“¿Desea que Catalunya sea un Estado independiente con forma de República?”. Esa es la pregunta que el pueblo catalán responderá el próximo 1 de octubre. Así lo anunció este viernes el presidente catalán, Carles Puigdemont, en un acto en el que estuvo acompañado por todos los miembros de su gobierno.

Con este anuncio, finalmente, el ejecutivo da respuesta a la mayor parte de los sectores del independentismo, que durante las últimas semanas habían reclamado que se anunciara ya la fecha y la pregunta del referéndum sobre la independencia.

Durante su comparecencia, el mandatario catalán recordó todos los intentos fracasados que los independentistas han hecho para abrir el diálogo con el Estado español y también repasó la historia del reciente movimiento independentista, desde que el Tribunal Constitucional recortó un Estatuto que tanto el gobierno regional como la ciudadanía ya habían aprobado. “Venimos de una larga colección de negativas y decepciones”, señaló el presidente catalán.

Pese a que durante los últimos meses el gobierno ha intensificado su esfuerzo por pactar la votación con el gobierno español, hoy decidió dar inicio a la vía unilateral al referéndum. Con todo, los máximos mandatarios catalanes recalcan que estarán abiertos al acuerdo “hasta el último minuto” antes del 1 de octubre de este 2017.

Sin embargo, no parece que esta sea la intención del presidente español Mariano Rajoy, que este viernes reiteró nuevamente que este referéndum no se llevará a cabo. Según informa eldiario.es, desde Madrid aseguran que disponen de diferentes vías legales para impedir que el gobierno catalán materialice una llamada a las urnas, entre ellas la suspensión de diferentes organismos o altos cargos del gobierno, por la vía del Tribunal Constitucional. Además, durante las últimas semanas, diferentes representantes del Partido Popular, el partido del gobierno, mencionaron el artículo 155 de la Constitución, que conferiría poderes al Gobierno central para suspender todo o parte del Govern catalán.

El ejecutivo catalán dispone ahora de menos de cinco meses para poner en marcha los preparativos del referéndum: la campaña institucional, la logística de la votación y la acomodación legal de la votación, la más polémica de las tres basada en la aprobación de una ley de Transitoriedad Jurídica que tiene que servir de para dar amparo legal a la consulta y, en caso de que salga el “Sí” como opción, proceder a la desconexión de facto de la legalidad constitucional española.