Según denuncia la organización, las leyes mantienen el rol central del Simce, incrementado incluso después de la creación de la Agencia de la Calidad.

Este año, todos los resultados del Simce serán entregados de forma simultánea. Sin embargo, aún no se discute sobre el rol del Simce en el sistema y la situación de agobio escolar que se genera por las leyes a las que está vinculado.

Carlos Henríquez, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad, ha declarado la existencia de un Nuevo Sistema de Evaluación. En una comunicación pública señala que “después de 28 años de sólo Simce, tenemos un sistema evaluativo más equilibrado y amplio, más comprehensivo, coherente y diverso en instrumentos para diferentes propósitos”.

Pero algo no calza. El Simce se usa hoy –por ley- para hacer competir a las escuelas, y cerrarlas o repartirles dinero a sus docentes. Los resultados de la prueba pesan un 73,3% de la ponderación asociada a la clasificación de escuelas que elabora la Agencia de la Calidad para determinar las escuelas que podrán cerrar. También representan un 65% de la ponderación del ranking que elabora el Ministerio de Educación para repartir bonos salariales a los docentes.

El Simce también representa un 70% del índice que clasifica el desempeño de los establecimientos con subvención escolar preferencial. Por lo tanto, el sistema obliga a las escuelas a competir para que no las cierren, para tener mejores sueldos, o para ser menos intervenidas y agobiadas.

Paulina Contreras, vocera de la Campaña Alto al Simce, señala que “se le ha hecho una cirugía estética a la presión por obtener buenos SIMCE. Mientras se pide a los medios que no hagan ranking -algunos lo hacen de todas formas- la Agencia clasifica a las escuelas según su nivel de desempeño”.

Foto: Agencia Uno

No solo las leyes contradicen lo que dice la Agencia de la Calidad, también hay otros indicios respecto al rol de la prueba estandarizada en el sistema. Un informe encargado por el Ministerio de Educación (Mineduc) señalaba que los sostenedores se veían complicados con las exigencias del Simce. Planteaban que el Mineduc “exige resultados muy altos en SIMCE, entonces el sistema los empuja a contratar un servicio ATE para responder a los resultados exigidos”.

El estudio concluye que “los establecimientos que reciben subvención estatal están fuertemente presionados por el logro de resultados de aprendizaje medidos en la prueba SIMCE. La política SEP añade mayor peso a esta presión, ya que condiciona la entrega de recursos a puntajes de la prueba.

Bajo este escenario, las escuelas pueden verse envueltas en procesos donde se emprenden iniciativas que responden a una necesidad procedimental y/o política de corto plazo y no aportan al proceso de mejora pedagógica integral de la escuela”.

Teresa Florez, académica de la Universidad de Chile, doctora en educación de la Universidad de Oxford y experta en evaluación, critica el ambiente de la política que rodea al Simce, pues impide cualquier intención formativa que pueda hacer la Agencia de la Calidad con la evaluación.

“Mientras persista el contexto de políticas que rodean al SIMCE y ejercen presión sobre las escuelas, difícilmente la Agencia podrá cumplir con el propósito formativo y de apoyo pedagógico que señala estar promoviendo actualmente”, sentenció.

Ivan Salinas, académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, señala que la presión es un problema que no resolverá la Agencia de la Calidad. “Sin cambios en las leyes que usan el SIMCE para presionar a las escuelas, difícilmente veremos algún cambio”.

Salinas también apunta a la poca transparencia con que la Agencia de la Calidad se dirige a las escuelas. “Las escuelas reciben un mensaje engañoso, pues por un lado la Agencia les dice que el SIMCE no importa, y por otro la ley –que manda a la Agencia- les dice que si no suben el SIMCE serán castigadas, o intervenidas. Hay un mensaje contradictorio”.