Una llamada urgente del ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, hizo que la archivera -o, como precisa ella, “exhumadora de archivos”- y directora de Derechos Humanos, Stella Segado, se presentara en el sótano del Edificio Cóndor, casa de la Fuerza Aérea en Buenos Aires.

Durante una limpieza, casi de casualidad, se había dado en 2013 con una pequeña habitación cerrada ubicada en el subsuelo del edificio. Al abrirla, se encontraron más de 1.500 documentos que mostraban, en palabras de Stella, “el marco político y burocrático de la muerte”. Se refería a la política de la dictadura más sangrienta de Argentina, que tomó lugar entre los años ’76 y ’83 luego del golpe militar de Jorge Rafael Videla.

Tras abrir los armarios cerrados con una “moladora”, a Stella y su equipo se les vinieron seis meses de trabajo para procesar, sistematizar y digitalizar los documentos. La intención era liberar estos documentos y que la sociedad se apoderara de ellos. Gente que le tocó vivir persecución política al fin pudo ver su nombre en las “listas negras” de la época. Actualmente se pueden ver en la página de Archivos Abiertos.

El portal -que es parte del sitio web del Ministerio de Defensa- también cuenta con la documentación relativa a otros casos, como documentación relativa al conflicto por las Malvinas, al Penal de Magdalena y el archivo del almirante Isaac Rojas, autor del golpe contra Juan Domingo Perón en 1955. El archivo de Rojas fue traspasado por sus hijos a la Armada luego de su muerte y fue publicado en 2014.

Entre otras cosas, contiene documentos que prueban de forma definitiva las teorías de Rodolfo Walsh respecto a los tiempos de los fusilamientos de José León Suárez, relatados con maestría en su libro “Operación Masacre”.

Para hablar de toda esta experiencia, Stella Segado fue invitada a participar del Tercer Seminario Interdisciplinario sobre Archivos en Chile (SIAC). También para llevar adelante una iniciativa conjunta entre la organización de la que es parte, Territorios Clínicos de la Memoria (TeCMe), y espacios como Londres 38 y el Archivo Fech -lugares que visitó la semana pasada-.

Segado asegura haberse sentido “impactada” por lugares como Londres 38, así como muy interesada en generar un trabajo en conjunto de memoria a nivel regional. “Es fundamental en un punto donde en Argentina existe un nuevo gobierno con un tinte neoliberal y que está retrocediendo en muchas de las políticas públicas que se llevaban adelante”, asegura en conversación con El Desconcierto.

Daniel Miranda

-En las reuniones que ha tenido estos días, ¿cuál es el principal mensaje que ha buscado transmitir?
-Lo principal es que nosotros tuvimos un proceso mucho más largo de democracia que en Chile. Empezamos el ’83. Los resultados recién empezaron a manifestarse a partir de 2013, llevó muchos años. Ese es el mensaje: “esto lleva años”. Hay que tener la paciencia de ir empujando desde la sociedad civil. No con desazón, sino con esperanza.

-¿Qué carencias ve en Chile en esta materia?
-Me parece que todavía le falta a Chile poder hacerse de sus archivos, que las víctimas sean dueñas de sus propios testimonios. Es como que les hubieran robado la voz.

-¿Cómo manejaron la relación con las Fuerzas Armadas en Argentina para facilitar estos avances?
-Fue un largo proceso. En principio se modificó desde iniciada la democracia la ley de Defensa Nacional. El primer hito fue sacar a las FF.AA. de la Seguridad de Interior, una división fundamental. Después hubo otras, como que dejara de existir la justicia militar. Cualquier situación irregular de un militar va a la justicia civil. De nuevo, es un proceso largo, y Chile tiene menos años de democracia y menos aún desde que muriera Pinochet. Hay que empoderar a la sociedad civil, hacer que esté pidiendo esto.

-¿Cómo se genera ese interés?
-Es difícil. Ahora, yo creo que el trabajo que realizaron las familiares fue muy fuerte y ha sido constante. Esa conciencia se mantuvo.

-Un tema capaz de movilizar gente en materia de Derechos Humanos acá ha sido el debate sobre si dar o no libertad a los presos de Punta Peuco por “condiciones humanitarias”. ¿Cómo has visto esto, desde la experiencia en Argentina?
-También fue una lucha, porque en un principio los militares iban a una cárcel militar. Después se modificó, se pasó al servicio penitenciario. Fue una de las medidas de la ministra Nilda Garré. Sacaron a todos los militares que custodiaban a los generales. El primer paso fue pasarlo al servicio penitenciario, el segundo fue solicitar que se enviaran a una cárcel común. Esto se está modificando en el gobierno nuevo. Algunos volvieron a Campo de Mayo y otros ya tienen domiciliaria. Vendría a ser esto de lo “humanitario”.

-¿Qué opinas de esto?
-No estoy de acuerdo en lo más mínimo. No es un privilegio que tuvieron los asesinados o desaparecidos. Ellos tuvieron la posibilidad de un juicio justo y una condena, mientras que los ejecutados no lo tuvieron. Fabiana Russo, que es mi compañera en TeCMe, habla siempre de la perversión de la palabra. Llamarle “sentido humanitario” en relación a alguien que asesinaba es pervertir la palabra.

-¿Cómo fue la reacción a la experiencia de trasladar a violadores de los Derechos Humanos a cárceles comunes?
-Por supuesto que los grupos que acompañan a los militares hicieron actos de protesta, pero son mínimos. Hace unas semanas atrás la Corte le dio el beneficio del 2×1 a un represor con una ley que ya estaba derogada. Un fallo acorde al nuevo gobierno, sentando un precedente para que todos empiecen a pedir el 2×1. Y la sociedad salió en un 80% a las calles, incluso con gente que votó a este gobierno, a decir que “represores en la calle no”. Hay un contrato social ya base en Argentina.

-¿En qué otras cosas crees que el gobierno de Macri se ha salido de esa base?
-Una cosa fue la frase de cuando llegó que dijo que con él se acababa el “curro” de los Derechos Humanos, que negó el número de 30 mil desaparecidos, diciendo que eran menos. Esas son cosas que no se discuten dentro de la sociedad. En esas cosas el punto cúlmine fue el 2×1 y la gente dijo “bueno, basta”.

Manuel José Pincheira

Tras las reuniones que hubo con las organizaciones chilenas de memoria, la nueva coordinación al menos ya se fijó algunos objetivos: interpelar al Poder Judicial y a Hugo Dolmetsch a que entreguen los Archivos de la CNI incautados a la Fundación Salvador Allende en 2005; interpelar al Estado a que se haga cargo en el reconocimiento e identificación de documentos relativos a violación de los DDHH; desacreditar el argumento de que los Archivos de la represión no están ni existen; y avanzar en la generación y articulación de una Red Latinoamericana de Protectores de la Memoria por la Liberación de Archivos de la Represión.

“La Operación Cóndor nos marcó en conjunto, y es desde ese lugar donde tenemos que acompañarnos para que se abran los archivos que faltan”, dice Segado.