El 23 de febrero de 2013 el diario La Tercera elogiaba a las galerías comerciales existentes en el centro de la ciudad de Santiago. Algunas de ellas, pulcros pasajes peatonales bajo techo, son Monumentos Nacionales bajo la categoría de Monumentos Históricos regidos por la Leyº 17.288, custodiada por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y otras tantas están declaradas, ya sea como individualidades o como Zonas, con la figura de Conservación Histórica en la Ordenanza del Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago.

La galería Imperio, cuyo acceso principal estaba en la calle Huérfanos 830, entre San Antonio y Estado, fue construida en el año 1955 y remodelada en 1978 en el período en que ejercía como alcalde el civil Patricio Mekis. En el año 2011 la adquirió el grupo económico de Álvaro Saieh, dueño del diario que celebraba la existencia de las galerías y la adquisición no fue para mejorar sus espacios interiores y los locales comerciales, con las autorizaciones establecidas en la institucionalidad. 

Por el contrario, como su altura era reducida y como ese empresario todo lo mide en beneficios económicos y plusvalías, hizo gestiones con sus disciplinados testaferros para demolerla y levantar allí un mall denominado Vivo con 12 pisos de altura.

Debido a que dicha galería no se podía aniquilar porque estaba emplazada en la Zona A de Conservación Histórica A1- Micro Centro del PRC de Santiago, es decir, estaba protegida por constituir un patrimonio había que hacer pillerías. Solo si tenía daños estructurares era factible eliminarla y en tal sentido era obligatorio que un arquitecto firmara un informe en el cual debía fundamentar las razones de seguridad o de fuerza mayor que harían recomendable la demolición de la galería y, sobre la base del contenido de ese documento, el Director de Obras Municipales (DOM) de Santiago estaba en condiciones de resolver si era procedente o no la demolición. La última palabra, conforme el artículo 60º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la tiene el Seremi de Vivienda y Urbanismo.

Sin contar con el mencionado informe técnico porque la galería estaba muy bien asentada, un arquitecto de esos que se prestan para cualquier trámite por impúdico que sea, le pide en agosto de 2011 al arquitecto jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, su autorización para demolerla. Paradojalmente ese arquitecto de Saieh es el mismo que intervino para que se vulnerara, tal como fue dictaminado por la Contraloría, la reglamentación urbana de Copiapó para dar paso a otro mall, del grupo económico Falabella, en esa ciudad.

Ese funcionario público le responde al arquitecto privado que la iniciativa comercial propuesta era improcedente por una serie de contundentes explicaciones. Entre otras cosas, la autoridad administrativa sectorial le contestó al particular pedigüeño que la intervención propuesta no armonizaba con las edificaciones del entorno y sus características arquitectónicas, “afectando desfavorablemente el carácter y valores patrimoniales del referido Sector de Conservación Histórica”.

Luego, el aludido funcionario del Minvu cumplió a cabalidad su cometido, pero recordemos que en la fecha de la compra de la galería Imperio por parte de Saieh, quien gobernaba el país era Sebastián Piñera, de tal forma que el rechazo oficial de la demolición para concebir un espectacular negocio inmobiliario privado perfectamente podía ser revertido en aras de los buenos negocios. Ya sabemos que las volteretas son recurrentes y se producen según las fortalezas de quienes son contrapartes.

Y así fue como operó perfectamente la corrupción del anterior Gobierno y el 6 de marzo de 2013, el mismo funcionario que exigía el cumplimiento de la ley respecto de los inmuebles de Conservación Histórica, borró con el codo lo que escribió anteriormente con sus manos en el computador.

Es evidente que este funcionario de carrera recibió precisas instrucciones de sus habilidosos jefes para que se aprobara el desplome de la galería y en su nuevo informe decía que ahora “la intervención propuesta no afecta el carácter y valores patrimoniales de la referida Zona de Conservación Histórica” (sic). Con esta obscena aprobación Saieh obtuvo el 25 de julio de 2013 dos permisos de edificación, números 15.386 y 15.387, para levantar su proyecto de alta carga de ocupación. Como era de esperarse, dichos permisos no fueron firmados por el Director de Obras titular, sino que por un avispado subrogante.

La fundación Defendamos la Ciudad tuvo que denunciar este vil comportamiento anti mercado en la Contraloría, ente fiscalizador que en sus 3 dictámenes números 72776, 22791 y 17766, de fechas 10 de septiembre de 2015, 24 de marzo de 2016 y 17 de mayo de 2017, respectivamente, dejó en evidencia una seguidilla de ilegalidades, una referida al exceso de altura: 43 metros en lugar de los 35 metros permitidos. Por ello, se instruyó un proceso disciplinario en contra de los funcionarios municipales que intervinieron en la tramitación de los permisos.

Dado que en esta trucha operación comercial su titular obtendrá una indebida mayor ganancia económica, la que es una de tantas en ese municipio, le solicitamos una entrevista al alcalde Felipe Alessandri para que él tomara las acciones punitivas de rigor en contra de sus funcionarios que se prestaron para hacer trampas. El alcalde nos contestó que su agenda estaba muy recargada de compromisos, ante lo cual le replicamos que él debía atenerse escrupulosamente a las categóricas conclusiones de la Contraloría.

Hemos dejado este testimonio como una muestra de la descomposición existente en nuestro país y por ello, nuevamente expresamos que a la Contraloría hay que entregarle mayores recursos, modificando su ley orgánica para que sus resoluciones siempre sean obedecidas por los servicios del Estado que ella fiscaliza. Lo anterior, debido a que por el laissez faire imperante, en una de esas la Municipalidad de Santiago indignamente incumpla el contenido de los 3 mencionados dictámenes.


Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad