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El ministro recalcó que el Gobierno no apoyará la idea de facultar al Ministerio Público para querellarse en estas materias, asegurando que, cuando el SII decide no interponer querellas, «las infracciones cometidas no quedan impunes, sino que son sancionadas mediante una pena pecuniaria».
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, fue enfático en defender la exclusividad del Servicio de Impuestos Internos para ejercer acciones penalesa en materia tributaria. Además, adelantó que el Gobierno no apoyará la propuesta parlamentaria que faculta al Ministerio Público para querellarse por estos delitos.
“El Ejecutivo no apoya esta moción, pensamos que para el funcionamiento del Estado es correcto como tenemos este ordenamiento y desde el punto de vista puramente económico es de máximo riesgo cambiar”, sentenció Valdés.
El secretario de Estado intervino en la sesión de la Sala de la Cámara de Diputados y recalcó que la moción es inadmisible porque «invade materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en particular lo que se refiere a suprimir y determinar funciones y atribuciones de los servicios” y que la propuesta “choca directamente con el orden constitucional y debió haberse declarado inadmisible en su momento”.
Además, argumentó que el SII, en razón de su experticia, es la única institución capaz de contar con los antecedentes necesarios en caso de incumplimientos tributarios, lo que garantiza que las querellas se concreten en forma responsable y con pruebas suficientes. Además, el secreto tributario garantiza que los contribuyentes «no vean expuestos sus antecedentes».
“No quiero imaginarme qué pasaría si fueran de común acceso los impuestos de cada persona, por la complejidad que involucra darse cuenta si un impuesto está bien o mal pagado”, sentenció, según consigna Fortín Mapocho.
Por otra parte, el ministro argumentó que cuando el SII decide no interponer querellas, «las infracciones cometidas no quedan impunes, sino que son sancionadas mediante una pena pecuniaria, a través de un procedimiento administrativo sancionatorio y de carácter especial, que se lleva a cabo por un juez del Tribunal Tributario y Aduanero. Por lo tanto, es incorrecto pensar que si no se va a sede penal significa que exista impunidad».
