Un repaso histórico a las demandas indígenas y reconocimientos varios del Estado chileno ante el abuso dan cuenta de una inconsistencia que exige algo más que un feriado dedicado a los pueblos originarios, cree el antropólogo Claudio Espinoza.

“Quiero solemne y humildemente pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades”, dijo la presidenta durante la presentación del Plan Araucanía que tiene como finalidad concretar el reconocimiento y nuevas formas de participación y reparación de estas etnias. “Hemos fallado como país”, dijo Bachelet en la ceremonia en que aseguró reconocer “el dolor y las pérdidas que han afectado a las demás víctimas de la violencia rural en la región” y que sorprendió al mundo político.

Si bien el gesto es encomiable, los analistas llaman a evaluar el acto en un contexto mayor. En tal sentido, Claudio Espinoza, Doctor en Antropología y especialista en relaciones políticas, interétnicas y multiculturalismo, aclara que este tipo de reflexiones deben estar acompañas de medidas concretas. “Es indudable que es un gesto para valorar el que la primera autoridad del país se refiera a un tema como éste, pero hay algo que no coincide. No quiero ser aguafiestas, pero es necesario revisar esto en un contexto. Y aunque no me refiero en particular a que nos encontramos inmersos en una campaña electoral donde la coalición de gobierno no está en el mejor pie, sí me gustaría dejar en claro que el tema de fondo es de larga duración”, dice.

“Fue en este mismo gobierno que un intendente como Francisco Huenchumilla, nombrado por la misma presidenta Bachelet, que señaló que se ‘quemaría a lo bonzo’ para lograr paz social en la IX Región, pidió perdón y ofreció propuestas para tratar un tema conflictivo entre el Estado y el pueblo indígena, finalmente fue sacado de la intendencia para ser reemplazado por alguien que aportó muy poco a la discusión”, recuerda el director de la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Sobre un historial que remonta hasta muy atrás este tipo de señales, el académico define este tipo de políticas como un “acercamiento ambiguo”. Por ejemplo, cuenta que de 1911 data la Comisión Parlamentaria de Colonización en que “representantes del Estado de Chile reconocían los abusos y el despojo de las tierras indígenas en documentos oficiales que deben dormir en la Biblioteca del Congreso o las librerías de viejo. Desde entonces y mucho antes se ha oficializado que los mapuche tienen toda legitimidad y que el abuso hacia ellos es real y que, hasta hoy, no se ha hecho nada por repararlo”, señala Espinoza.

Un gesto valiente

En esa misma revisión, recuerda el perdón ofrecido por Patricio Aylwin en 1993 al pueblo mapuche. “Tengo la sensación de que él fue quien tuvo mayor sensibilidad por el tema indígena de toda la Concertación. Efectivamente, Bachelet ha dado cuenta de un discurso que apunta a un diagnóstico evidente: la necesidad de una nueva relación entre Estado y el pueblo indígena”, cree el antropólogo.

Reitera que un enunciado de esta magnitud debe ir acompañado de soluciones y prácticas para ir transformando de manera progresiva el estado de las cosas y avanzar en la búsqueda de acuerdos. “El gesto de la presidenta ha sido valiente y puede ser un hecho relevante si se trabaja en propuestas concretas que en la práctica no se han visto mucho”, señala sobre un proyecto que incluye medidas políticas, patrimoniales y económicas de reparación. Incluso un feriado nacional para el 24 de junio, Día Nacional de los Pueblos Originarios, que coincide con el inicio del año nuevo indígena.

“Aunque puedo ser considerado un pesimista, creo que todo proyecto ligado al multiculturalismo históricamente ha encontrado sus límites ante los intereses del modelo neoliberal”, dice Espinoza sobre cómo las represas e hidroeléctricas lograron sortear la Ley Indígena de Aylwin durante el gobierno de Eduardo Frei, inundando tierras ancestrales de la cultura mapuche.

“Si bien creo que entre la gente que participó en la comisión generadora de las medidas presentadas por la presidente hay un interés genuino de mejorar la relación entre el estado y el pueblo mapuche, hubo actores excluidos, que no participaron en dicha mesa, por ejemplo los alcaldes mapuche, o gente ligada a la CAM, representantes de sensibilidades políticas de la mayor importancia en estos temas, y que tienen ideas concretas de cómo avanzar en la solución del conflicto, pero eso es una mirada ausente en esta negociación. Tampoco se consideró a la gente perseguida y encarcelada por la Ley Antiterrorista. Por estas y otras razones históricas desconfío profundamente de estos anuncios, más aún en un año de campaña presidencial”, dice el antropólogo.