La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, ofreció una conferencia de prensa para entregar las impresiones preliminares de su misión a oficial a Chile para conocer en terreno el estado de la implementación de este derecho, la que incluyó actividades en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco y Antofagasta, sosteniendo reuniones con autoridades, organizaciones y afectados durante los diez días que consideró su visita.

Farha fue destacó entre sus principales conclusiones, que “es claro que en Chile, desde la dictadura hasta ahora, la vivienda es vista básicamente entendida como un commodity y no como un derecho humano. Es esto lo que hay que cambiar de modo urgente. La commodificación de la vivienda […] tiene importantes efectos sobre los grupos vulnerables, generando una realidad segregada en Chile donde los ricos y pobres no se mezclan. Es esta prominencia de una industria de la construcción e inmobiliaria, la que produce desplazamientos a ghettos”, sostuvo.

“Esta discriminación socioeconómica que se ha mezclado además con la migración, que ha tenido un aumento del 200% aumento en los últimos años. He escuchado historias muy conmovedoras, sobre las situaciones a las que se ven expuestos para poder acceder a una vivienda. Además enfrentan un tratamiento discriminatorio, basado en estereotipos y estigmatización, algo similar a lo que experimentan y ocurre con los pueblos indígenas”. A modo de ejemplo citó el caso del vertedero Boyeco en Temuco, construido en forma colindante a comunidades mapuche que vive en esos terrenos, por decisión municipal. “Los trataron como desechos”, destacó.

Entre las poblaciones vulnerables, la relatora se refirió también a la población en situación de calle, “quienes no se ven como poseedores de derechos, como es el derecho a acceder a una vivienda, sino como destinatario asistencia en condición de indigencia”. En la misma línea, se refirió a la situación de campamentos y asentamientos humanos, como Arenales en Antofagasta o en la periferia de Viña del Mar, donde no hay acceso a servicios básicos, como luz y agua, no acceso a programas sociales de ninguna naturaleza”.

En cuanto a las recomendaciones, Farha destacó entre los cambios estructurales urgentes, una reforma constitucional que incorpore el derecho a la vivienda y los DESC de acuerdo a los estándares internacionales. Asimismo, que esta reconozca a los pueblos indígenas, y su condición de tenedores de derechos humanos particulares”.

José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, relevó de las observaciones de la Relatora precisamente este aspecto Especial, señalando que “este derecho al que Chile se comprometió a dar cumplimiento al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, no solo no se encuentra protegido jurídicamente, sino tampoco en su política pública”.

Aylwin destaca también que si bien se valora como aspecto positivo los recursos destinados al sector vivienda en las últimas dos décadas, “la Relatora cuestiona el que lo haga desde una perspectiva de mercado y no de derecho humanos. También rescata el elevado porcentaje de propietarios de vivienda. Sin embargo, identifica aspectos muy preocupantes en relación al acceso de la población a la vivienda adecuada, incluyendo cuestiones como la ubicación de las viviendas, para sectores pobres, lo que genera marginación. Además del déficit que existe en garantizar el acceso a los servicios e infraestructura de vivienda para los mismos sectores”.

Aylwin también se refirió al llamado de atención de la Relatora sobre la situación de discriminación que afecta a la población migrante, “la que no puede acceder a los programas habitaciones del estado y se encuentra viviendo en campamentos donde viven cotidianamente la violencia”.

Finalmente, otra situación que preocupa “y que pudimos observar durante su visita a Temuco, es la de los problemas asociados a la falta de pertinencia cultural de los programas de vivienda para la población mapuche, la de la limitantes en el acceso a la vivienda generados por la falta de seguridad en la población mapuche en la tenencia de la tierra. En relación a la población mapuche, también preocupa a la Relatora la masividad del problema de la falta de acceso al agua potable que la población rural de la Araucanía, en su mayoría mapuche, como consecuencia de los impactos de las plantaciones forestales apoyadas económicamente por el Estado. También la operación de vertederos como Boyeco en tierras de comunidades mapuche”, añadió.

“Todo lo anterior debería llevar al Estado, y a los órganos legisladores, a reconocer y proteger de un modo efectivo este derecho humano fundamental, terminando con la visión de mercado que hasta ahora ha prevalecido en materia de vivienda, haciéndolo exigible como tal. También debería llevar a un rediseño su política de vivienda, para asegurar el acceso efectivo a la vivienda y a los servicios asociados por parte de los sectores hasta ahora excluidos”, concluyó Aylwin.

Informe de conclusiones preliminares de la Relatora Especial, disponible aquí.