Antes de realizar el diagnóstico pertinente a la problemática de la salud en nuestro país, es necesario poder hacer una breve revisión global del sistema político y económico chileno, ya que los problemas que hoy vivimos por la precariedad de la salud en el sistema público y el negocio en el área es una particularidad de nuestro sistema neoliberal. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema neoliberal se ha basado teórica e ideológicamente en algunas ideas claves. La primera es que existe incapacidad por parte del Estado para poder ejecutar y otorgar diversos derechos sociales, por lo cual los privados deberán hacerse cargo de lo que el servicio público no puede realizar. Otra consiste en el desarme del sistema público que vaya a justificar las acciones del primer tipo. Así, se conforma un estado subsidiario que se hará cargo del sistema sólo cuándo sea necesario (cuando se genere alguna crisis), dejando casi todo en mano de los privados, otorgándole además financiamiento que aumenta sus utilidades. Otra idea clave que se ha impuesto ideológicamente es “la libertad de elegir” si se quiere estar en el sistema público o privado, cuestión claramente refutable. Así ha ocurrido con derechos colectivos como la educación y la previsión social, y fuera de la poca moral que quizás pudiéramos esperar de los gobernantes: la salud.

El sistema de salud chileno se divide en dos subsistemas. Uno es privado y accede una minoría de la población, con capacidades monetarias para poder pagarla. El otro es público y en él se atiende casi el 80% de la población, dónde menos de la mitad de los médicos trabaja y se encuentra saturado por la falta de recursos humanos y materiales.

La salud es entendida convencionalmente como el “completo bienestar físico, psicológico y social”, según ha conceptualizado la OMS (Organización Mundial de la Salud). Concepto utópico, que bordea en una línea entre el malestar y el bienestar, encontrándose la mayoría de nuestro pueblo más cerca del primero. Y es porque a veces nos hemos centrado en las concepciones etiológicas (la causa biológica) de las enfermedades (claramente sin dejar de ser importantes y evidentes), olvidando que son las causas sociales en el fondo, grandes causantes de estas, aunque no como la cadena ortodoxa del surgimiento de la enfermedad que se nos ha instaurado. Y con estas causas sociales me refiero, en parte, a los determinantes sociales de la salud.

Porque en este sistema quien es pobre está condenado a enfermar constantemente, de enfermedades distintas a quienes viven cómodamente, a acceder a una peor cobertura en salud. Si eres niño y anciano la situación es perjudicial. Si eres mujer aún peor.

Factores económicos, como la incapacidad de poder sacar dinero del bolsillo para financiar los medicamentos (nuestro país tiene el gasto de bolsillo en salud más alto de la OCDE), de poder pagar una consulta a un especialista cuando tienes que esperar en el sistema público, de poder alimentarse mejor y tener acceso a una vivienda seca y calefaccionada. Factores ambientales, como tener que vivir en la periferia, no tener acceso a una buena calidad de agua, encontrarse cerca de contaminantes industriales que predisponen más a enfermarse a niños y ancianos. Factores sociales y laborales, como tener que trabajar largas jornadas bajo paupérrimas condiciones, con una gran parte de la sociedad viviendo con el miedo de si podrá o no llegar a fin de mes.

Con estos datos se quiere dar a entender la multiplicidad de factores que afectan a la salud de nuestra población, y también dar a entender una idea que dio a entender muy bien Salvador Allende en uno de sus discursos: “a mayor pobreza, mayor enfermedad y a mayor enfermedad, mayor pobreza”.

Nuestra población está más cerca de la salud que la enfermedad, y el sistema tampoco se hace cargo. Como bien escuche decir a un profesor de salud pública de mi facultad, este pareciera más un “sistema que de la enfermedad” que, de la salud, si no estaría enfocado en promocionar y promover la salud en vez de tener que hacerse cargo de las consecuencias de una vida insalubre. Y para ser contundente, a ciertos sectores les beneficia la población enferma, porque esto mejora sus utilidades.

Pareciera inaudito que el 80% de la población tenga que atenderse en un sistema público desmembrado, crítico, mientras otra minoría tiene una atención de hotelería.

La privatización de la salud en Chile

“Utilidades de isapres bordean los $50 mil millones y suben 54% respecto de 2015″. Así decía un titular de La Tercera hace no más de dos semanas (29 de marzo del 2017). “Cifras, que excluyen a Masvida, se explican por incremento de afiliados y reajuste de prima GES. Desde el gremio advierten que situación financiera es ‘más débil que hace 10 años'”, añadía la bajada del artículo.

Como habíamos dicho, el actual sistema de salud en Chile se basa en la idea de un estado subsidiario. Este sistema fue impuesto en dictadura durante los años ’80 y se concretizó en algunas acciones como lo fue la creación de las isapres (instituto de salud previsional) a través del Decreto con Fuerza de Ley 3, creado el 27 de abril de 1981. La expansión de las isapres se sostuvo en parte entre 1986 y el 2002, a través de un subsidio del 2% de los ingresos de los afiliados que tenían rentas inferiores al valor de las primas. Entre 1990 y el 2004, las isapres recibieron por esto 534 millones de dólares.

Las isapres, al igual que Fonasa, administran el 7% de las cotizaciones de cada persona para otorgar las prestaciones de salud que esta solicite que la isapre determina. Existen también cotizaciones voluntarias para mejorar el servicio. Funciona con planes, otorgando mejores prestaciones y precios a quienes coticen más dinero. Aquí ya empieza a partir una larga lista de prácticas discriminatorias y además inconstitucionales.

Las isapres, además de ofrecer los mejores planes a quienes tienen mayor capacidad de pago, también discriminan según edad, sexo y preexistencias (enfermedades crónicas entre otras), aumentando el precio de los planes de salud a quienes estén más propensos a enfermar. Esto lo realiza a través de las llamadas tablas de siniestralidad, las cuales fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en el 2010, nadie se ha hecho cargo de este fallo desde entonces.

Las isapres no actúan por si solas, lo hacen través de un concepto denominado “Integración Vertical”. Durante un tiempo, diversas isapres y redes de prestadoras de servicios (clínicas entre otros) llevaban un mismo RUT, puesto que eran las mismas personas dueñas de todo el consorcio, esto se declaró ilegal, sin embargo, siguieron funcionando a través de RUT distintos. Es así como existen grandes conglomerados–holdings de salud, destacando algunos como:

Empresas Banmedica, controlado por Fernandez-León, quién también pertenece al consorcio Entel y empresas del Grupo Penta (Carlos Delano y Carlos Lavin), participantes de otras actividades financieras como el Banco Penta y la Universidad del Desarrollo, son dueñas de las isapres Banmedica S.A. y Vida Tres, controlando el 26% del mercado. El holding incluye clínicas como la Santa Maria, Davila y Biobio, entre otras. Cámara Chilena de la Construcción: a través de las inversiones de ILC controla Isapre ConSalud. Participantes también de la AFP Habitat. Red de prestadores como MegaSalud y una gran red de clínicas. Cruz Blanca, controlada por el grupo Said, quien el primer trimestre del 2016 liderara el ranking de riqueza en nuestro país, parte de las compañías Embotelladora Andina, BBVA y Parque Arauco y el grupo BUPA-Sanitas, gigante de la salud que opera en más de 191 países.

Cabe destacar que la mayor parte de las ganancias no van a las isapres como tal, sino a las clínicas del holding, que además perciben ingresos por traspaso de fondos públicos como por la compra de servicios. Las utilidades del holding Banmedica durante el 2013 llegaron a los $48.702 millones, de los cuales 15 mil millones corresponden a las isapre del grupo y 27 mil millones a las utilidades de las clínicas.

A través de la modalidad de libre elección y la compra de servicios (también a través del GES) se han traspasado grandes cifras de dinero público a diversas empresas prestadoras.

Es imperioso que las isapres y todos los consorcios se exterminen de nuestro sistema de salud y se dejen de percibir ganancias por un derecho social fundamental.

Hay que avanzar hacia un sistema con perspectivas de un fondo solidario, donde todos coticen en el mismo fondo, sin discriminar por bolsillo. Un sistema donde los recursos fiscales no se entreguen privados y se inviertan en la salud pública.

Aún queda bastante por discutir y reflexionar acerca del sistema y la salud que queremos. Avanzar en el control de nuestras comunidades de su propia salud (como lo hacen espacios como la Mesa Territorial de la salud de Talcahuano), una salud que integre otras visiones de salud, así como también se haga cargo de la salud mental y oral, entre muchas otras cosas.

Queda la invitación a participar del Movimiento Salud para Todas y Todas para aportar nuestro grano de arena en esta lucha. ¡A 36 años de la creación de una burla para nuestro pueblo, actuemos! ¡Por una nueva salud para una nueva sociedad!


Estudiante de Medicina U. de Concepción