1° de mayo: Huelga, sindicato y negociación colectiva

Dentro de los principales objetivos del actual gobierno se encontraba realizar reformas en los ámbitos constitucional, educativo y tributario. Poco tiempo después, se incorporó la llamada Reforma Laboral. En el contexto de un nuevo primero de mayo, nos detendremos sobre este último tema y realizaremos algunas observaciones puntuales a ciertos aspectos que resultan clarificadores al lado de la propaganda empresarial que denominó a la Ley 20.940 -o reforma laboral- como una “reforma sindical”, lo cual a la luz de los resultados de la norma no resulta ser más que un mal chiste.

Mucho se comentó durante la tramitación de la ley acerca de los servicios mínimos. El discurso del gobierno se basó en eufemismos que buscaban señalar que “ahora sí” la huelga será reconocida como un derecho fundamental, esto debido al supuesto fin del reemplazo en huelga, pero como aún vivimos en el país de “en la medida de lo posible” aparecen las adecuaciones necesarias y los servicios mínimos, como dos herramientas que le dan tranquilidad a los empleadores. Lo anterior se justifica en el hecho de que, si un sindicato no provee los equipos para la ejecución de los servicios mínimos solicitados por el empleador, este tiene la facultad de “adoptar las medidas necesarias para ejecutarlos” incluso si esto implica la contratación de trabajadores. Es decir, la huelga realmente no paraliza, además de esto podemos hablar de la consideración de práctica desleal por parte de los trabajadores, donde se incorporan cuestiones como el “uso de fuerza física o moral en las personas” o “evitar el ingreso a la empresa a los no huelguistas”, con esto, las actuales huelgas de challas y plumeros, pasarán a ser huelgas de mimos. En definitiva, considerando que, de los sindicatos existentes en Chile, alrededor del 50% tiene 40 o menos socios, el hecho de prescindir de algunos de ellos al momento de la huelga para proveer los servicios mínimos, es algo que afecta directamente el desarrollo del conflicto y debilita a la parte sindical.

Hoy en día existen más de 11.400 organizaciones sindicales activas, un número bastante elevado si se contrasta con la escuálida tasa de sindicalización que no supera el 15%, es decir, de 100 trabajadores que se podrían organizar en sindicato, menos de 15 lo hacen. Por otro lado, en más del 80% de las empresas de 10 o más trabajadores nunca ha existido un sindicato, según lo reportado por las propias empresas en la pasada encuesta ENCLA 2014. Con la reforma, no existen garantías de que los sindicatos se verán fortalecidos, menos aún cuando su ámbito de acción seguirá circunscrito al nivel de empresa.

En línea con lo anterior, podemos revisar qué ocurre en materia de negociación colectiva, donde sigue primando el principio de base del plan laboral creado por José Piñera en 1979, es decir, están restringidos al nivel de empresa. La vergonzosa cobertura de negociación colectiva en Chile, está muy por debajo de los niveles que alcanzan famosos países de la OCDE como Alemania, Holanda y Noruega con coberturas de 59%, 81% y 70% respectivamente. La posibilidad de negociar colectivamente a nivel sectorial es solo viable para aquellas organizaciones sindicales que logran imponerla mediante los hechos, de todos modos, este pareciera ser el camino a seguir, constituir organizaciones, movilizaciones y acciones por fuera de lo que el marco legal en materia laboral establece.

Las principales normativas laborales chilenas surgieron a inicios del siglo XX y estuvieron marcadas por fuertes movilizaciones de trabajadores. Nada ha sido regalado para el mundo del trabajo, esa es su realidad en un ambiente donde el afán por acumular y expandir el capital marca la pauta. La autonomía de las organizaciones de trabajadores y el reconocimiento de sus diversas formas, es un aspecto clave para construir democracia y derechos, ambos conceptos que tienen una histórica e íntima relación con el mundo del trabajo y las clases populares, quienes, en el tránsito por la búsqueda de mejores condiciones de vida, han ido enfrentando conflictos y moldeando los principios que las sociedades esperan alcanzar.

El panorama político y económico de las últimas décadas ha ido desarrollando sus propias contradicciones, a partir de lo cual se puede observar como ante la hiperregulación del conflicto laboral y las profundas desigualdades sociales han ido surgiendo referentes y expresiones populares que apuntan a los puntos críticos del modelo, todo esto ha ido cimentando los pies sobre los que los trabajadores pretenden avanzar. Del mismo modo se ha traducido en experiencias de trabajadores que se organizan y desarrollan sus conflictos laborales fuera del marco legal, con un fuerte grado de unidad y convicción en lo justo de sus demandas. De cara a un nuevo día del trabajador y trabajadora se puede invitar a reflexionar en que, más que un gobierno ideal por cuatro años, pareciera que para quienes trabajan resulta necesario profundizar las estrategias de organización y desarrollo de una conciencia de colectividad que transcienda los gobiernos y construya caminos emancipatorios.

Lo anterior es una tarea que siempre ha estado en marcha y que busca irrumpir desde la resistencia ideológica hacia la propuesta de ideas y construcción orgánica, esto podría explicar porque la ofensiva contra las AFP ha estado liderada por organizaciones sindicales y ha logrado proponer un modelo alternativo, o la razón por la cual las organizaciones sindicales que han negociado por fuera del marco legal han logrado también edificar normas laborales o consolidar mínimos grados de derechos, como el caso de los portuarios o subcontratados del cobre.

La crisis de la Central Unitaria de Trabajadores, no es una crisis terminal para la necesaria existencia de una organización colectiva nacional de los trabajadores, sino que es una oportunidad para poner sobre la mesa la urgencia de que quienes producen la riqueza tengan el protagonismo que es necesario en el desarrollo del país, sin la intervención de la burocracia estatal o del empresariado, para que de esta forma se puedan aproximar al legítimo goce de los frutos de su trabajo, en lugar de vivir altamente endeudados y con bajos salarios, sabiendo además que al final de su vida activa obtendrán pensiones miserables.