El Estado de Chile violó los derechos a presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminacion ante la ley, el derecho a la libertad personal, a la libertad de pensamiento y de expresión y a los derechos políticos.

Esas son las conclusiones del fallo del 29 de julio de 2014, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile y lo obligó a anular las condenas por la indebida aplicación de la Ley Antiterrorista a Víctor Ancalaf, José Huenchunao, Jaime Marileo, Patricio Marileo, Ciriaco Millacheo, Aniceto Norín, Pascual Pichún y Patricia Troncoso.

Hoy, Michelle Bachelet dará su cuarta y última cuenta pública. Y llega a los pasillos del Congreso de Valparaíso con el debate del terrorismo en La Araucanía instalado en la agenda por la reciente decisión de aplicar la Ley Antiterrorista en el último ataque incendiario a siete camiones. Hace cuatro años, la entonces candidata Bachelet presentó su programa, donde en la materia de Pueblos Indígenas tomaba en especial consideración las fatídicas conclusiones del fallo del CIDH contra el Estado de Chile.

Implementación “en plenitud” del convenio 169, generación de espacios de autodeterminación a través de Estatutos Especiales de Autonomía, nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas, participación de pueblos indígenas en el Proceso Constituyente, no aplicación de la Ley Antiterrorista y reforma de la misma para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos eran algunos de los puntos que marcaban su ambicioso programa en esta materia.

“En general, todo lo que es asistencialismo funciona, pero lo que representa cambios estructurales en favor de los pueblos indígenas, se promete pero no se cumple en el gobierno Bachelet”, dice el cientista político José Marimán. “¿Cómo podemos decir que se avanzó?”, se pregunta la ex consejera de la Conadi Ana Llao, aludiendo al tema del momento: la Ley Antiterrorista y la promesa no cumplida de no volver a aplicarla. Este tema, junto al escaso avance en materia de autonomía indígena son los puntos que pesan a la hora de hacer el análisis de la gestión.

El periodo de gobierno, dicen desde el mundo mapuche, empezó interesante, con las gestiones de Rodrigo Peñailillo y la intendencia de Francisco Huenchumilla con una marcada agenda a favor de los derechos del pueblo indígena. Pero terminaría siendo la imagen de Jorge Burgos pasando la noche de año nuevo junto a Carabineros en Pidima el mejor reflejo del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

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“La gran deuda de Bachelet será prometer algo que después no cumplió. Trabajar las autonomías y la no aplicación de la ley antiterrorista fueron sus grandes rutas para el tema mapuche. A tres años, no cumplió ninguna. La incorporación de Huenchumilla como intendente era un reconocimiento simbólico, pero desde su salida quedó truncada la buena fe de Bachelet”, afirma el historiador Fernando Pairicán.

Ley Antiterrorista: la falsa promesa de no aplicarla y la consulta “simbólica” a expertos

Con una legislación que ya había sido condenada por la Corte interamericana de DDHH, evaluada negativamente por la Human Rights Watch, criticada por al menos siete comités de la ONU, y nacionalmente repudiada tanto por las comunidades como por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (ver informe de 2014), se esperaba que Bachelet propusiera un cambio radical en esta materia. En un inicio al menos, sí lo hizo.

Nos comprometemos firmemente a la no aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros de los Pueblos Indígenas por actos de demanda social”, reza de forma textual el programa de la presidenta, y además agregaba que la mencionada ley 18.314 sería “modificada para adecuarla a los estándares internacionales, tal como le han recomendado al Estado de Chile los órganos internacionales de protección de derechos humanos”.

Una postura que se mantuvo fuerte al inicio del gobierno e incluso reafirmada por el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo cuando fue interpelado en julio de 2014 por la situación en la Araucanía.

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Fue él mismo quien empezó a echar a andar la maquinaria para reformar la polémica norma, citando en 2014 a una comisión de expertos encabezados por el abogado Juan Pablo Hermosilla para que elaboraran un informe y sugerencias al respecto. Fueron más de cuatro meses los que trabajó la instancia convocada por el gobierno antes de entregar un documento con propuestas. 

Si bien en ese minuto estuvieron todas las intenciones de tomar un nuevo rumbo en cuanto a esa legislación, el tiempo las fue diluyendo. “Para tomar medidas como las que propusimos se habría requerido un nivel de convicción y un capital político que el actual gobierno, si alguna vez lo tuvo, lo llegó a perder”, asegura el abogado Juan Pablo Mañalich, quien formó parte de la instancia y vio prontamente cómo ese trabajo era desechado.

“El proyecto que terminó enviando el actual gobierno tiene bastante poco que ver con el que propusimos”, asegura, y luego agrega: “Tengo la impresión de que esto requería un esfuerzo un poquito más distanciado en lo político, y de mayor largo plazo. El proyecto que podría ser aprobado, ojalá que no, está lejos de eso”.

El mismo abogado redactó un artículo en el Anuario de Derecho Público de la Universidad Diego Portales en el que señala los principales puntos desestimados por el gobierno.

Lo primero que no fue tomado en cuenta era la recomendación de sacar al terrorismo de la Constitución Política -actualmente presente en los artículos 9º, 16º y 17º-, quitándole la excepcionalidad y llevando el asunto al Código Penal. Además se proponía tipificar el delito terrorista en el marco de organizaciones criminales -desestimando lo que se ha llamado “terrorismo individual”-; establecer la reivindicación territorial como una causal de excepción para esta ley; que se deba justificar -por ejemplo, con la instauración del control judicial- la aplicación de las facultades de investigación excepcionales que otorga la Ley Antiterrorista -como los agentes encubiertos y los testigos protegidos anónimos-.

De todas esas recomendaciones, ninguna fue tomada en cuenta en el proyecto enviado por el gobierno al Senado, el cual actualmente se está revisando en conjunto con una moción que surgió de parte de los senadores RN. “Hay que dar una señal de que en Chile estamos todos unidos para preservar la paz social”, dijo el presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe (PPD).

Durante el mismo proceso en que la promesa de reformar la Ley Antiterrorista sufría un drástico cambio de rumbo, se quebraba otro compromiso: no aplicarla.

“Si a alguien le molesta que nosotros invoquemos la Ley Antiterrorista en La Araucanía lo siento mucho”, fue el nuevo discurso que había asumido Rodrigo Peñailillo cuando el gobierno la aplicó por primera vez, en 2014, en Temuco. Actitud que luego su sucesor Jorge Burgos mantendría, señalando en la región del Bío Bío: “No nos va a temblar la mano en invocar la Ley Antiterrorista”. En 2016 se llegó a aplicar a los 11 detenidos por el caso Luschinger-Mackay.

Para la doctora en psicología clínica Ruth Vargas, autora del libro “Pewmas / Sueños de justicia. Lonkos y dirigentes mapuche versus Chile en la Corte Interamericana”, la Ley Antiterrorista es retrógrada y su aplicación no ha sido efectiva: “De casi 100 casos, la mayoría de los indígenas han sido absueltos. Los único ocho condenados fueron ante la Corte Interamericana de DDHH y quedaron despenalizados”.

Delegación mapuche en la condena de la Corte interamericana de DDHH al Estado de Chile

Luego agrega: “En el caso de los Luchsinger-Mackay, el no entendimiento de lo indicado por la corte muestra que en un primer momento del proceso al machi Celestino Córdova no se le aplicó la Ley Antiterroista y fue sancionado por un crimen que no tenía el calificativo de terrorista. Pero las siguientes once personas que están siendo perseguidas por el crimen, de forma ambigua se les decide otra vez hacer uso de la ley, con la misma falta de prolijidad con la que se hizo en los casos previos con que fueron absueltos”.

Vargas además sostiene que, mientras se ha aplicado la ley de forma implacable para casos de atentados a la propiedad privada, se ha prestado poca atención a las violaciones a los derechos humanos de los niños indígenas. “Hay delitos que han vulnerado el desarrollo evolutivo de estos niños, que tienen perdigones en sus cuerpos. Está el caso de Brandon Hernandez Huentecol, violaciones extremas a derechos humanos que no han sido observadas con la prolijidad con la que se intenta aplicar la severidad de las sanciones a los derechos a la propiedad”.

Con la reactivación de la Ley Antiterrorista durante la semana pasada por el incidente de los siete camiones, el tema no solo volvió a tomarse la agenda de los parlamentarios, sino también de los candidatos presidenciales.

Viendo sus declaraciones, el abogado Juan Pablo Mañalich asegura: “Veo bastante confusión, incluso en forma bien básica de parte de algunos candidatos. Esta confusión responde al sustrato ideológico que aparece en la génesis misma de una ley gestada en dictadura y que ha quedado intacta en lo fundamental, que es hacer del terrorismo una etiqueta de combate político que de alguna manera puede ser invocada para estigmatizar a personas o grupos con agendas discrepantes con quienes detentan el poder”.

Nueva institucionalidad: del “indigenismo tardío” a las promesas en el aire

Reconocimiento constitucional, Estado plurinacional, autonomía real y derechos políticos son parte de las principales conclusiones del informe del Proceso Constituyente Indígena, que sistematizó los 605 encuentros donde más de 17 mil personas de los nueve pueblos originarios del país (mapuche, aymara, rapa nui, atacameño, quechua, colla, diaguita, kaweskar y yagán) manifestaron sus deseos para una Nueva Constitución.

El proceso, criticado y alabado, es quizás el mayor logro del gobierno de Bachelet en materia de pueblos indígenas. Eso piensa, por ejemplo, el abogado Salvador Millaleo. “Destaco la participación, más amplia de lo que son las consultas normalmente. Destaco también los resultados, claramente hay un pronunciamiento a favor del plurinacionalismo y la auto determinación”, afirma quien también fuera miembro del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente.

“Hay muchas críticas, pero haciendo el balance, es valorable, es lo más defendible de la gestión”, agrega Millaleo.

Distinta visión tiene José Marimán: “Fue deficiente. La gente que participó de los debates hizo bonitas declaraciones, celestiales incluso, pero revelan no tener bases sólidas para imaginar cómo resolver el problema o confrontación étnica en desarrollo en Chile. Por ejemplo, definen una sociedad plurinacional como un lugar en que todos seremos iguales, pero yo creo que lo plurinacional es simplemente la negación de un modelo de Estado: el Estado-nación. En la conversión de ese modelo a uno plurinacional no necesariamente la nación estatal dominante ha renunciado a dominar, es nada más que su discurso hegemónico se diluye y ya no goza de la audiencia de épocas anteriores y debe ceder poder”.

Agencia UNO

El proceso en sí no estuvo exento de polémicas, con duras críticas a la metodología y cómo se llevó a cabo incluso desde las consultas previas. La dirigenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indigenas (Anamuri), Millaray Painemal, asegura: “No quise participar en el proceso de consulta, sentí que era para cumplir no más. Se ha demostrado que de los Estados coloniales no podemos esperar nada. Al final, seguimos solo siendo parte del folclore”.

Las mismas aprehensiones aparecen a la hora de hablar del convenio 169 de la OIT, vigente en el país desde 2009, que obliga al Estado de Chile a consultar directamente a los pueblos indígenas por medidas que los afectan directamente. El programa de gobierno promete “implementarlo a plenitud”, adecuar los marcos regulatorios e incluso una modificación al reglamento de consulta y aprobación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, “para que cumpla con los estándares del convenio 169”.

El tema es de particular importancia para las comunidades indígenas, pues suelen verse afectados por proyectos de extracción de recursos naturales en sus tierras. La no aplicación de la consulta da rienda suelta al extractivismo sobre su territorio. En ese sentido, dos decretos promulgados durante el gobierno de Sebastián Piñera entorpecen el 169. El 66 (que regula la consulta previa) y el 44 (que regula el Servicio de Evaluación Ambiental) han sido denunciados tanto internacionalmente como por las comunidades como limitantes al ejercicio del convenio de la OIT y al que Chile tiene la obligación como Estado de cumplir.

Bachelet, en campaña, prometió la revisión de ambos, cuestión que aún no se cumple. Para Ana Llao, la situación es crítica, pues esta misma semana la Corte Suprema falló a favor de la poderosa Celulosa Arauco y su proyecto MAPA, que se encontraba en el tribunal por un requerimiento de cinco comunidades indígenas que cuestionaron la evaluación de impacto ambiental, precisamente amparándose en el 169.

La decisión del máximo tribunal del país permite a la empresa del grupo Angelini avanzar en la construcción de una obra que triplicaría su producción de pulpa de celulosa, pasando de 790 mil toneladas anuales a 2.100.000, convirtiéndose así en la mayor planta del país y en una de las más grandes de América Latina. La Corte acusó a las comunidades por no demostrar que se les excluyó de la consulta indígena. El gobierno respaldó la decisión.

Resquemor similar hay con el Ministerio de Asuntos Indígenas, que figura desde enero de 2016 como promesa cumplida por el gobierno tras el envío del proyecto al Parlamento, aunque apenas esté en primer trámite constitucional. Para Ana Llao, “ese era un compromiso el ’89, cuando luchamos para que volviera esta democracia de alta corrupción, ahí hablábamos del ministerio. Tenemos que hacer la autocrítica como movimiento social mapuche, confiamos en la palabra, en los papeles y lo dejamos todo en manos de esta mafia política, que hoy actúa a través de la Conadi, que es con cada gobierno una torta con la que empiezan a pagar favores políticos con los que engañan al pueblo mapuche”.

En la misma línea se manifestó en su momento Aucán Huilcamán, quien calificó la política como un “indigenismo tardío”. La justificación es simple: a estas alturas, organismos internacionales como la ONU ya reconocen a los pueblos indígenas como sujetos de derechos individuales y colectivos y apoya la política de la autodeterminación.

“Esa es una salida a la problemática del siglo XIX, pero ya estamos en el XXI, aunque algunos en este país siguen sin enterarse de ello”, asegura José Marimán.

El recelo de muchos desde el mundo mapuche es que 10 años después de que Chile ratificara su adhesión a la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, aún no tienen un ministerio.

Y no es solo eso. Desde 2003, con el “nuevo trato” de Ricardo Lagos que se habla de reconocimiento constitucional y autodeterminación, cuestión aún no abordada. Así como otras promesas del actual gobierno que no requieren mayor tramitación, como el reconocimiento del mapudungun como lengua oficial de La Araucanía.

Punto aparte son los “Estatutos Especiales de Autonomía”, sin especificación en el programa ni mención a lo largo del actual gobierno.

Militarización y criminalización en el Wallmapu

De acuerdo a un informe presentado por el general director de Carabineros Bruno Villalobos en la Cámara de Diputados el año pasado existen más de 1300 oficiales desplegados en las regiones del Bío Bío, Araucanía y Los Ríos, que cuentan con vehículos blindados y semiblindados, además de drones, aviones sin tripulante para patrullaje y radares georeferenciales. Todo para acciones de protección a faenas forestales, en marco del combate contra la “violencia rural”.

Hoy, en la cuenta pública, los parlamentarios de Chile Vamos lucirán sus chapitas de “Paz en La Araucanía”, en protesta a los hechos de violencia que han afectado las últimas semanas a camioneros y por los que el gobierno ya anunció la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Pero lejos de las cámaras y de la atención de La Moneda, los hechos de violencia policial son pan de cada día en el sur. Como el que afectó al joven Silvestre Torres Toro, menor de 15 años acusado por Carabineros por porte ilegal de armas, tráfico de drogas e intento de homicidio después de que oficiales irrumpieran en su comunidad y le dejaran cinco perdigones incrustados en sus piernas.

Una simple recopilación de los últimos meses da cuenta del cuasi estado de guerra que se siente la zona:

-Fabiola Antiqueo, estudiante de 18 años que perdió un ojo tras el impacto de una bomba lacrimógena.
-Miguel Huenchuñir fue baleado por una caravana de Carabineros mientras se trasladaba junto a su esposa y dos hijos por Tirúa,
quedando herido de gravedad.
-Cuatro comuneros mapuche que recibieron nueve balazos de parte de una pareja del GOPE, los que fueron detenidos tras el hecho y sobre quienes existe la duda si serán formalizados por homicidio frustrado o violencia innecesaria.
-El joven Brandon Hernández Huentecol, de 17 años cuando recibió más de 130 perdigones de acero estando de espalda en el suelo por parte de un carabinero; un allanamiento en Pailahueque que terminó con 7 menores de edad detenidos.
-Un menor de edad en Temucuicui, estando detenido, recibió un lumazo que lo dejó con derrame cerebral.
-El montaje sobre Hernán Paredes Puen, comunero que recibió más de 100 perdigones en su espalda y piernas y fue acusado de porte de armas y atentar contra la autoridad. Estuvo casi un año de prisión preventiva, hasta que fue absuelto por no existir pruebas en su contra.
-La similar situación que vivió 
el fotógrafo Felipe Durán, también un año en prisión preventiva para luego ser absuelto sin cargos.
-El bullado caso de Lorenza Cayuhan, la comunera que
dio a luz engrillada y en presencia de un gendarme hombre.
-El caso de Macarena Valdés, quien fuera una de las principales líderes a la instalación de una hidroeléctrica de paso en Tranguil y que en agosto del año pasado apareció muerta en su hogar, colgada. Su familia y comunidad sostienen que fue un asesinato, dado las
amenazas previas de muerte que recibió y una cuestionada autopsia que no es concluyente.

/AgenciaUno.

Tema aparte es el mediático caso Luchsinger-Mackay, donde 11 comuneros mapuche son imputados por delito de incendio de carácter terrorista que terminó con la vida del empresario agrícola y su esposa. La principal prueba que los inculpa es el testimonio de José Peralino Huinca, uno de los imputados, quien ha denunciado al revés y al derecho que fue torturado por la PDI y obligado a inculpar al resto. Incluso presentó una querella que la Corte Suprema ordenó indagar, cuestión que se realiza en medio de que se espera por más pruebas de cara retrasado juicio oral, que lleva más de un año con algunos de los comuneros en prisión preventiva.

El caso más conocido fue el de la machi Francisca Linconao, que entró y salió repetidas veces de prisión durante 2016, pese a su delicado estado de salud. Ella sindica a Emilio Taladriz, un empresario agrícola al que le ganó un juicio apelando al convenio 169 en 2009, como una de las razones de porqué se le vincula con el crimen de los Luchsinger. Taladriz es uno de los integrantes de la comisión asesora presidencial por La Araucanía.