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Activista por la paz colombiana: «El Estado es mentiroso y nos hemos tenido que acostumbrar a presionar»

Por: El Desconcierto | Publicado: 06.05.2017
Activista por la paz colombiana: «El Estado es mentiroso y nos hemos tenido que acostumbrar a presionar» Judith (1) |
Abogada y activista social elegida en diciembre de 2016 como integrante de Voces de Paz, iniciativa con representación en el Congreso colombiano que acompañará la implementación del acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, Judith Maldonado conversó con El Desconcierto acerca de las dificultades y avances del proceso de paz.

En los primeros 120 días de 2017, en Colombia se han registrado 52 asesinatos a líderes sociales, defensores de DDHH, guerrilleros y sus familias, según datos entregados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A esta cifra se suman 132 asesinatos a partidarios del movimiento político Marcha Patriótica, agrupación integrada por militantes de izquierda que han bregado por la implementación del acuerdo de paz en los territorios.

Otro de los temas que más ha generado desconfianza al interior de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) es la falta de adecuación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) espacios donde se hará el proceso de dejación de armas, desmovilización y reinserción a la vida civil por parte de los miembros de la guerrilla. 

Al respecto, conversó Judith Maldonado, quien comentó sobre las situaciones más difíciles que ha enfrentado este nuevo intento de una paz duradera en Colombia.

¿Los atrasos en la implementación de los acuerdos y la adecuación de las ZVTN han mermado los ánimos al interior de la guerrilla?

Acompañé una visita a una zona veredal y el grupo de ciudadanos con los que íbamos, quedó impactado al ver las lamentables condiciones en las que estos lugares estaban. La guerrilla en 52 años de confrontación armada ha tenido que soportar situaciones más complejas aún, como bombardeos y operativos militares, y en esos 52 años no ha necesitado al Estado colombiano para que les garantice; ni salud, ni alojamiento, ni alimentación. De todas formas hemos sido contundentes y levantamos la voz de protesta porque este tipo de cosas demuestran el incumplimiento del Estado, éste se comprometió a adecuar las ZVTN y no lo está haciendo.

¿Cómo será la incorporación de las FARC a la vida política civil?

La guerrilla está muy esperanzada con ser un oxígeno en la política, con conformarse como partido, de llegar a un Congreso y Senado con 16 circunscripciones especiales para la paz, con 10 curules (escaños) que ya están asegurados, con una izquierda que podría estar significando una votación entre 1 millón a 2 millones 500 mil. Allí está la mayor expectativa y esperanza de las FARC, es decir, un Congreso fortalecido con unos 40 a 50 miembros comprometidos con la paz y esos mismos congresistas preparen el surgimiento del poder popular local. Es ahí donde se va a dar la transformación al estilo de la gran sorpresa democrática que fue la Unión Patriótica (partido político creado en 1985 por las guerrillas y que terminó siendo exterminado por grupos paramilitares). Irónicamente no obtuvieron el poder por la vía de las armas, pero mantienen la confianza estratégica y política de tomar el poder por la vía democrática, en un escenario de apertura para promover las transformaciones que el país requiere.

¿Cómo este Estado colombiano centralizado va a frenar el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en las zonas donde la guerrilla tenía presencia?

El Estado colombiano es mentiroso y corrupto, en algunas ocasiones ha sido criminal. Es un Estado que nos hemos acostumbrado a tener que presionar para que cumpla sus obligaciones como las acciones de hecho, de derecho, de los espacios de incidencia política en mesas de interlocución y acuerdo. El tema de la defensa, de la vida e integridad de las personas, de las comunidades y de los líderes es una de las constantes en la agenda social y política de este país hace décadas. Tratar de conservar la vida, mientras hacemos el trabajo de promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos y ahí hay tres condiciones básicas para mantenerse uno con vida a pesar de llevar 15 años de este trabajo. Primero, las medidas de autoprotección, donde el Estado nunca va a tener la posibilidad efectiva de garantizarlo; las medidas de materiales de protección en las que el Estado efectivamente ya empieza a actuar, es decir, valorar todo el sistema de riesgo; y la tercera, las medidas políticas, aquí el Estado falla de manera garrafal, o sea, todas las posibilidades de proteger y blindar ese entorno seguro para las comunidades y los defensores de Derechos Humanos. Ahora, el mayor riesgo está cuando el Ministro de Defensa y el de Interior se paran en todos los estrados y dicen que no hay una sistematicidad en esos ataques. Lo que esperamos del Estado colombiano, es reactivar todo el mecanismo de protección, es decir, un resto de mecanismos que ya están en la legislación y la institucionalidad, más los que trae este acuerdo, que son las medidas de garantías.

¿Cree que el Estado colombiano está cumpliendo los protocolos para la salida de menores de edad, brindando las garantías necesarias para que éstos no sean judicializados?

El gobierno no estaba preparado para acoger o recibir a los menores que iban a salir de las FARC. Es un tema en el que el Estado desafortunadamente ha incumplido en todos los aspectos. Los problemas que enfrentaba el sistema, fuera del tema seguridad, tiene que ver con el contacto y reincorporación de estos menores con sus familias. En esta nueva fase, los primeros menores que fueron puestos al cuidado del Estado, no tenían la opción de entrevistarse con sus familias, no hubo un proceso de participación activa. En algunos casos se denunciaron que no hubo tiempos suficientes o siempre fueron con la supervisión de un funcionario. Las FARC presentaron denuncias de que algunos menores ingresaron a la guerrilla por órdenes del Estado, es decir jóvenes que fueron reclutados para infiltrase en las filas de las FARC. Hay situaciones que habrá que entrar a revisar, como la decisión voluntaria de estos jóvenes de acogerse a este protocolo, pues para muchos de ellos que llevan tiempo en la guerrilla, su familia son las FARC y tienen temor de que las condiciones que se presentan en este protocolo sean más lesivas de las circunstancias en las que están ahora en la guerrilla.

¿Cuáles son los riesgos de que los protocolos para salida de menores no se cumplan?

La Ley de Amnistía e Indultos está aprobada desde el 30 de diciembre y hay tres grupos que deberían beneficiarse de manera directa. El grupo de guerrilleros y milicianos que están en las zonas veredales, ahí debe estar el listado de menores que se deben acoger al beneficio de esta ley y más bien de los programas de protección; también están las personas que han sido condenadas, en este caso son los jueces los que deberían tramitar las solicitudes de amnistía e indulto para que salgan libres; y por último, quienes están siendo investigados, estén o no detenidos en establecimiento carcelario, en este caso la Fiscalía tiene que entregar esos listados y lamentablemente a la fecha el Estado no está cumpliendo con las garantías judiciales. En Colombia los menores de edad son responsables penales desde los 14 a los 18 años, esto también complejiza el tema de garantías y protección para estos menores. El incumplimiento del Estado y la posición del Fiscal General de la Nación (Néstor Martínez), no están resultando muy afortunadas. El Fiscal tiene una mentalidad de abogado litigante, pero su papel no es ser un tercer actor, la mesa de conversaciones tenía dos actores: las FARC y el gobierno nacional.

¿Algunas de estas intimidaciones o el intento de reformar el acuerdo, pueden poner freno a la implementación del proceso de paz?
Hasta la fecha han pasado de todas las situaciones y nada de eso ha debilitado a las FARC en cumplir lo acordado para lograr la paz. La guerrilla se está parando de una manera muy responsable e inteligente. Conocen los alcances de las 310 páginas que acordó y hasta ahora ha cumplido. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) es un mecanismo para solucionar todas esas dificultades en la implementación y verificación. Por parte de las responsabilidades del gobierno, hay un atraso entre un 80 y 90% de las obligaciones del Estado colombiano respecto a la adecuación de las Zonas Veredales, y eso es en parte el resultado del absurdo centralismo y por su puesto de las prácticas de corrupción que en Colombia parece que fuera inherente a la forma de administrar públicamente.

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