A las 18:30 horas de este martes 20, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados iniciará la sesión donde se votará la creación de un registro público de evasores del Transantiago. 

La iniciativa -que ha sido llamada informalmente como “Dicom del Transantiago”- fue presentada por el Ministerio de Transportes junto a una serie de otras medidas que pretenden fortalecer la fiscalización del Transantiago y frenar las cifras de evasión del servicio de transportes, que alcanzan el 31,4%.

La discusión del proyecto se inició el pasado martes 13 de junio en dicha instancia, donde se aprobó en general y aún se debaten las indicaciones que se le presentarán. Hace algunas semanas, el Consejo para la Transparencia propuso que dicho registro sea cerrado y que sólo tengan acceso a él las entidades públicas. “El CPLT cree que es conveniente limitar el tratamiento de los datos personales de los usuarios, exclusivamente, a efectos estadísticos o de políticas públicas de transporte y se opone a que este registro sea público, pues los datos son personales y se trata de información que no debe ser pública en ningún caso”, consigna Emol.

Estas recomendaciones contrastan con las indicaciones impulsadas por el Ejecutivo, que busca que el registro sea abierto. Ante esto, el Consejo advierte que “se podrían generar bases de datos con la información que, incluso, podría ser utilizada con fines discriminatorios” y quienes lo integren “podrían ser incluidos en ‘listas negras’, pudiendo afectar su ingreso al trabajo y al crédito, entre otros”.

Desde su anuncio, el proyecto ha recibido diversas críticas y uno de sus opositores más activos es el diputado por Santiago, Giorgio Jackson, quien hoy en una carta a El Mercurio ahondó en sus críticas. “Lamentablemente, el Gobierno está tomando dos polémicas decisiones. Primero, tratar todos los casos de evasión por igual, sin hacerse cargo del fenómeno. Segundo, establecer un registro público de evasores que, además de ser desproporcionado como medida sancionatoria, podría condenar a un ciclo de pobreza sin retorno a quienes menos tienen”, señaló.

Además, agregó que “lamentamos el doble estándar del Gobierno que, frente a la posibilidad de que el Ministerio Público pueda perseguir delitos tributarios, defiende ese ‘secreto’, pero a quienes, por distintas circunstancias, no hayan pagado su pasaje, propone condenar a un Dicom que dificultará su búsqueda de trabajo”.

Finalmente, el diputado realizó “un llamado a la Presidenta para que no empuje una ley de cuyas consecuencias podamos arrepentirnos, y acoja la unánime recomendación del Consejo para la Transparencia, para que el registro sea exclusivamente para la cobranza de multas y no sea de acceso público”.