Tras las informaciones que dieron cuenta de la venta de más de 100 inmuebles por parte del Partido Comunista en 2016 por más de 3.500 millones de pesos, la colectividad dio a conocer un comunicado público en donde detallan las motivaciones tras esa decisión.

Los militantes del PC manifestaron que la idea surgió “por ajustar nuestro patrimonio a la nueva normativa de financiamiento de los partidos políticos, donde solo 1/3 de los inmuebles pertenecientes a un partido pueden ser destinados a actividades económicas. Reiteramos que la decisión inicial de invertir nuestro patrimonio en la adquisición de bienes inmuebles se hizo bajo el convencimiento que era la mejor solución tanto para proteger nuestro patrimonio como para mantenerlo alejado de conflictos de interés o de riesgos financieros innecesarios”.

Además, sentenciaron que la operación se realizó mediante la venta de la totalidad de las acciones de la empresa que administraba los inmuebles.

“Este proceso se realizó dando pleno cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la venta de acciones y, asimismo, se ejecutó en condiciones normales para este tipo de operaciones, es decir, con una modalidad de pago a un plazo razonable para ambas partes involucradas”, explicaron.

Por otra parte, los comunistas señalaron que la decisión de vender las acciones a la sociedad Progreso SpA “se encuentra dentro de nuestras facultades, en cuanto a escoger al mejor comprador según los propósitos fijados por nosotros”.

En este sentido, en primer lugar, detallaron, “se buscaron compradores que no estuvieran involucrados en operaciones de especulación económica, ni fueran pertenecientes a ningún grupo económico nacional, por lo anterior, no se descartó la venta a personas que tuvieran o pudieran tener cercanía con el PC, pues esta situación no los inhabilita para presentar una propuesta para la adquisición de las acciones”.

Por último, manifestaron que “no es materia nuestra opinar sobre las decisiones administrativas que los actuales dueños de la sociedad puedan tomar en relación a la administración y disposición de sus inversiones”.

“Que el representante legal de la empresa sea un militante de nuestro partido no reporta desde nuestra posición ninguna relevancia en la operación ejecutada, tampoco tenemos opinión en la forma en que los actuales propietarios decidan manejar sus inversiones, siendo nuestro único interés y preocupación obtener el cumplimiento de los acuerdos de pago según las condiciones acordadas en su momento”, cerraron.