Camila Vallejo por concesión a Aguas Andinas: «Yo revisaría si corresponde darle continuidad o no»

La diputada comunista Camila Vallejo se refirió al problema de abastecimiento en el suministro de agua potable en la Región Metropolitana, que ha sufrido cortes masivos durante al menos tres veces en el último año, despertando diversos cuestionamientos sobre los planes de inversión de la empresa para prevenir estas situaciones. 

Según consigna El Mostrador, la parlamentaria recalcó que «yo evaluaría, y lo digo con toda responsabilidad, no se trata si el Estado administra mejor o si el privado administra mejor, superando ese debate que puede ser ideológico, o en relación con elementos d­­­e­­ experiencia concreta: la concesión de Aguas Andinas, yo revisaría si corresponde darle continuidad o no».

Además, Vallejo argumentó que la empresa, según datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ha tenido más de 18 multas desde 2010 a la fecha. «La mayoría relacionadas con cortes o mala calidad del servicio. Entonces, el fin último, que es cumplir con las obligaciones y deberes de una concesión, que tiene que ver con la provisión de agua potable, no se está cumpliendo. Llueve un poquito y se corta el agua y tenemos turbiedad que muchos relacionan con el proyecto Alto Maipo», acotó. 

Por otra parte, la diputada del PC manifestó que, más allá de eso, «las millonarias utilidades de la empresa no se reflejan en un plan de inversión. La última venta que se hizo de las acciones del Estado, en el Gobierno de Sebastián Piñera, a privados, supuestamente iban para mejorar el servicio, para incentivar la inversión, y eso no se hizo. Lo estamos viendo concretamente».

Por último, Camila Vallejo recalcó que los privados deben respetar ciertas exigencias, porque administran un servicio público fundamental, como es el abastecimiento de agua potable de toda una región.

«Por lo tanto, la ley ya le da responsabilidades y, ante el incumplimiento, hay multas. Uno puede decir si son suficientes o no son suficientes. Pero las reglas del juego están fijadas y hay mandato para cumplir con eso. Pero lleva seis años de incumplimientos. Una política pública, frente a algo que no se está cumpliendo, sería revisar, y evaluar la posibilidad de quitarle la administración», cerró.