La posición de la política exterior chilena frente a Bolivia se sostiene en la argumentación de que no existen problemas territoriales limítrofes, tampoco uno referido a la soberanía marítima porque todo está resuelto y regulado por el Tratado de 1904, condición que para nuestro país se rige por el principio de la intangibilidad. Se deriva de lo anterior que si bien se reconoce una aspiración boliviana- una salida soberana al mar- no hay problemas vigentes con Bolivia.

Que Chile haya sido llevado ante La Haya y que desde el fracaso de la agenda de “los trece puntos” la conducción de la política exterior nacional tiene una característica esencialmente reactiva, de responder permanentemente a acusaciones y declaraciones internacionales del gobierno de Evo Morales, que sistemáticamente están afectando la imagen internacional de nuestro país ante la comunidad internacional; que Bolivia siga ganando adhesiones y solidaridades –desde el Papa a diversos gobiernos- expresa, claramente, que Chile está enfrentado a un problema. No por insistir en que el mismo no existe, el problema no es tal. En síntesis, como no hay un problema, no hay conflicto.

Cualquier lógica política, diplomática y hasta de sentido común, señala que si en una relación bilateral –marcada por la inexistencia permanente de relaciones diplomáticas a nivel de embajadas desde hace 39 años, es que hay, objetivamente, un problema y que el mismo, por el bien de las relaciones internacionales de Chile y de su política exterior, éste debe ser aceptado, reconocido como tal y objeto de una aplicación profesional, a nivel de formulación y de toma de decisiones.

Daría la impresión que la gestión diplomática, en este sentido, incluyendo, las interpretaciones y posiciones de sus equipos y asesores, tienen una visión errada de la realidad, motivada, a mi juicio, por cuestiones de abordaje diplomático y de fragilidad de conocimientos.

En primer lugar, si en una relación bilateral una de las partes sostiene que hay un conflicto, la única verdad es que efectivamente hay un conflicto. Negarlo es persistir en el error y en la continuidad de una situación de conflicto. El primer problema entonces es cómo enfrentar el conflicto, luego del punto inicial: aceptar su existencia.

Lo segundo es abordarlo. Para esto, se requieren dos criterios: uno, una visión de lo que política y diplomáticamente es correcto; lo segundo reconocer la existencia de un “estado de situación” que no necesariamente –y en este caso en particular este hecho resultad fundamental- ambos actores leen desde la misma perspectiva. Y para el eje de este análisis, mi impresión es que la gestión diplomática chilena no entiende nada de lo que hoy es el llamado Estado Plurinacional de Bolivia.

¿Cómo debe enfrentarse el conflicto? Existen tres criterios sin los cuales no puede alcanzarse ningún camino de resolución de un conflicto que corre el riesgo de transformarse en una crisis internacional.

En primer lugar, cómo definir y desarrollar intereses comunes que constituyan la base de los acuerdos posibles; en segundo lugar, cómo definir los intereses fundamentales, es decir las demandas esenciales y justas de cada parte, cuya satisfacción es necesaria para cualquier arreglo posible; finalmente, cuáles deben ser los principios éticos del diálogo a desarrollar para avanzar en el proceso.

El segundo punto es que Chile debe aceptar que Bolivia ya no es el Estado westfaliano, heredero de una visión hegeliana común que Chile acepta desde el inicio de su Independencia.

Resulta sorprendente que la diplomacia chilena critique acciones que representantes gubernamentales y diplomáticos bolivianos han ejercido en nuestro país, acusando a Bolivia de no ceñirse a los principios de una diplomacia westafaliana, cuando, por absoluto desconocimiento, no se entiende que lo que los representantes bolivianos simplemente hacen es ejercer formas de diplomacia que derivan de su original y distinto tipo ideal de Estado, el “Estado Plurinacional”; entre ellas –y junto con la clásica diplomacia westfaliana- la “diplomacia de los pueblos” y la “paradiplomacia”; ambas no reconocidas por Chile.

Por más que las autoridades y asesores diplomáticos y gubernamentales chilenos no lo acepten, hoy existe en el vecino país un modelo ideal de Estado, que no tiene nada que ver con el modelo ideal chileno. Si se entendiera esto y se comprendiera que ese Estado, refrendado por su Constitución de 2009, estableció en su  artículo 267 la reivindicación marítima como un derecho irrenunciable e imprescriptible; pero además contempla un mecanismo a través de la Disposición Transitoria Novena, para renegociar aquellos tratados internacionales anteriores a esta Constitución y que sean contrarios a ella, en un plazo de cuatro años desde la elección del nuevo órgano Ejecutivo; situación en la que estaba el Tratado de 1904 y el plazo para utilizar este mecanismo se cumplía en el año 2012.

En síntesis, por desconocimiento nuestro no se entendió que todo lo que hizo Morales en relación a la soberanía marítima y todo el accionar de sus diplomáticos y funcionarios, desde 2012, era previsible porque estaba establecido en su texto constitucional.

Obviamente, Chile necesita revisar sus puntos de vista.


Ph.D. Profesor Titular de la Universidad Arturo Prat e Investigador del INTE