La Reforma a la Educación Superior entra ahora a una nueva etapa legislativa, tras la aprobación de la idea de legislar ayer lunes 17 de abril en la Cámara de Diputados. Entre los diputados que “facilitaron” dicho voto a favor están Camila Vallejo, Karol Cariola, Gabriel Boric y Giorgio Jackson: ex dirigentes estudiantiles durante las movilizaciones que comenzaron hace más de 10 años.

Bajo tal panorama, los actuales dirigentes de la Confech ya tienen claro qué exigirán, como mínimo, en esta nueva etapa y con qué disposiciones irán a dialogar con el Ministerio de Educación (Mineduc) o con el Parlamento. Por ahora, lo principal es exigir el fin definitivo al lucro y asegurar criterios mínimos de democracia interna para que una institución de educación superior pueda, al menos, existir y recibir aportes estatales -a eso se refieren, en parte, cuando hablan de “Marco Regulatorio”. Además, exigirán no solo el fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) si no la eliminación definitiva de la deuda.

Según afirma Daniel Andrade, presidente Fech y vocero Confech, este proceso parlamentario no estará exento de movilizaciones: “Nuestra fuerza hoy no solo radica en buenos discursos y propuestas, sino también en movilizarse, entonces el sábado (en asamblea Confech) tenemos que ver cómo movilizamos a una generación que no es la misma del 2011”.

Muerte definitiva del lucro

Por ejemplo, el lucro es una de las palabras más utilizadas para criticar el actual modelo educativo desde las masivas e irrepetibles movilizaciones de 2011. Hoy, según explica el vocero Confech y presidente de la Feusach, Patricio Medina, no basta con que éste se castigue con penas remitidas: “Lo básico es que sea delito, no solo en universidades sino también en Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. Hoy el lucro puede tener penas remitidas con solamente multas, y eso no puede ser porque es un daño demasiado grande”.

Desde la Universidad Católica de Chile, Sofía Barahona, afirma que el fin al lucro debe ser un criterio mínimo para que una institución, al menos, exista y reciba fondos basales. “Ya nos ha manifestado el Gobierno que no tienen recursos para fiscalizar a todas las instituciones. Esto demuestra que no es prioridad para el gobierno acabar con el mercado en la educación”, aseguró a El Desconcierto.

En resumen, explica Andrade, se debe acabar con el lucro en todas sus formas, “y con penalización real, no multas que hasta dan espacio para reincidencia”.

Primera marcha estudiantil de 2017, realizada el 11 de abril pasado/ Agencia Uno

¿Cae o no cae el CAE?

La diputada Camila Vallejo se abstuvo durante la votación en la Comisión de Educación pues la Reforma no eliminaría el CAE. Finalmente, el Mineduc se comprometió a establecer un mecanismo que lo elimine, pero no será tan simple: Adriana Delpiano explicó anoche que se tratará de un mecanismo donde se elimina a la banca privada, el interés será mucho más bajo. Es decir, algo como un crédito estatal.

Medina explica que, desde su vereda, proponen un mecanismo que elimine totalmente la deuda, ya sea en forma de CAE u otro préstamo: “Lo primero es eliminar el CAE; luego que venga una etapa transitoria donde podamos acceder a algún fondo solidario. Finalmente, que los recursos financien de forma basal a las instituciones y así financiar la gratuidad, no por glosa presupuestaria como es ahora”.

Sofía Barahona agrega a lo anterior que la actual propuesta de la ministra es, básicamente, igual a una que hizo Sebastián Piñera en su mandato. “Una esperaría que desde la Nueva Mayoría existan ideas un poco más innovadoras”, dice, agregando que “en la práctica el gobierno sigue proponiendo que nos endeudemos. Eso no tiene ningún sentido”.

Que los estudiantes también participen

Actualmente las instituciones educativas no poseen grandes -o simplemente no poseen nada- espacios de participación triestamental: tanto de académicos, como funcionarios y estudiantes. Esto, ya sea en elección de autoridades, reformulación de mallas curriculares, etc.

Los miembros de la Confech explican que dicha democracia interna es otro requisito mínimo para asegurar la educación pública y la existencia de un establecimiento. “Hoy el gobierno propone una especie de Consejo Superior para las universidades estatales compuesto por siete personas, donde cuatro serían representantes del Estado, otros tres académicos y para de contar, cero estudiantes. Eso atenta contra la autonomía universitaria de las comunidades educativas”, explica Daniel Andrade.

Patricio Medina, reprentante de la Universidad de Santiago, añade: “Si se entrega aporte basal a las instituciones, tiene que ser también con el compromiso de implementar gobernanza y administración de las instituciones de forma triestamental”.

Los tres representantes estudiantiles coinciden en tener disposición al diálogo con el Mineduc y el Congreso, siempre y cuando se de manera transparente y bajo un diálogo real.