La Superintendencia de Educación lanzó hace dos días una circular con orientaciones relacionadas a la inclusión de los escolares transexuales en Chile. Sin embargo, el documento causó “preocupación” en los obispos, quienes aseguran que no fue consultado. 

La circular 0768 se titula “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación” y está firmado por el superintendente Alexis Ramírez, según consigna El Mercurio

Entre los derechos que les asisten, está el de “expresar la identidad de género propia y su orientación sexual”, para lo cual su apoderado podrá solicitar el reconocimiento al colegio. De este modo, las autoridades podrán instruir a los profesores para que usen el nombre social del menor, relacionado con su respectiva identidad de género. Sin embargo, los documentos oficiales mantienen su identidad legal. 

Otro de los aspectos que aborda el documento es el uso de los baños, estipulando que “se deberán dar las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans para el uso de baños y duchas (…), respetando su identidad de género”. Esto implica fijar horarios diferenciados para el uso de duchas.

Desde la superitendencia aclararon que, aunque la circular ya es obligatoria para todos los colegios, hay una fase de acompañamiento para enfrentar la tarea. El último párrafo de la normativa señala también que su incumplimiento constituye “una infracción que será sancionada en el procedimiento administrativo”.

Luego de finalizar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, en Punta de Tralca, el obispo de San Bernardo, monseñor Juan Ignacio González, apuntó sus críticas a la circular, asegurando que “impone por la vía administrativa a todos los colegios de Chile una serie de prácticas que ni siquiera están aprobadas por la ley”. 

En tanto, el presidente del Área de Educación del Episcopado, monseñor Héctor Vargas, calificó la normativa como “preocupante” y agregó que “fue totalmente inconsulta. Nunca se conversó con los colegios. No hubo posibilidades de reflexionar sobre el tema”.

Además, argumentó que es “inaceptable esta metodología que instala temas al interior de la comunidad educativa de manera taxativa y con un lenguaje sancionatorio”. Por su parte, la superintendencia aseguró en 2015 convocó a mesas de diálogo en establecimientos públicos, subvencionados y particulares para discutir sobre el tema.