Mucho se ha hablado de la decisión de la Fiscalía de no continuar con la investigación del secuestro y torturas del que fue víctima el lonko Víctor Queipul y de las críticas que Amnistía Internacional ha manifestado a dicha decisión. La Fiscalía se ha defendido con un argumento principal: que el lonko y su abogada no habrían colaborado en el desarrollo de las diligencias investigativas necesarias.

Sin embargo, si lo anterior es así o no es irrelevante para la conclusión de que el cierre de la causa es prematuro. Cerrar el caso simplemente porque “el lonko no colaboró” implica ignorar dos elementos de su historia que hacen que requiera un tratamiento especial.

En primer lugar, el delito de que se trata el juicio. Los hechos relatados por el lonko Queipul hacen muy probable que estemos frente a la comisión del delito de tortura. Su secuestro se produjo dentro del marco de un operativo policial, por lo cual es posible que Carabineros hayan estado involucrados, ya sea en la comisión o bien en no impedir que sucediera. Y el maltrato fue tan grave que el lonko realmente creyó que iba a morir ese día. El Estado tiene una obligación, de cara a los tratados internacionales de derechos humanos, no sólo a respetar la prohibición de tortura, sino también de garantizar que ninguna persona la sufra. Esto último implica una obligación especial de investigar, juzgar y sancionar la tortura, no sólo para reparar a la víctima, sino por un interés incluso más allá: dar garantías de no repetición.

En segundo lugar, las circunstancias particulares del lonko Queipul. Es una autoridad tradicional, que tiene un rol público de defensa de su territorio y sus comunidades. En gran medida por esa razón, tiene una larga historia de tortura, criminalización y amenazas. Cuando Amnistía Internacional se entrevistó con él, nos relató que su primera experiencia de tortura fue cuando era un adolescente, siendo víctima y además presenciando actos de tortura de sus familiares. En diciembre de 2014, sin ninguna explicación, vivió el incendio de la casa que ocupaba junto a su familia, investigación que la Fiscalía también cerró sin resultados. Antes del incendio había sido víctima de múltiples amenazas, que le hicieron recordar hechos similares vividos por otros líderes mapuche, como Víctor Ancalaf en 2000 y 2001.

Su comunidad entera se ha visto afectada por violentos allanamientos por parte de las policías – el mismo secuestro se produjo en medio de un operativo policial que dejó el interior de su hogar lleno de gases lacrimógenos, afectando incluso a una bebé. Ha sido imputado por múltiples delitos relativamente menores, en todos ha optado por ir a juicio (y no salidas alternativas) y hasta ahora en ninguno ha sido condenado. El Fiscal que investiga la causa por su secuestro y torturas es el mismo fiscal que lleva una de las causas abiertas en contra del lonko por desórdenes públicos. Tras su secuestro, el lonko está en constante tensión y alerta: yo misma lo vi cuando lo entrevistamos en octubre del año pasado cómo miraba cada vehículo que pasaba por el camino aledaño a su casa.

No es de extrañar entonces, que desconfíe de diligencias que requieren tener presencia policial dentro de la comunidad. No nos extrañó que ya en ese momento nos haya dicho que tenía poca fe en la investigación de su secuestro, que él sentía que cuando la víctima es mapuche, el interés por investigar no es el mismo que cuando el mapuche es imputado.

Todo esto, en su conjunto, acarrea responsabilidades especiales para el Estado. La investigación de la tortura es una obligación para el Estado, como lo es asegurar protección a defensores de derechos humanos. Decir simplemente que el lonko Queipul “no quiere colaborar” no es suficiente para eximir al Estado de esta obligación, menos aún cuando el actuar de la Fiscalía no ha contribuido en recuperar la confianza perdida del lonko en la justicia. El lonko no es imputado en este caso: es una víctima de tortura, que debe ser tratada con la debida consideración.

Nuestra esperanza es que – ahora sí – la Fiscalía tome la oportunidad de avanzar en este asunto. Quizá hasta ahora no había considerado la gravedad que esto tiene, como venimos diciendo desde diciembre del año pasado. Pero ahora está la querella por torturas presentada por el INDH, que adjunta además el informe pericial de una experta en aplicación del Protocolo de Estambul que entrevistó al lonko. El relato del secuestro y torturas que el lonko entregó al INDH, el que dio a Amnistía Internacional en octubre del año pasado y el que dio a la experta según plasma en su informe de septiembre de 2016, es sólido. La experta además concluye que los efectos sicológicos que vive el lonko hoy son consistentes con haber experimentado tortura. Quizá esto sea suficiente para que la Fiscalía busque maneras de avanzar, de realizar proactivamente las diligencias que no requieren de la colaboración del lonko, tener flexibilidad para realizar las diligencias que sí lo necesiten con sensibilidad por su cultura y su experiencia como víctima de tortura, e intentar construir la confianza de que, al menos en casos tan graves como éste, la justicia también puede operar en favor del mapuche.


Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile