Mauro Tamayo (IC), alcalde de Cerro Navia, acompañado del Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad, Francisco Pizarro y el Director Jurídico de la misma, Esteban Bravo, interpusieron una querella en el 5° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Luis Plaza (RN), ex alcalde de la comuna; Marcelo Torres, ex Secretario General de la Corporación Municipal y seis ex directores de la Corporación Municipal, por presunto fraude al fisco.

La querella se basa en las indemnizaciones millonarias que superan los 165 millones de pesos que los acusados se habrían otorgadi al al dejar sus cargos, y sin pasar por un proceso de fiscalización sobre su trabajo, que dejó una deuda de aproximadamente 17 mil millones de pesos para la comuna.

De este modo, la querella busca que Cerro Navia recupere los recursos otorgados entre los altos mandos de la Municipalidad y la Corporación Municipal y que se dicte una sanción penal para los acusados.

El alcalde Mauro Tamayo indicó que, como Corporación y Municipio actual, “hemos venido a interponer una querella por fraude al fisco en contra de Luis Plaza y altos ex funcionarios de la Corporación Municipal de Cerro Navia quienes a nuestro juicio han manifestado de forma clara el interés de defraudar -una vez más- a la Corporación Municipal. Nosotros hemos enfrentado diversas situaciones muy complejas de hacerles frente para que además ellos se queden con un botín adicional”.

Tamayo además complementó: “Hoy día hemos hecho una querella buscando que la justicia logre revertir estos cobros que están buscando que la Corporación les asigne, señalando un conjunto de hechos que a nuestro juicio falsean la realidad (…) Estas personas han estado durante años provocando diversas acciones que han ido en contra de la calidad de Educación y Salud en nuestra comuna”.

En tanto, el Director Jurídico de la Corporación Municipal de Desarrollo de Cerro Navia, Esteban Bravo, señaló que “lo que hicieron fue apropiarse de dineros que les corresponden a todos los chilenos en virtud de la siguiente forma: proceder a darse despido y no responder frente ante evaluar cómo habían administrado los dineros de la Corporación, habiéndola dejado con una deuda de 17 mil millones de pesos”.

De este modo, la querella busca que los fondos se reintegren al erario comunal y que se dicte una sanción penal para los infractores.