Informes de Naciones Unidas confirman que en el territorio mapuche se violan los derechos humanos, que la ley antiterrorista es inmoral y que el Estado debe resarcir a las víctimas, muchos de ellos niños y ancianos, de las numerosas y habituales incursiones de las tropas policiales a las comunidades.

Lo que palpita dramáticamente hasta hoy en la castigada tierra mapuche es la guerra de despojo y aniquilación que comenzó el Estado de Chile en la mitad del siglo XIX. En las escuelas contemporáneas ese genocidio aún se nombra como Pacificación de la Araucanía.

La guerra soterrada para quedarse con las feraces tierras del sur del país y exterminar al pueblo mapuche, no ha parado un solo día desde entonces. Lo que han cambiado han sido las armas y los métodos. La codicia, el racismo y las mentiras son las mismas.

Durante un siglo y medio ha prevalecido la ignorancia que prefiere no ver. Y quedarse con la versión escolar que lo facilita todo: Chile es un país de blancos, rubios y espigados habitantes y solo se habla español. Muchos chilenos no saben que son racistas.

La iglesia, la escuela, las Fuerza Armadas, los medios de comunicación, muchos intelectuales y los millonarios, se han encargado de hacernos saber que el indomable indio al que los poetas españoles alabaron desmesuradamente para quedar bien con el rey, solo existió en el pasado. Y que ahora somos todos chilenos.

Y que esos que reclaman son gentes desordenadas, alcohólicas y flojas que no quiere trabajar, que no son capaces de producir la tierra, que se conforma con lo necesario para vivir al día y que quiere que todo se lo regalen.

A esos mismos se les ha agregado un útil rasgo contemporáneo: son terroristas.

El racismo inoculado al habitante por medio de las instituciones del Estado, coadyuvado por una ignorancia estimulada por los poderosos de siempre, ha sido capaz de simplificar el conflicto de esas tierras del sur a hechos policiales que justifican una reacción de carácter militar.

El sentido común del chileno medio, esa cosa oscura puesta en los cerebros por la cultura hegemónica, que justifica la mantención de la guerra en contra del mapuche, ahora exige la irrupción del Ejército. Como si alguna vez se hubiese retirado de ese teatro de operaciones.

Muy pocos habitantes recuerdan que esa extensa zona vive bajo una ocupación militar propia de un estado de guerra. Y que en el lapso de lo que va de pos dictadura, han sido asesinados mapuche al modo antiguo, es decir, sin que haya culpables, torturados, aterrorizados y/o abaleados por la espalda.

Pocos caen en cuenta: en ciento cincuenta años ni las tropas ni la ley ni los fiscales cazamapuche, ni las normas antiterroristas,  han avanzado un milímetro en pos de la solución a un conflicto que no va a desaparecer solo.

Haciendo gala de un simplismo cómplice, políticos debutantes con tal de no perder dos votos o ganarse la animadversión de los poderosos, amenazan con la ley antiterrorista para quedar bien con imbéciles y racistas.

Brilla con luz propia la incapacidad de la izquierda en su nula comprensión de lo que sucede en el sur. Da la impresión que casos como este no aparecen en los manuales de marxismo, ni en las tesis de Gramsci.

Muchos inquietos pensadores de la izquierda chilena conocen al dedillo los pasajes más anidados de la Revolución de Octubre y sus personajes más desconocidos, pero aún creen que Colo Colo existió o que Caupolicán fue un indio que caminó un par de días con un árbol al hombro.

Pablo Neruda, quizás el ícono poético mayor de la izquierda los nombraba araucanos, tal como lo hacían los españoles.

Como era de esperarse, la elección presidencial que se avizora agrega condimentos que sirven para exponer a los candidatos a sus opiniones respecto de lo que se entiende de cierta trascendencia, a la siga de cazarlos con decires y compromisos.

Cuba, Venezuela y Bolivia comparten el podio con el tema mapuche para que las explicaciones retorcidas y políticamente esterilizadas no se hagan esperar.

Un conflicto que tiene su origen en el Estado chileno, debe ser asumido por este mismo Estado para conducir una solución que radica en la política. No en la Ley Antiterrorista. Ni en las Fuerzas Especiales de carabineros, ni en los equipos paramilitares de la Policía de Investigaciones. Ni mucho menos en las bandas de civiles armados. Como tampoco en el alzamiento en armas de los guerreros mapuche.

La primera condición es establecer que el mapuche es un ser humano que tiene derechos. Y deberá seguir por asumir la culpa que ha tenido la oligarquía chilena en el genocidio que consiguió la muerte y desaparición de no se sabe cuántos hijos la tierra.

Y la vergonzosa responsabilidad del Ejército en esos crímenes, ignominia que ha  pasado a la historia como heroicas páginas escritas por bravos guerreros.

Para el mapuche no se ha acabado la dictadura. De cierta manera este lapso ha sido aún peor porque su pelea es expuesta, deslegitimada, como contraria al proceso democrático. Pero ha sido la misma desde siempre.

El día en que se abran las anchas Alamedas es muy probable que una comunidad mapuche esté siendo arrasada por las tropas, el desprecio, la marginación y el racismo.