Chile tiene una historia convulsionada respecto de cómo trata a sus trabajadores. Desde la esclavitud de las encomiendas, se perdieron incontables vidas hasta que en el siglo XX el movimiento obrero comenzó a lograr victorias en derechos fundamentales, a quienes les debemos el día de descanso, las pensiones de retiro y seguro laboral. Si bien hoy todos consideramos estos derechos mínimos y naturales, en su momento se consideraron escandalosas solicitudes de una clase obrera desagradecida y con ideas utópicas. Actualmente miramos al pasado con condescendencia, y nos decimos que tales abusos son cosas superadas en un país que se enorgullece de crecer económicamente, levantando edificios de vidrio y centros comerciales en cada rincón de nuestra geografía.

Sin embargo, la explotación laboral no sólo persiste en Chile, sino que se ha agudizado hasta alcanzar niveles de precarización escandalosos para un país que muchos ya tachan como desarrollado. Esta explotación ha tomado forma en el fenómeno de la subcontratación, la que ha aumentado explosivamente bajo las banderas de la eficiencia y la externalización de costes a la sociedad. Sólo en la industria minera, dos de cada tres trabajadores son subcontratado. Curiosamente, la precarización y explotación laboral no sólo ha sido impulsada por el Estado chileno, sino que también ha sido completamente adoptada en el mismo seno de sus dependencias gubernamentales, a través de una política continua de subcontratar profesionales en cargos que antiguamente eran de planta fija, los llamados “honorarios”.

Según la Dipres, los trabajadores a honorarios se han triplicado en la última década, alcanzando hoy en día los 300 mil en total. Estos trabajadores cumplen horarios, visten ropas con logos institucionales y llevan a cabo importantes tareas y programas al servicio del país, pero son considerados empleados de segunda clase sin contar con ninguno de los beneficios que un trabajador de planta posee. Los honorarios “boletean”, implicando que no cotizan en una AFP, no pertenecen a una isapre, no reciben bonos de producción y pueden ser desvinculados en cualquier momento sin recibir compensación alguna. Tal situación ha sido denunciada como de “ilegalidad absoluta” por Giorgio Merino, abogado y fundador de soyhonorario.cl, y ha sido ampliamente criticada por organismos internacionales ante la indefensión total en la que deja a los miles de trabajadores ante despidos arbitrarios, sobrecarga laboral y todo tipo de acosos y abusos laborales.

Así, los trabajadores a honorarios muchas veces se hallan totalmente indefensos ante las groseras asimetrías de poder que enfrentan, sobre todo cuando levantan denuncias sobre la explotación de la que son víctimas. El ejemplo más reciente ha sido la grave denuncia por maltrato y acoso laborales sufridos por los funcionarios de la Seremi de Desarrollo Social de Antofagasta. Esta denuncia ejemplifica las extremas contradicciones del estado chileno: ¿cómo es posible que el estado vele por el bienestar de los trabajadores en general, cuando sus propios organismos vulneran abiertamente los derechos de sus trabajadores? ¿Cómo esperamos alcanzar el anhelado desarrollo social, cuando el organismo estatal a cargo de promover el desarrollo es denunciado por violar derechos sociales y laborales mínimos? Estas son preguntas urgentes que debieran responderse a la brevedad, tanto por la sociedad civil como por sus actuales y futuras autoridades estatales; que determinarán, finalmente, la calidad del funcionamiento estatal en su meta por alcanzar el desarrollo.


Académico y director del ORDHUM, Universidad Católica del Norte