El pasado 28 de abril la empresa Metro S.A. presentó ante la Dirección Regional Metropolitana del Trabajo su solicitud de mediación por la negociación de servicios mínimos, después de que el sindicato decidiera rechazar tanto dicha propuesta como la negociación colectiva anticipada. El documento estipula que la empresa requiere el 91% de los conductores operando en caso de que el sindicato se vaya a huelga en agosto.

La estrenada Reforma Laboral -vigente desde abril de 2017- tiene entre sus puntos más polémicos los servicios mínimos, que son considerados, en sentido estricto, una limitación del derecho a huelga. Estos se estipulan según criterios especificados por la Dirección del Trabajo, relativos a utilidad pública, necesidades básicas de la población, prevenir daños ambientales y protección de los bienes corporales de la empresa. Este último punto es único en la legislación comparada a nivel internacional.

Los servicios mínimos funcionan como una negociación antes de la negociación colectiva. La empresa los propone y el sindicato solo puede aceptar o rechazar. Si es lo último, la Dirección del Trabajo debe mediar y decidir. Si los trabajadores siguen rechazando, queda la vía judicial.

Y este parece ser el destino que tendrá Metro, dadas las alejadas posturas de las partes. El Sindicato Unificado, que agrupa a más de mil operarios entre conductores, reguladores, supervisores y asistentes de trenes, está dispuesto a ir hasta las últimas para que se respete su derecho a huelga. La negociación colectiva comienza en agosto.

Según el documento que entregó Metro a la DT -al que tuvo acceso El Desconcierto- solicitan que el 91% de los conductores opere normalmente en caso de que se llegue a huelga, apelando a la causal de utilidad pública del servicio. Se trata de 830 de los 911 conductores de Metro. En días de fin de semana, piden el 94%.

La cifra, según el sindicato, esconde el porcentaje de ausentismo de la empresa, el que según ellos se acerca al 8%.

En otras áreas como tráfico -que coordina la circulación, asistencia a conductores y control de flujo de personas- piden el 86% de los trabajadores; en servicios de seguridad el 76%; y en jefes de turno el 100%.

Como el acuerdo de servicios mínimos se rechazó, ahora la Dirección Regional del Trabajo tiene la pelota.

Sindicato: “Metro recibe órdenes de La Moneda”

Con apenas un mes de aplicación, los servicios mínimos se han estrenado con una serie de acuerdos en distintas empresas. La atención estaba, sin embargo, en las más grandes como Metro o Walmart, en las que la DT ya tiene el requerimiento de mediación en sus manos.

En el caso de Metro se vuelve aún más complejo, pues se trata -aunque autónoma- de una empresa del Estado y quien debe ejercer la mediación es la Dirección del Trabajo, un órgano del mismo Estado. Las dudas del sindicato se traducen en caras y partidos políticos, dada la cercanía a la Democracia Cristiana que tienen tanto el presidente del directorio de Metro, Rodrigo Azócar, como el Director del Trabajo, Christian Mellis.

“Es complicado porque Metro es juez y parte de esta negociación. Esto se transforma en un problema de carácter político, considerando el escenario electoral y que Metro es una empresa pública. Metro recibe órdenes de La Moneda y el Ministerio de Hacienda, y no querrán tener conflicto en medio de las elecciones, así como tampoco querrán el fracaso de la nueva reforma en una empresa pública”, asegura Jorge Ávila, vocero del sindicato.

Hasta las últimas

El sindicato está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en caso de los servicios mínimos, pues creen que “la reforma consolida y agudiza el plan laboral de José Piñera y disfraza el reemplazo a través de mecanismos inéditos como los servicios mínimos”.

Si bien reconocen que, en caso de huelga, se mantenga una continuidad en el servicio, “eso no significa la circulación normal de trenes”, pues entonces la huelga no tendría peso alguno. Dicen que ellos no se tienen porqué hacerse responsables de que el transporte de superficie -el Transantiago- sea tan dependiente de Metro.

Otro punto polémico es que la negociación de servicios mínimos sea previa a la negociación colectiva. Es decir, el sindicato no tiene fuero y, en la práctica, alarga las negociaciones. Queda en incertidumbre el estado y ánimo de las partes en que llegarán a negociar el acuerdo colectivo y si es que los servicios mínimos se judicializan, por ejemplo.

Desde la Dirección del Trabajo aseguraron a El Desconcierto que están evaluando la propuesta de la empresa para ejercer la mediación y que no se podían referir al tema en el intertanto. Metro, por su parte, rechazó participar en este reportaje.