Una política migratoria para una sociedad de derechos

Chile es un país de migrantes y en las próximas décadas lo seguirá siendo. Los barrios, escuelas, hospitales, lugares de trabajo, plazas, parques, etc., de cada vez más ciudades se están transformando y lo seguirán haciendo. Estos espacios han dejado de ser producidos por y para los chilenos, y han pasado a ser espacios de encuentro, negociación, tensión y convivencia entre ciudadanos nacionales y extranjeros. Hoy los migrantes llegan a Chile porque hay aquí una sociedad que los necesita para seguir en pie, y porque hay en ellos una voluntad indeclinable de crecer, y de hacerlo en este país.

Con este diagnóstico en la mira, el sábado 3 de junio concluyó la primera etapa del proceso programático del Frente Amplio, completando más de 100 encuentros territoriales. Como equipo de programa Beatriz Sánchez en el área de migraciones, además de participar en esos encuentros para someter a discusión nuestras propuestas, hemos iniciado un proceso complementario de diálogo con organizaciones, y actores políticos y sociales que tengan propuestas y diagnósticos en el área. A partir de este trabajo hemos definido algunos ejes de diagnóstico, algunos principios orientadores y una serie de propuestas que exponemos en lo que viene.

Principios para una política

Chile es un país de migrantes sin una política migratoria. Desde mediados de 1990 la acción del Estado en esta materia migratoria ha sido inconsistente y ha carecido de objetivos de largo plazo. Esta deficiencia al nivel central ha sido cubierta parcialmente por iniciativas impulsadas por algunos gobiernos locales. Ha habido en este plano una débil institucionalización de las acciones, predominando lo que hemos definido como la “política del estado de ánimo”. Vale decir acciones impulsadas por funcionarios sensibles frente a la realidad migratoria que con muy pocos recursos y mucha voluntad.

En este escenario en que la política está determinada voluntades individuales, como primera cuestión proponemos inscribir la política de acogida y reconocimiento de migrantes en el enfoque de los derechos humanos. Esto implica suscribir el derecho humano a migrar que consagra la declaración de Naciones Unidas de 1948, pero sobre todo resolver asumir como propio el deber de los Estados de recibir a esos migrantes y garantizar sus derechos.

El segundo principio que orienta nuestras propuestas tiene que ver con la comprensión de la migración como un proceso sistémico y no solo como una decisión individual. La migración es consecuencia de la intensificación de las desigualdades entre lugares de origen y destino; la existencia de una demanda en Chile de trabajadores extranjeros; la voluntad de los migrantes y sus familias; y por último la existencia de redes que hacen probable y verosímil proyectar la vida más allá del propio terruño. De manera que la migración no es solo ni principalmente consecuencia de decisiones individuales de personas que buscan un mejor destino aquí. Si vienen migrantes a Chile es porque vivimos un mundo de desigualdades crecientes, porque existen redes sociales que hacen posible para muchos extranjeros proyectar la existencia en este país y porque como sociedad somos parte de las condiciones que dan origen a los flujos.

El tercer principio que nos orienta, es el de la interculturalidad. Ello no implica tanto el reconocimiento de diferencias culturales, sino sobre todo que en el proceso de integración debe asentarse en la idea de que reconocimiento los migrantes pasa por tanto por su adaptación a la sociedad, como está una adaptación de la sociedad a los migrantes. Aquí se deben crear las condiciones para que los espacios de tensión y negociación entre migrantes y nacionales se den sobre la base del respeto y la igualdad.

 Propuestas

En base a estos principios hemos definido seis propuestas programáticas prioritarias para proponer al país en materia migratoria. En primer lugar se propone la formulación de una nueva ley migratoria. Actualmente existe un consenso transversal en la necesidad de generar una nueva legislación. Donde no hay consenso es en la naturaleza de esa ley. La nueva ley que proponemos va a estar fundamentada en el derecho humano a migrar, y el consecuente deber del Estado de responder a ese derecho con el reconocimiento de los derechos de los migrantes en igualdad de condiciones que la población nacional. Ello implica garantizar el acceso incondicional de los migrantes a los derechos, independientemente de la condición administrativa (regular o irregular) en la que se encuentren. Lo que no obsta para asumir el compromiso firme para crear las condiciones normativas e institucionales para que la regularidad y seguridad migratoria.

En segundo lugar, es cada vez más evidente que el país requiere con urgencia una nueva institucionalidad migratoria. La política migratoria hoy está en manos del Departamento de Extranjería y Migración que tiene competencias muy limitadas para impulsar y coordinar políticas pues es un servicio dedicado exclusivamente a emitir visas, cobrar multas y sancionar órdenes de expulsión. Es necesario impulsar un servicio nacional de migraciones, que desarrolle una política migratoria intersectorial que corrija la desigualdad y la exclusión inherente a las trayectorias migratorias. Si hoy no existe una política migratoria en Chile es en parte por falta de voluntad y en parte por falta de institucionalidad. Nuestra propuesta garantizará que en la definición de la política migratoria a nivel central participen de manera vinculante representantes de la sociedad civil y de los gobiernos locales.

Proponemos en tercer lugar que la regulación migratoria este organizada en un sistema de visas simple. Actualmente los ciudadanos extranjeros que viven y trabajan en Chile pasan parte importante del año en una situación administrativa transitoria. Entre la caducidad de los documentos y la emisión por parte del Estado de la renovación de estos, pueden parar entre seis y ocho meses. Esta situación se puede evitar con un sistema que entregue una visa temporal por un año no condicionada por un contrato de trabajo que habilita a la persona a la realización de cualquier actividad legal en el país. Proponemos que esta “visa poli-funcional de residencia temporal” sea renovable por un segundo año, al cabo del cual el ciudadano migrante pueda optar por una residencia definitiva que garantice el acceso a todos los derechos en igualdad de condiciones que los nacionales. Hoy se utiliza la visa de turista para entrar a Chile a buscar trabajo o a estudiar, lo que distorsiona su sentido y permite a los funcionarios de la PDI restringir discrecionalmente el acceso en función del argumento según el que los migrantes realmente no vienen a hacer turismo si no a trabajar.

En cuarto lugar es imperioso realizar un proceso de regularización extraordinario. Según estimaciones realizadas a partir de datos de registro del ministerio de educación, la cantidad de migrantes en situación irregular se situaría entre torno a los 80 mil y 100 mil personas. Parte importante de las personas que se encuentran en esta situación, se debe  a la acción del propio Estado que viene desde hace varios años imponiendo restricciones formales a través de cancillería e informales a través de la PDI en la frontera, que impiden el ingreso regular a colectivos nacionales como dominicanos o colombianos. Las restricciones políticas y policiales no detienen a los migrantes, y al contrario, incentivan las redes de tráfico y la irregularidad.

En quinto  lugar se propone fortalecer y ampliar la política de acogida de refugiados, algo en lo que Chile debiera ser un referente mundial. Es un mínimo gesto de devolución de mano, pues de esos 850 mil chilenos que viven en el exterior, unos 600 mil son hijos del exilio, por tanto hijos del refugio. Frente a esta solidaridad que muchos países del tuvieron con Chile (y con muchos chilenos que hoy están en el gobierno) este país responde hoy acogiendo en torno a las 2.000 refugiados, la mayoría colombianos, y presenta con gran publicidad, el que va a recibir en los próximos meses a 60 familias de refugiados sirios en los próximos meses. La mitad de los que se había comprometido a recibir en un principio.

Como sexta propuesta, planteamos la necesidad de fortalecer el vínculo con los chilenos en el exterior. Chile no se preocupa por los migrantes pero tampoco se ha preocupado lo suficiente de la situación de los chilenos en el extranjero. Hay en torno a los 850 mil chilenos viviendo en el extranjero. La política migratoria debe mirar también la situación de los migrantes chilenos y garantizar condiciones dignas para su retorno y asegurar la protección y el acceso a derechos en las sociedades donde residen. En una sociedad global, la ciudadanía es cada vez más transnacional y el Estado tiene adaptarse a ello. Es necesario crear condiciones adecuadas para el para el retorno digno y avanzar en acuerdos internacionales de reciprocidad que permitan garantizar a los chilenos en el extranjero los derechos que queremos para los migrantes en Chile.

Estas propuestas asumen que el desafío que al que se enfrenta el pueblo de Chile hoy es el de volverse a mirar y reconstruirse desde lo que es, y como lo que quiere ser. Nuestro llamado es a enfrentar ese desafío y trabajar por construir una sociedad justa con todos quienes la construyen, con todos quienes la habitan, con los que nacieron aquí y se quedaron, con los que antes partieron pero que de alguna manera siguen aquí, y también con los que han venido a buscar un destino y con ellos cambiar el nuestro.