La fiducia o fidecommissum del Derecho Romano fue creado en tiempos en que la velocidad de los acontecimientos ocurría a paso de carretas. El acto de fe en el que el fiduciante entregaba sus bienes a un tercero que los invertía por el para evitar conflictos de interés hoy se enfrenta a las ventajas de la era de la información, cree el abogado y académico, experto en Gerencia Pública y Ley de Partidos, Peter Sharp. Ante una contingencia enfrentada a la falta de control sobre las inversiones del ex presidente Sebastián Piñera o la millonaria elusión impuestos del Partido Socialista como el dinámico actor de inversiones en que lo convirtió SQM con los bonos por los bienes expropiados en dictadura, cree que es poco lo que se puede hacer en un país donde el fideicomiso ciego es una falacia. “Un fideicomiso tuerto”, prefiere decir él.

“En Chile los fideicomisos se basan en un principio de buena fe que es algo que sólo se presume”, reflexiona. La lógica románica se queda corta ante la posibilidad de montar una gran inversión whatsappéandote con el banco mientras estás en una reunión sin que nadie se entere de tus conversaciones”, agrega el consultor de la Cepal y seleccionado del doctorado de Harvard en el curso de Gobierno Abierto y Construcción de Políticas Públicas.

En tal sentido, Sharp se manifiesta suspicaz respecto al marco jurídico que permite controlar el movimiento comercial de estos actores supuestamente transparentes dado que se trata de “una importación” de otras legislaciones nacidas en Europa. Cuerpos legales de Reino Unido, España y Francia han normado el financiamiento y capital de altas figuras y los partidos políticos basándose en este principio de la buena fe, explica Sharp. Sin embargo, en esa adaptación a la realidad política chilena se han extraviado importantes menciones sobre autonomía o la forma de fiscalizar a estas organizaciones.

“Los partidos políticos son cuerpos intermedios protegidos y amparados por la Constitución de 1980. Es decir, el Estado no puede meterse con ellos y quedan aforados por su autonomía. Es una figura parecida a la de los sindicatos o las confederaciones de comercio, por ejemplo”, agrega el abogado y académico de Derecho Administrativo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

“Lo que Chile necesita es fortalecer una política de Estado Abierto, un plan de acción que el gobierno lleva adelante desde el año 2011 pero sobre la que no se ha prosperado más allá de los anuncios y la creación de una página web. Este plan pretende que todas las instituciones privadas y del Estado operan con total transparencia basándose en tres grandes principios: transparencia total de datos, participación ciudadana y colaboración de todas estas organizaciones. Pero ojo, lo que se plantea no es que las instituciones nos digan lo que quieran decirnos, sino que permitan el acceso a los datos para contrastarlos con lo que ellas informan a la opinión pública”, advierte Sharp.

La utopía de un gobierno abierto

De esta manera, conflictos de interés, inversiones y diferentes mecanismos de financiamiento de los partidos políticos quedarían sujetos al escrutinio de 17 millones de fiscalizadores, sugiere el abogado. Explica que Gobierno Abierto es un proyecto inconcluso que presenta hoy un avance del 33% luego de 5 años desde su implementación. A estas alturas debería permitir que las cuentas públicas, memorias anuales o consultas por Ley de Transparencia realizadas a centrales de trabajadores, confederaciones del comercio o directorios de empresas también puedan abordar a los partidos políticos de manera abierta.

“En términos de acceso a esta información, Chile es un país hermético. La Ley 20.285 de acceso a la información pública es una gran idea, pero desafortunadamente permite que las propias instituciones filtren lo que se les consulta o lo entreguen de manera ilegible, incompleta o con volúmenes de datos que a la larga puede que no sirvan de nada. La Ley de Transparencia es un buen instrumento, pero no significa que sea una herramienta veraz”, dice.

-¿Cuáles diría usted que son las actuales falencias a la hora de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos, por ejemplo?
-El principal problema de la Ley de Partidos es que sus fiscalizadores son la parte interesada. Es decir los líderes de las instituciones del Estado encargados de aplicar la sanción militan en el mismo partido cuestionado. Es algo que hemos visto muchas veces. ¿Y qué van a hacer?, ¿Disolver el partido?… es absurdo pensar eso. Por eso estas sanciones siempre han tenido atenuantes. Chile se comprometió desde el 2014 a reforzar y reformular las leyes para formar y sancionar partidos políticos, pero sigue siendo algo pendiente.

Creo que si bien lo que naturalmente hace un ser humano es buscar ventajas en la vida, en el caso de los partidos políticos el problema de fondo es que la regulación es muy débil pues estos no rinden cuentas a nadie. Deberían hacerlo ante la ciudadanía ya que, de acuerdo a la ley, los partidos son financiados precisamente por todos los chilenos. El destino de estas inversiones debe ser conocido no sólo por los militantes sino por estos 17 millones de ciudadanos que a través del pago de su dividendo, el boleto del metro, o la compra del pan y el gas, por ejemplo, financian la actividad política. Y esto es algo realista si piensas en la forma en que los ciudadanos de Islandia fueron los que sacaron al instante al Ministro de Economía vinculado a los Panamá Papers. Desgraciadamente, en ese sentido, las instituciones chilenas no están formadas por ciudadanos, sino por clientes que pasan a convertirse incluso en deudores, como en este caso.