Desde Nueva Democracia entendemos a los niños, niñas y adolescentes como personas con capacidad de incidencia y decisión en todos los asuntos que le competan, ya sea de manera individual o colectiva. En ese sentido, los reconocemos como sujetos de derecho, en igualdad de condiciones que los adultos y como un actor dentro de la sociedad protagonista de los espacios donde se desarrolla: la familia, la escuela, la ciudad y el país.

Históricamente, la niñez y la adolescencia han tenido una escasa significación social. Se les ha concebido comúnmente desde la fragilidad, la protección y la tutela. No por nada se les nombra como menores de acuerdo a una nomenclatura etaria que los ubica bajo la línea de la adultez (y que ha quedado con toda una carga negativa) o infantes que etimológicamente proviene del vocablo latín “los sin voz”. Su menor valor con respecto al mundo adulto le ha significado ser un grupo generalmente postergado.

Sin embargo, esta situación está cambiando. Las nuevas generaciones ya no reproducen las formas clásicas de socialización ni entienden la relación adulto-niño de manera estática. No son personas en potencia, en camino a convertirse en ciudadanos sino, por el contrario, son individuos que demandan un reconocimiento a ser considerados en la construcción social del país. Más aún, a falta de canales institucionales de participación, niños y niñas ejercen una ciudadanía de facto (vía movilizaciones, tomas y asambleas, como lo demostró el movimiento estudiantil y secundario).

La promulgación de la Convención de Derechos del Niño (CDN) en 1989 marcó un punto de inflexión en el reconocimiento de la niñez, ya que instala como esencial el hecho de que los derechos del niño, niña y adolescente son derechos humanos. Asimismo, la CDN compele a toda la sociedad (individuos, familias e instituciones) a ser garante de los derechos, es decir, generar las condiciones para su respeto y ejercicio pleno, no obstante, entiende que es el Estado el garante principal para el cumplimiento efectivo de esos derechos, en tanto es el único ente que puede asegurar su exigibilidad.

A diferencia de la mayoría de los países de la región, Chile, a 27 años de haber ratificado la CDN aún no cuenta con una institucionalidad que asegure la protección universal de los derechos de niños y niñas, ni tampoco con una asignación suficiente de recursos humanos, técnicos y financieros orientados a las políticas de niñez.

Nuestro país mantiene un marco legal y político sobre niñez en el que conviven paradigmas contrapuestos, con leyes vinculadas a una perspectiva del menor en situación irregular, marcadamente tutelar e incluso criminalizadora (como la aún vigente Ley de Menores del año 1967) y otras con un mirada más asociada a un enfoque de derechos, como la Ley de Tribunales de Familia. Como consecuencia, todas sus acciones tienden a ser marcadamente descoordinadas sectorialmente.

Actualmente se tramita en el parlamento un conjunto de leyes que buscan generar un marco institucional de protección de los derechos de la niñez, lo que sin duda representaría un avance en la materia. El paquete legislativo, no obstante, plantea dudas respecto a la garantía efectiva del cumplimiento de sus derechos. Uno de los aspectos más criticados del proyecto de ley de Garantías de los Derechos de la Niñez es la supeditación a priori de los derechos establecidos en la ley a una disponibilidad presupuestaria, lo que es inaceptable y contraviene lo señalado por la CDN.

Otro aspecto muy discutible es que entiende a la familia, también a contrapelo de lo que recomienda la CDN, como el garante principal del cumplimiento de los derechos de la niñez. Bajo esa lógica, los derechos de niños y niñas dependerán fundamentalmente de la cuna, o de qué tan bien les haya ido a sus familias en la vida. Una familia con un buen pasar económico seguramente tendrá mejores posibilidades de garantizar el cumplimiento de los derechos de sus niños que otras que no tienen esa condición.

A diferencia de nuestros niños y niñas, que día a día nos muestran el camino para hacer de este un mejor país, las diferentes administraciones del Estado desde el fin de la dictadura hasta hoy han sido invisibilizadoras e indolentes. La crisis del Sename y el drama de los niños, niñas y adolescentes internados es el mejor ejemplo.

El caso del Sename tiene que ser la gota que rebalse el vaso de la impavidez. Es hora de hacer las transformaciones que nuestros niños y niñas se merecen. Los proyectos de ley actualmente en discusión en el parlamento siguen la misma línea de la política en la medida de lo posible que nos tiene acostumbrados la Nueva Mayoría ex Concertación. La protección de los niños y las niñas, especialmente quienes habitan en entornos vulnerables, de pueblos originarios, migrantes, de diversidad sexual y discapacitados, entre otros, requiere de políticas de intervención con alto sentido de urgencia.

Desde Nueva Democracia consideramos que el país está preparado para un cambio más profundo, que haga más justa y ética a nuestra convivencia como sociedad. Es necesario que el aparato estatal deje atrás una cultura adultocéntrica que minimiza el rol de los niños y las niñas en la comunidad. Para ello es fundamental integrarlos, abrirles las puertas de la participación y hacerlos parte de los espacios de toma de decisiones.


Dirigente sindical y Militante Nueva Democracia