La proliferación de conflictos socioambientales es una realidad cada vez más evidente en Chile. El modelo económico extractivista, basado en las exportaciones de recursos naturales, ha generado un importante deterioro del medioambiente y ecosistemas del país.

Como respuesta al histórico abandono de temáticas ambientales por parte de las cúpulas empresariales e institucionales, han sido distintas organizaciones de la sociedad civil las que han impulsado, por lo general, el denominado lobby verde en Chile.

El Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), fundado a fines de la década de los ’60 es la organización ambiental más antigua del país. A la cual se fueron sumando diversas organizaciones y personas que dieron forma al “Green Set” nacional, tales como Ancient Forest International (AFI); nexo para la llegada de Douglas Tompkins a Chile, el Instituto de Ecología Política (IEP); fundado por Manuel Baquedano, así como Defensores del Bosque Chileno; organización encabezada en sus inicios por Adriana Hoffmann, quien fuese directora de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y reconocida en 1997 por Naciones Unidas como una de las veinticinco líderes medioambientales de la década.

Si bien hoy son las comunidades locales las que han logrado visibilizar una serie de conflictos ambientales que afectan a ciudadanos en distintas zonas del país, las ONG ambientales siguen siendo un actor relevante a la hora de integrar en la agenda pública temáticas de sustentabilidad y contrarrestar el lobby empresarial-industrial, logrando impedir el desarrollo de determinados proyectos, así como involucrar a la sociedad en los desafíos ambientales que enfrenta el país.

A continuación presentamos un breve resumen con las principales figuras del lobby verde nacional:

Juan Carlos Cárdenas (Ecoceanos)

Juan Carlos Cárdenas es veterinario y director ejecutivo del grupo de protección marina Centro Ecocéanos. Durante cerca de 40 años ha liderado actividades de investigación, conservación y activismo en Chile y a nivel internacional sobre biodiversidad marina y mamíferos marinos.

Hoy su principal foco de atención se centra en corregir la regulación ambiental y sanitaria de la industria salmonera y sobre el peligro social que supone para la Región de Magallanes la llegada de dicha industria bajo los métodos de producción actuales.

De acuerdo a Cárdenas las crisis sanitarias, ambientales y sociales vividas entre 2007 y 2010 por la llegada del virus Isa, así como la experimentada en Chiloé por la floración de algas nocivas, exponen la visión que tiene esta industria sobre el mar, en donde la alta densidad de salmones en las jaulas de cultivo, el vertimiento de pellets al mar, los desechos orgánicos de los salmones y la gran cantidad de antibióticos que se les suministra, genera en el ambiente un desequilibrio con efectos negativos para los ecosistemas y economías locales.

Flavia Liberona (Fundación Terram)

Licenciada en Ciencias Biológicas, Flavia se ha desempeñado en diversas redes de trabajo que abordan temas como bosque nativo, institucionalidad ambiental, biodiversidad, transgénicos, entre otros. Fue miembro del Consejo Consultivo de CONAMA y del Consejo Consultivo de la Ley de Recuperación y Fomento del Bosque Nativo.

Desde el año 2007 es directora ejecutiva de Fundación Terram y ha dirigido campañas en líneas temáticas tales como, cambio climático, contaminación atmosférica, energía y biodiversidad.

Una de las principales problemáticas abordadas por Liberona en el último tiempo han sido las denominadas zonas de sacrificio ambiental, definidas como hábitats de alta concentración industrial, conformados principalmente por fundiciones o plantas termoeléctricas operadas en base a carbón que generan graves consecuencias para la salud de sus habitantes.

Juan Pablo Orrego (Ecosistemas)

Músico (fue bajista de la banda Los Blops) y ecologista (Magíster en Estudios del Medio Ambiente con mención en ecología y antropología), Orrego encabezó en la década de los 90 el grupo de Acción por el Biobío, cuyo principal foco de trabajo fue impedir que Endesa construyera las controvertidas centrales hidroeléctricas Pangue y Ralco.

Actualmente Orrego es presidente de la ONG Ecosistemas, grupo que tuvo un rol destacado en la campaña Patagonia Sin Represas para el rechazo de las centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua de la región de Aysén, y que actualmente busca frenar otros proyectos hidroeléctricos como Alto Maipo y dos centrales de pasada en Altos de Achibueno (Linares).

Para Orrego, los conflictos ambientales que enfrenta el país son evidencia de la necesidad de una renovación drástica en el sistema, con enfoque ecológico real, poniendo a la naturaleza en el centro de la discusión. Agregando que “la legislación ambiental chilena tiene una carencia de conceptos básicos. No hay una compresión real de cómo funcionan los ecosistemas en nuestro país, no hay todavía leyes de protección de cuencas, ni planes integrados de manejo de cuencas hidrográficas, que es algo bastante insólito”.

Rodrigo Mundaca (Modatima)

Ingeniero Agrónomo y Vocero del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (Modatima), organización que denunció el conflicto de acceso al agua en la provincia de Petorca y otras comunidades rurales del país, ha tomado gran notoriedad mediática en el último mes debido a las amenazas de muerte que sufrió tras el boicot a la palta chilena por parte de supermercados daneses como consecuencia de las denuncias realizada por Modatima.

Durante el último tiempo Mundaca ha sido uno de los principales críticos y activista sobre la forma en que el Gobierno lleva la discusión sobre el acceso al agua potable en el país.

Para el agrónomo en Chile existe un problema estructural hace más de 35 años, iniciado en la Constitución el 80 la cual consagra la propiedad privada de las aguas, se separa la propiedad del agua del domino de la tierra, dando origen al mercado de la aguas.

De acuerdo a Mundaca “es necesario hacer del agua un bien común y un derecho humano, ya que el principal propósito del agua es salvaguardar la vida para consumo humano y vegetacional que son el sustento real de las comunidades”.

Lucio Cuenca (OLCA)

Abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca ha estado al frente de la asesoría de comunidades en conflicto, con el objetivo de potenciar sus capacidades de gestión a favor de sus derechos ambientales, realizando un seguimiento de distintos conflictos ambientales que existen en el país.

Para Lucio, la agenda extractivista de desarrollo ha tensionando las relaciones en muchos lugares de Chile, lo que ha llevado a la judicialización de la mayoría de los grandes proyectos de inversión. En este sentido Cuenca señala que “la paradoja de todo esto, es que se habla peyorativamente de la judicialización, cuando lo que está ocurriendo es que la gente está haciendo uso de instrumentos y de la institucionalidad que tiene el Estado, por lo que no debería llamar a preocupación que se dé esa situación.

Sara Larraín (Chile Sustentable)

Es una de las caras más reconocibles del activismo ambiental y el desarrollo sustentable en nuestro país. Sara Larraín Ruiz-Tagle es pedagoga de artes plásticas y cuenta con una destacada trayectoria en grupos ecologistas, lo que incluso la llevó a presentarse como candidata a la Presidencia de la República en 1999.

En la actualidad, Larraín se desempeña como directora ejecutiva de Chile Sustentable, organización de la cual es miembro desde 1997 y que busca influir en el diseño de políticas e impulsar la participación ciudadana. Durante los últimos años, uno de sus principales foco de trabajo ha sido el seguimiento de la reforma al código de aguas impulsada por el actual gobierno.

En declaraciones emitidas esta semana, Larraín señaló que “El gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios” en referencia a las ultimas indicaciones promovidas por el Ministerio de Hacienda para el proyecto de reforma que se encuentra en el Senado. Agregando que “la idea original de este proyecto era garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial”.

A ellos se suman organizaciones que trabajan en áreas de justicia ambiental como la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), encabezada por Ezio Costa, y otras como Greenpeace (Matías Asún) y Orca Chile (Zico Henriquez).