco a poco comenzaron a aparecer nombres de empresas que ocuparon la misma manera de financiamiento a políticos. Así apareció el caso SQM, que revolvió completamente el panorama político del país.
Hoy son los casos más bullados, con políticos y operadores formalizados. Pero tras las indagaciones del Ministerio Público, seguían apareciendo nombres como Coprbanca, Alsacia o Ripley.
Michel Jorratt, ex director del SII, acusó en su momento al ex ministro de Interior Rodrigo Peñailillo de ejercer presiones para detener las investigaciones con las nuevas empresas que aparecían en el ojo del huracán.
En marzo de 2015, el SII hizo un llamado a la «auto denuncia» a grandes empresas que reconozcan pagos irregulares. Dicha estrategia, continuada por el actual director del servicio Fernando Barraza, permitió conocer el nombres de las empresas beneficiadas y cambió la política del servicio respecto a las platas políticas.
Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos / Agencia Uno
Por ley, es el Servicio de Impuestos Internos quien tiene el monopolio de la acción penal en casos de delitos tributarios.
Esto ha generado una serie de críticas al organismo por su falta de autonomía al decidir en qué casos se querella y en qué casos no. Para el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile Gonzalo Polanco, el SII debe operar por criterios técnicos, pero «sorprende que se actúe con ciertas personas bajo cierto criterio y con otras bajo otro. Con unos se interpone querella criminal y con otros no. Yo tiendo a pensar que por el carácter técnico, se debería actuar igual en todos los casos, pero en estos momento, no hay sustento técnico, pareciera ser que son decisiones políticas».
Tras las críticas al organismo por parecer mirar el color político antes de presentar una acción penal, el servicio desde hace un año que no presenta querellas contra involucrados por casos de financiamiento irregular, ya sean de Chile Vamos o de la Nueva Mayoría. La última fue contra los hijos del senador DC Jorge Pizarro, en el marco del caso SQM.
Al evitar las querellas, las empresas que rectificaron boletas irregulares se evitan que el Ministerio Público siga indagando, aunque esto no afecta aquellos casos ya existentes como Penta y SQM.
Sí se descarta que otras empresas que han incurrido en la misma práctica sean objeto de investigación. «Esto beneficia a las empresas que hicieron aclaraciones, porque pasan de formar parte de una investigación que podía derivar en potenciales irregulares de mayor magnitud a solamente una multa financiera que se paga y asunto arreglado. Tiene un carácter de ‘perdonazo'», explica el director Ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente Pablo Collado.
La lista de empresas beneficiadas revela su importancia, tal como las boletas irregulares por las que están cuestionadas. Quienes más celebran son dentro del grupo Said, ya que las investigaciones de financimiento ilegal había vinculado a inversiones Caburga y Newport, ambas sociedades del grupo que habían rectificado hasta $750 millones de pesos.
Dichos pagos, según una investigación de Ciper, corresponden a diversas figuras del mundo político: el lobbista Enrique Correa, empresas de Sebastián Piñera, el ministro del Tribunal Constitucional Cristián Letelier y el presidente del Senado Andrés Zaldívar.
También aparecen pagos al senador RN Francisco Chahuán, a Karen Chahuán, ex jefa de gabinete del UDI Gustavo Hasbún, al diputado Fuad Chahín (DC), a Gonzalo Fuenzalida (RN) y el ex jefe de campaña de Rojo Edwards.
Otro poderoso grupo que rectificó ante el SII fue Angelini, que pagó más de $1.500 millones por boletas de seis de sus empresas que financiaron a políticos: Celco, Copec, Corpesca, Abastible, Forestal Arauco e Inversiones Siemel.
/ Agencia Uno
Los receptores fueron, entre otros, Giorgio Martelli, el operador político del PPD y principal recaudador de campaña de Michelle Bachelet. Estos pagos habrían sido para financiar a Rodrigo Peñailillo y el grupo que trabajó en la precampaña de la actual presidenta.
A través de Corpesca, además, el grupo Angelini financió al desaforado y formalizado senador UDI Jaime Orpis y a la ex diputada Marta Isasi. Durante la investigación de la caso SQM, se supo que Copec financió al fallecido Adolfo Zaldívar e, indirectamente, al senador Iván Moreira.
Otras empresas que rectificaron pagos irregulares son Ripley, BCI y Watts, ligadas a pagos al ex candidato Laurence Golborne y Corpbanca por pagos Pablo Zalaquett.
Una de las motivaciones del órgano para optar por la vía pecunario y no la penal es que llevando a las empresas a los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) pueden recuperar hasta el 300% de lo defraudado.
Sin embargo, ambas opciones no son excluyentes. «Ir por la vía penal no es incompatible con tratar de recibir o de recaudar los impuestos que no habrían sido entregados, entonces no entiendo la argumentación, lo plantean como si hacen lo uno o lo otro siendo siendo que pueden hacer ambas«, explica Gonzalo Polanco.
«El SII peca con un argumento demasiado técnico y demasiado monetario a un problema que tiene ver con la confianza y la credibilidad de la instituciones. Ahí consideramos que no hay sensibilidad del modelo político que hay en Chile, porque no tiene que ver con que si se pagaron 10 o 20 pesos o si ahora se van a pagar 100, sino con las afectaciones que esto tuvo en marera de hacer política en Chile», asegura Pablo Collado.
Más allá del argumento, continúa Collado, las decisiones de cómo recaudar del SII tienen peso político.
«Si les interesa recaudar, es un contrasnentido que tengan la exclusividad de presentar querellas», afirma el diputado del PC Hugo Gutiérrez.
AgenciaUno.
Apenas se supo la estrategia tomada por el servicio, el Ministerio Público salió al paso criticando la medida y bajando la cabeza: «Si no se querellan, nos ponen una barrera infranqueable», reconoció el Fiscal Nacional Jorge Abbot.
La situación también fue criticada por el fiscal Carlos Gajardo: “El fraude fiscal es un delito muy grave que debe ser de acción pública. Igual que colusión y delitos electorales. Inaceptable que no lo sean”, publicó en su Twitter.
La situación, sin embargo, no es nueva. El mismo jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente dijo en 2015 que «los delitos tributarios, por su gravedad y por afectar al conjunto de la sociedad, deberían ser de acción penal pública y no dejarlos en manos de un organismo administrativo, esto no es una crítica al SII, sino la constatación de hechos y el cuestionamiento a la legislación”.
Hasta ahora, se han presentado dos proyectos de ley para quitarle al SII la exclusividad de presentar querella en casos de delitos tributarios. Una, del diputado Jorge Tarud fue desechada en la comisión de Hacienda de la Cámara. Otra, de los diputados del Frente Amplio Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson todavía duerme en el congreso.
