La presidenta de la República rindió, ante el Congreso Nacional, una nueva Cuenta Pública que corresponde a la última evaluación de su segundo mandato. En esta destacó importantes logros, como la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la reforma electoral que modifica el sistema binominal y avanza en paridad, la dictación de la Ley de Acuerdo de Unión Civil; a los que se agregan la instalación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la tipificación de la tortura que incluye violencia sexual. Asimismo, abordó otros debates en curso, anunciando la presentación de un proyecto de matrimonio igualitario y una nueva ley de migración y extranjería.

No obstante, a la luz de los compromisos legislativos asumidos en el programa de gobierno y las obligaciones internacionales en derechos humanos e igualdad y no discriminación pendientes, a Corporación Humanas preocupa que en los meses siguientes se pueda efectivamente avanzar en la concreción de estos desafíos.

La mandataria relevó el debate sobre aborto en tres causales. Pero no comprometió modificar los estrictos plazos que el proyecto contempla en caso de violación, insuficientes para garantizar a niñas y adolescentes el acceso oportuno a la atención de salud. Tampoco se refirió a la necesidad de garantizar la confidencialidad de la atención médica a mujeres que sufren complicaciones derivadas de aborto que exige el Comité contra la Tortura y otros organismos internacionales.

Igualmente, destacó el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, aunque sin abordar la importancia de establecer obligaciones concretas y específicas al conjunto de organismos públicos en materia de prevención de la violencia, investigación y sanción de los crímenes, protección de las víctimas y reparación a la violación a sus derechos.

 En materia de participación política de las mujeres, la Presidenta refirió la obligación que tienen los partidos de proponer al menos 40% de mujeres en las candidaturas a senadores/as y diputados/as; conforme a la reforma electoral al sistema binominal aprobada en 2015. Sin embargo, omitió comprometer la incorporación de medidas de paridad en el conjunto de cargos de elección popular y de designación, que organismos internacionales exigen.

También preocupa el completo silencio sobre la reforma a la sociedad conyugal, comprometida por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa para evitar una condena internacional por la violación de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

En su última Cuenta Pública se esperaba que la presidenta Bachelet anunciara priorizar el debate de la Ley de Identidad de Género, y la presentación de indicaciones para reponer el reconocimiento y protección de niñas, niños y adolescentes trans. Igualmente se lamenta la completa omisión de iniciativas que reguarden los derechos de filiación de hijos e hijas de parejas del mismo sexo.

Sin perjuicio de valorar los importantes avances alcanzados en este segundo período, los desafíos pendientes requieren no solo del impulso gubernamental sino también del compromiso y voluntad política de parlamentarios y parlamentarias para cumplir con la agenda legislativa.