La reforma laboral promovida por el gobierno de la Nueva Mayoría establece que las empresas “estratégicas” son aquellas que presten servicios de utilidad pública, cuya eventual paralización por una huelga provoque un grave daño a la salud, economía, abastecimiento o seguridad del país.

Cada dos años, los ministerios de Trabajo, Defensa y Economía deben calificar las empresas que entran dentro de este selecto grupo que niega el derecho a huelga para las y los trabajadores.

Este año, un total de 129 empresas solicitaron ser incluidas en el listado de las “empresas estratégicas”. Los nombres no dejan de llamar la atención. Aparece, por ejemplo, Enel Generación S.A., la empresa eléctrica que ha estado en el ojo del huracán los últimos días por los masivos cortes de luz en el país y que incluso ya anunció compensaciones para los usuarios.

La otra gran empresa eléctrica del país es la Compañía General de Electricidad (CGE S.A), la que también ha sido cuestionada por los recientes cortes en el sur del país. Tres ejecutivos de esta compañía se encuentran en prisión preventiva por eventual responsabilidad en los múltiples incendios que afectaron al país en el verano reciente.

Aparece también en el listado Aguas Andinas S.A., la cuestionada empresa que, entre otras cosas, está involucrada en los casos de financiamiento irregular de la política y también ha sido duramente cuestionada por recientes cortes de agua.

Otras empresas que hicieron la solicitud son Entel, Buses VULE S.A, Metrogas, las portuarias Puerto Central S.A., Puerto Panul S.A., Colbún, Banco Central, Esval S.A., GNL Mejillones y Quintero, entre otras.

A fines de julio los ministerios del Trabajo, Defensa y Economía informarán cuáles quedarán en la lista definitiva de empresas donde no regirá el derecho a huelga.

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