El Estado es duro con los pequeños delincuentes. No los educa y prefiere enviarlos a cárceles atiborradas de reclusos. Las desigualdades, en medio de la opulencia y publicidad consumista, han ampliado los robos en nuestro país. Mientras el delito recorre las calles, la respuesta que se instala en el país es una suerte de guerra contra los jóvenes delincuentes. Así las cosas, esos jóvenes viven en cárceles infectas, que multiplican su miseria y en un SENAME que sólo sirve para alimentar desesperanzas.

El Estado, en cambio, es complaciente con los delincuentes poderosos. Siempre ha sido así; pero, recientemente, Impuestos Internos (SII), frente a una ciudadanía indignada con el despojo y la corrupción, ha anunciado que no se querellará penalmente contra políticos y empresarios corruptos. Al no hacerlo, revela desprecio a la ciudadanía y complacencia con la delincuencia de cuello y corbata.

La emisión de boletas falsas de políticos a empresas corruptoras que pagaban sus campañas electorales, y eludían impuestos, ha causado conmoción en la opinión pública. La gente decente exige trasparencia y sanciones ejemplares a los responsables y no sólo que devuelvan los impuestos defraudados. Por eso se precisa de juicios penales a corruptores y corrompidos. Sin embargo, el SII ha optado por un mal camino. No querellarse, evidenciando protección a los dueños del país y a quienes los representan políticamente.

No sorprende, entonces, que el robo chico sea considerado grave por el establishment, mientras existe complacencia con el robo grande. Así las cosas, mientras las cárceles se llenan de jóvenes pobres, los delincuentes ricos viven en la impunidad en La Dehesa o en San Damián. Los ricos acumulan riqueza, pero al Estado no le alcanza la plata para construir centros apropiados para educar a los jóvenes delincuentes.

Ricardo Lagos se equivocaba cuando decía: “Hay que dejar que las instituciones funcionen”. Debió decir “Hay que cambiar las instituciones”, empezando por la Constitución, porque funcionan en favor de los ricos y poderosos. Las instituciones del actual sistema económico y político se muestran útiles para el 1% de la población e inservibles para la mayoría nacional. ¡Qué mejor ejemplo que la decisión del SII!

Las coimas de las grandes empresas a parlamentarios exigen sanciones penales. De no ser así la corrupción se extenderá aún más en el país. Por ello la decisión del SII es tan grave. Abre camino al mundo empresarial para seguir financiando campañas electorales de políticos a cambio de protección, incluidas leyes favorables a sus intereses. Además, esa decisión sienta precedente para el sobreseimiento a juicios en curso como, por ejemplo, los casos de Longueira y MEO.

Las instituciones deben ser transformadas en el país, para que ricos y pobres, débiles y poderosos, reciban el mismo trato. No parece razonable que los grandes delitos, que afectan a la mayoría nacional, como la falsedad impositiva, coimas y colusión contra consumidores, no tengan efectivas sanciones penales y, en cambio, el robo de un delincuente menor reciba largos años de cárcel.


Economista