Por años los docentes chilenos hemos luchado contra el actual sistema de municipalización de la enseñanza impuesto en dictadura. Desde 1990, es decir hace 27 años, hemos sido testigos de cómo los gobiernos “democráticos” han sido incapaces de terminar con el modelo ideado por Pinochet para administrar la educación pública en nuestro país.

La gran demanda del profesorado ha sido una sola: desde décadas exigimos que la educación vuelva al Estado. Necesitamos terminar con la injerencia de los alcaldes en educación y esto debe significar que el Ministerio asuma un papel determinante que permita fortalecer la educación pública nacional.

Actualmente se está discutiendo en el Congreso el proyecto de ley conocido como “Nueva Educación Pública” o “desmunicipalización”, pero dicho proyecto ha generado muchas críticas y cuestionamientos pues para los docentes chilenos su articulado no responde a las necesidades de desarrollo y fortalecimiento de la educación pública. De hecho en su asamblea nacional, celebrada en enero pasado, el Colegio de Profesores rechazó, en forma unánime, el proyecto presentado por el gobierno. Ni un solo dirigente del país salió en defensa de este proyecto, ni siquiera aquellos dirigentes que militan en los partidos de la Nueva Mayoría fueron capaces de defender el modelo de desmunicipalización presentado por su gobierno. Esto da cuenta de lo deficiente que es la propuesta gubernamental y del engaño que se pretende imponer anunciando un “nueva” educación pública, pero enviando un articulado que mantiene intacto muchos de los pilares del modelo creado en dictadura.

Estas son algunas de las críticas planteadas por el Observatorio de Políticas Educativas de Chile, Opech (organismo dependiente de la Universidad de Chile) y por los docentes respecto a este deficiente proyecto presentado por el gobierno:

1. No se fortalece ni articula la educación pública:

-Se crea la Dirección de Educación Pública “dependiente” del Ministerio de Educación, pero el Estado no administra la educación pública directamente.

-No existe en el articulado un nuevo proyecto educativo para la educación pública: se mantiene definición de calidad según estándares y mediciones sesgadas, mantiene currículo academicista, fragmentado y sin pertinencia para las mayorías populares.

-No existe un sistema nacional, articulado, de educación pública estatal.

-Se mantiene la lógica de sostenedores actualmente vigente (artículo 11): los directores ejecutivos de los servicios locales serán los nuevos sostenedores, los que competirán con los sostenedores privados por los recursos del estado.

-No existen nuevas medidas reales, concretas y efectivas para fortalecer la matrícula pública.

-No existe un plan nacional de apertura de escuelas y liceos públicos.

-Se mantiene la igualdad de trato por parte del Estado hacia las escuelas públicas y privadas.

-El artículo 12, letra K, otorga atribución a los servicios locales de educación para “determinar la apertura, fusión o cierre de establecimientos educacionales”.

-Se mantiene intacto el sistema de financiamiento actualmente vigente por subvención a la demanda, continuando con esto la actual competencia entre escuelas públicas y privadas.

2. No se desmercantiliza la educación pública

-Se imponen criterios de mercado en la educación pública: firma de convenio de gestión educacional (art. 21); el artículo 24 habla de metas, indicadores y medios de verificación (es decir másestandarización).

-Las pruebas estandarizadas mantienen rol determinante en la evaluación.

-Se insiste en terminología propia del mundo empresarial: eficiencia, eficacia, calidad, etc.

3. No se plantea descentralización educativa real

-De acuerdo al proyecto las instancias locales no son resolutivas respecto a aspectos centrales como el curriíulum, la evaluación, etc. Pero además los representantes locales electos por las comunidades son insuficientes (artículo 31).

-Los integrantes de los consejos locales de educación son: alcaldes, un estudiante, un apoderado, un docente, un asistente de la educación, uno de las universidades de la región, uno de los centros de formación técnica, uno del gobierno regional, uno de los equipos directivos.

-Atribuciones del consejo local son decorativas, no resolutivas (representar, comunicar, proponer, solicitar, emitir opinión, elaborar informe, requerir antecedentes, vincularse, etc.).

-Como ejemplo de esta nula atribución de los consejos locales, el artículo 12 señala que la decisión de cerrar escuelas sólo debe ser informada a esta instancia (ni siquiera se pregunta su opinión).

4. Medidas indispensables a realizar

*Establecer trato preferencial por parte del Estado a las escuelas públicas.

*Cambiar sistema de financiamiento a uno basal, estatal y preferencial, para salir de la lógica de la competencia.

*Establecer claramente potestad del Estado sobre escuelas públicas.

*Servicios locales no pueden ser sostenedores, sino organismos descentralizados, con carácter distinto al de sostenedores privados.

*No tener carácter de sostenedores es fundamental, pues permitiría contar con un sistema de financiamiento especial para lo público y otro para lo particular subvencionado.

*Establecer redes entre escuelas, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica estatales y Universidades públicas.

*Aumentar presencia de actores educativos locales en Consejos Locales.

*Otorgar funciones resolutivas y no meramente de consulta y asesoría a los Consejos Locales (temas curriculares, de proyecto educativo, evaluación, cierre de escuelas, etc.).

*Establecer proyecto y plan nacional de educación pública, discutido democráticamente y que no se relacione con el Simce (pues sólo estandariza).

*Que se nos otorgue condición de funcionarios públicos.

*Pagar todo lo adeudado a los docentes antes de pasar al nuevo sistema, de lo contrario se generaría una nefasta “Deuda histórica 2”.

*Potenciar desarrollo y fortalecimiento de escuelas y liceos democráticos, participativos e integrales.

A partir de los cuestionamientos expresados y de las medidas indispensables que no considera el proyecto de ley, se puede entender, a cabalidad, el rechazo unánime que a nivel del Colegio de Profesores genera este proyecto de ley. Como Presidente Regional me sumo a estas críticas pues claramente esta NO ES la desmunicipalización ni la “nueva” educación pública que merecen los niños y jóvenes de nuestro país.


Presidente regional Colegio de Profesores