Cuando en el 2016 el Mineduc hizo ingreso del proyecto de ley de Educación Superior obtuvo un logro inédito: ningún actor del mundo educativo quedó conforme con la propuesta. Luego de 9 meses estancada, la reforma fue dividida entre aquella referida al sistema general y las universidades estatales y disminuida en su contenido a través de las “Indicaciones Sustitutivas”.

En este último año de gestión, marcado por las elecciones presidenciales, al gobierno de Michelle Bachelet no le importó reducir los alcances de su proyecto para poder decir a fin de año un autocomplaciente “cumplimos”. Dentro de su esquema, la reforma a la educación superior, en particular la gratuidad, es el último intento para que este gobierno “pase a la historia” por algo más que los escándalos entre el mundo de la política y las empresas.

Pero, si recordamos bien, la demanda por una transformación del sistema de educación superior fue instalada por los estudiantes el 2011. Entonces, sería lógico que hoy los estudiantes estuvieran conformes. Lo que se ve, por el contrario, es un llamado a radicalizar las movilizaciones por parte de la Confech.

Tanto el gobierno como la Confech reclaman por una verdadera reforma. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la Nueva Mayoría o a los estudiantes?

Esta columna busca dar algunas luces de lo que la Confech ha denominado los “5 puntos” prioritarios, qué elementos los justifican, qué ha propuesto el gobierno y por qué los estudiantes consideran que no han sido incorporados en los proyectos de ley. De esta forma, arriesgando una mayor extensión, buscaré mostrar que el movimiento estudiantil sí quiere reforma, pero no la que propone la presidenta.

En general, no son puntos tan complicados, -y acá invito a no creerle a la ministra cuando dice que la Confech ha ingresado “demandas nuevas”- porque es la misma consigna de nuestra movilización histórica: educación pública (1), gratuita (2), de calidad (3), sin lucro (4) y sin deuda (5).

1) Pública

La demanda por educación pública se sostiene en que hoy en Chile sólo existe un 16% de estudiantes en instituciones de educación superior estatales, lo que es mucho menor al promedio para 2015 de la OCDE (69%) y de EEUU (73%). Todo país serio y responsable con el derecho social a la educación y el desarrollo nacional ofrece instituciones pluralistas, laicas y de alta calidad como columna vertebral del sistema y, adicionalmente, ofrece un espacio para instituciones privadas. Por esto, se dice que Chile hoy no tiene un sistema “mixto”, sino uno profundamente privado y con un apéndice público.

Michelle Bachelet ha decidido centrar su esfuerzo en un proyecto de ley propio para las Universidades del Estado ingresado el pasado viernes, con el apoyo de algunos rectores del CUECH. Acá se habla de generar un nuevo trato, de coordinar a las 18 instituciones estatales y de ofrecer recursos propios. Pero, en la letra chica: se instala un modelo de gobierno que atenta contra la autonomía de las universidades; no existe democracia efectiva; se atenta contra las condiciones laborales de los funcionarios administrativos; el financiamiento queda en la incertidumbre al estar amarrada a la discusión de cada Ley de Presupuesto y a un crédito con el Banco Mundial del que nada se sabe -¿quién lo paga y qué exigencias nos pondrá el BM? ¿Estas exigencias atentan contra la autonomía?-; y no se clarifica un plan de ampliación de la matrícula de la educación pública.

¿Qué propone la Confech? Para ser realmente un sistema mixto de educación se deberá ejecutar un aumento de matrícula de las instituciones estatales que les permita cubrir hasta el 50% del total del sistema, en un plazo de transición de 10 años. Hoy los estudiantes quieren estudiar en la educación pública, pero no tienen un cupo para hacerlo. En este plan, no existirá un problema con el “mercado laboral” de los futuros egresados, pues el crecimiento se dará a través de: i) apertura de nuevas vacantes y ii) por la recepción de estudiantes de instituciones privadas en crisis. ¿Cuáles instituciones? Se hace referencia a la UARCIS, U. Iberoamericana y UCINF, así como las más de 30 instituciones que han cerrado desde el 2010. Adicionalmente, se propone avanzar hacia un gobierno democrático, sin intervención excesiva de externos, condiciones dignas para los trabajadores y financiamiento basal que permita el plan de ampliación.

2) Gratuita

Esta demanda se basa en una posición política frente a cómo se entiende la educación: ¿es un derecho social o un bien de consumo? La respuesta a esta pregunta quedó clara durante el 2011. Para quienes creemos es un derecho social, no debe pagarse, ni utilizar términos de mercado como “aranceles”, “voucher”, entre otros.

Esto es lo más delicado, el punto clave del gobierno de Michelle Bachelet, lo que anuncia en todos sus discursos, sea en la región que sea o sea del tema que sea. Sin embargo, suele omitir un tema delicado. En su programa de gobierno, por el cual los chilenos la eligieron, decía textual: “Avanzaremos gradualmente a la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará 6 años” y eso no lo ha cumplido ni pretende hacerlo. En cambio, en el Proyecto de Ley, en su artículo transitorio trigésimo tercero, propone un cronograma que niega la gratuidad “universal y efectiva” y no ofrece plazos claros. Para que nos hagamos una idea, en la discusión parlamentaria se hizo una estimación en la que recién alcanzaríamos la gratuidad universal en el año 2070.

Por otro lado, la Confech propone un nuevo sistema de financiamiento en que se alcance la gratuidad universal a través del financiamiento a instituciones públicas y privadas que cumplan con estándares mínimos que aseguren calidad -ver siguiente punto-. Esto deberá hacerse a través de fondos basales y no como una beca, como es ahora. No hay que confundirse y pensar que la Confech quiere toda la educación gratuita ahora, sino que se den plazos concretos. Pareciera mucho pedir, pero Chile no merece una “transición” que sea eterna, nuevamente.

3) De calidad

Chile tiene uno de los peores sistemas de acreditación, que es voluntario para instituciones y carreras -salvo medicina y pedagogía- y que ha sido cuestionado ampliamente por irregularidades y conflictos de interés. Además, las exigencias para abrir una universidad son muy bajas. Así nacieron y murieron universidades como la Universidad Mariscal Sucre, Universidad Las Condes o Universidad Contemporánea -por nombrar a unas menos conocidas que la Universidad del Mar-. Asimismo, no se tiene control del uso que se da a los recursos públicos ya que no hay transparencia alguna. Un dato -sospechoso- es que 7 de las 10 instituciones que más recibieron aportes a través del CAE están siendo investigadas por lucro. Pero también podríamos agregar otros elementos que no son fáciles de medir, pero que dan luces de la calidad dentro de cada institución: el autoritarismo cuando se persigue y amedrenta a estudiantes o la reproducción de lógicas sexistas y racistas en las salas de clases y trabajos.

Frente a esto, el gobierno ha propuesto un sistema nacional de aseguramiento de la calidad basado en la actual Comisión Nacional de Acreditación, ha impulsado una serie de cambios burocráticos para evitar los conflictos de interés y ha propuesto la obligatoriedad de la acreditación a las instituciones. ¿Cuál es la letra chica? no tiene definición concreta de qué entiende por calidad y propone que recién para el 2045 se acrediten en todas las áreas. Entonces, imagínense: si yo ahora tuviera una hija, ella crece y cumple los 18 años y postula a la Universidad, ¡todavía ahí seguirán existiendo universidades de mala calidad! Ya parece un fanatismo por las transiciones eternas.

“Acá los estudiantes se caen, no proponen nada en calidad”. Eso se dice fácil y rápido, pero es falso. La Confech propone un “Marco Regulatorio” que, en palabras sencillas, es una definición concreta de calidad. La institución de educación superior, cualquiera sea esta, debe cumplir con una acreditación en la gestión, docencia, investigación y extensión: una buena gestión se entiende como el aseguramiento de la libertad de asociación de sus miembros, participación de los estamentos -triestamentalidad- y transparencia en el uso de los recursos; para una buena docencia las instituciones deben tener infraestructura suficiente, no debe ser sexista y debe apuntar a ser inclusiva e intercultural; la investigación debe responder, en parte, a una Estrategia Nacional de Desarrollo que identifique los principales desafíos para cada región y los resultados deben ser de libre acceso, ya que el conocimiento es de aquellas pocas cosas que, compartiéndose, se fortalece; y en extensión se deben tener programas que respondan a los problemas estratégicos de las regiones y las políticas públicas.

4) Sin lucro

El lucro es la muestra más clara de cómo el sistema privatizado tocó fondo: los recursos que deberían ser para mejorar la educación, se van a los bolsillos de unos pocos. Cada peso que se va al lucro es un peso menos que va a mejorar la calidad. El problema actual es que algunas instituciones siguen lucrando. Por ejemplo, los CFT e IP pueden lucrar y las universidades, aunque lo tienen prohibido, lo hacen igual a través de entidades relacionados (se pasan la plata a través de otras empresas de un mismo dueño).

Michelle Bachelet propone en el Proyecto de Ley una Superintendencia, la misma que propuso el gobierno de Piñera. De esta manera se fiscalizaría el lucro sólo de las instituciones que reciban fondos públicos y se penaliza a quien lo incumpla. Letra chica: los CFT e IP que no reciben financiamiento público, se les deja abierta la posibilidad de lucro. Adicionalmente, el castigo por lucrar -reclusión menor en su grado medio- es tan bajo que probablemente nadie tenga que pagar con cárcel.

Acá la Confech propone algo bastante sencillo, se busca coherencia en el gobierno: lo que se prohíbe para las universidades debe extenderse a las demás instituciones, como los CFT e IP. Es difícil sostener una posición intermedia, o se está a favor o en contra del lucro en la educación. Lo mismo ocurre con la pena, ya que se propone que debe llegar a tener una pena aflictiva, cumpliendo con cárcel quien ose a destinar los recursos de educación para otros fines.

5) Sin deuda

Según la Comisión Ingresa, que administra el CAE, son 808.366 estudiantes que han solicitado el crédito. Con ese dato, más una estimación de quienes han recurrido a otros mecanismos como el Fondo Solidario, Crédito Corfo, créditos bancarios o con las mismas casas de estudio, fácilmente estaríamos superando el millón de endeudados por estudiar. Si nos quedamos analizando el CAE -su interés y cláusulas abusivas, su extensión en años, entre otras- podemos afirmar que existe un consenso en lo injusto que resultó esta política pública. Pero siguen habiendo temas tabú respecto al endeudamiento que pueden significar una bomba de tiempo que nos puede explotar en la cara sin darnos cuenta. En primer lugar, muchos estudiantes no saben cuánto es lo que deben hasta cuando ya egresan y no saben que cuando están estudiando los intereses se acumulan y probablemente tengan que pagar 10, 20 o 30 millones.

En segundo lugar, poco se habla de quienes desertan de la educación superior e igualmente tendrán que pagar el crédito sin tener un cartón, que sólo para el CAE son más de 80.000, es decir, casi dos estadios nacionales llenos, de los cuales un 71,6% se encuentran morosos -datos Fundación Sol-. Por último, se puede discutir sobre las reales expectativas de trabajo de quienes egresan y la escasez de empleo o subempleo a la que se enfrentan los endeudados egresados, que poseen un 28,7% de morosidad. Tres ámbitos del cual poco se sabe.

Este es el punto más cojo del gobierno. Se comprometieron a eliminar el CAE, pero no han dicho cómo se va a reemplazar. Lo que se sabe es que buscarán otorgar un crédito desde el Estado, que es la misma propuesta que realizó el ministro Harald Beyer. Respecto a la condonación, han dicho incansablemente que es “imposible”. ¿Letra chica? han afirmado esto sin siquiera compartir los datos de cuántos endeudados existen y cuáles son los montos que deben, ni aclarando que el Estado ya ha pagado más de la mitad de las deudas (2,6 billones de dólares) del CAE a los bancos por recompra y sobreprecio.

La Confech acá propone que los recursos que hoy se destinan al CAE, que corresponden al 36,5% del presupuesto en educación superior se destinen a gratuidad. Respecto a la condonación, se parte de la base que el formato endeudamiento fue ilegítimo, fue una estafa tal como lo fueron los créditos habitacionales que se dieron por las casas COPEVA y luego tuvieron que ser indemnizados. Se debe hacer un estudio serio para ver los mecanismos de condonación, por eso se ha solicitado al Mineduc transparentar los datos ocultos del sistema y se ha convocado a una Mesa Social y Técnica para elaborar alternativas al CAE y para la condonación.

En definitiva, estos 5 puntos no han sido incorporados en los distintos proyectos de ley y siguen sonando en las consignas de los estudiantes con justa razón. Los estudiantes han jugado en todas las canchas: han ido a más de 20 reuniones con la ministra, incluidas mesas de trabajo, han ido a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y han presentado más de 50 indicaciones, de las cuales han sido declaradas inadmisibles o han sido rechazadas. Particularmente, cabe destacar el artículo respecto al Marco Regulatorio, el que no se alcanzó a discutir en su contenido por la falta de voluntad del Mineduc.

En paralelo, se ha visto cómo la Nueva Mayoría ha escuchado más las presiones de otros actores: respondió al CRUCH cuando le aumentó sus atribuciones en el sistema de acceso y al eliminar el FICA; respondió a la demanda entablada por el Rector de la UC al retornar los montos del AFI; y respondió a las presiones de la derecha para llevar la ley al Tribunal Constitucional, al eliminar todos los principios del articulado de la ley, disminuir las atribuciones de la Subsecretaría y eliminar el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad. Esta es una señal política que re-actualiza el viejo refrán: el que no llora, no mama.

Entonces, se entienden los llamados a radicalizar movilizaciones por parte de la Confech.  Con la transversalidad y capacidad de convocar a la ciudadanía, el movimiento social por la educación está buscando pasar la cuenta por haber utilizado las consignas y no haberlas traducido a propuestas concretas. Está claro que cada chileno o chilena en la calle, es un golpe a sus intereses de cerrar los proyectos a la rápida, para “salvar” el año electoral.

Los estudiantes quieren una reforma, pero una que acabe definitivamente con los pilares de un modelo que sigue en crisis.


Director del Centro de Estudios de la Fech