Desde el lunes 29 de mayo, las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Arica, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción y Puerto Montt están ocupadas por representantes de distintas agrupaciones de víctimas de tortura y prisión política, como medida de presión hacia el gobierno.

Entre las razones ­–de un petitorio de diez puntos– se encuentran demandas como un aumento de pensiones, un bono de reparación, mejoras al Prais (Programa de Reparación en Atención Integral en Salud y Derechos Humanos), y el fin del secreto de los antecedentes recopilados por la Comisión Valech.

Esta es la tercera vez que los miembros de estas agrupaciones se toman dependencias del organismo, y sigue a las movilizaciones realizadas en octubre de 2016 y abril de este año. Sin embargo, esta es la primera vez que abarca un período de tiempo prolongado, que hasta ahora alcanza los siete días.

“Nosotros formamos una mesa de negociación entre distintas agrupaciones de víctimas y el ministerio del Interior, pero esa mesa está parada. El gobierno ha intentado adornar la reparación que nosotros pedimos a su pinta pero no vemos un compromiso serio. Esto no es un tema de lucas, si no de que se realice una reparación política de verdad”, señaló Braulio González, vocero de las agrupaciones de víctimas de tortura y prisión política.

“Esta vez la toma se ha radicalizado y a los funcionarios del INDH no se les permite ingresar a las oficinas, lo que impide que el instituto asuma sus funciones. Pero esta acción es justa, ya que muchas de las víctimas de tortura (cuyas edades fluctúan entre los 65 a 75 años) mueren ante la falta de una atención de salud adecuada, porque el Prais es un servicio que está en el suelo; todas las víctimas reciben una pensión paupérrima que no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas; y se trata de personas que por años han reclamado verdad y justicia en sus casos”, señaló el INDH en un comunicado.