El 1 de junio la presidenta Michelle Bachelet entregaba la última cuenta pública de su mandato donde intentaba dar cuenta de las que planteaba como grandes reformas durante el gobierno de la Nueva Mayoría. Respecto al área de salud, en la misma línea de cuentas anteriores, la mandataria se remitió a hablar sobre cumplimiento de metas en construcción de infraestructura hospitalaria y aumento de médicos y médicas en proceso de destinación y formación, para cubrir la gran brecha de déficit de profesionales del sistema público.

Una vez más no hubo ninguna mención al eje más estructural de su programa de salud; la reforma al sistema de seguros de salud, en relación al cual, el informe del año 2014 de la Comisión Presidencial para la reforma del sistema de salud privado proponía el horizonte de un seguro y un fondo social único, proyecto que hasta la fecha duerme en el congreso. La crisis de la ISAPRE MasVida que conllevo a su cierre, los colapsos de los servicios de urgencia o las cifras de muertes por lista de espera AUGE y no AUGE, parecen no ser argumento suficiente para el pronunciamiento del gobierno de una reforma estructural del seguro social de salud y su financiamiento, que permita terminar con la lógica de políticas focalizadas en aumentar inversión y resolutivita sin una visión a largo plazo que resuelva los problemas de fondo del sistema.

Más allá de lo esperable de la cuenta pública presidencial, es llamativa la precariedad programática al respecto en las actuales candidaturas a la presidencia.  Dentro de los candidatos a las primarias de Chile Vamos solo se observa una profundización de la lógica de mercado en el sistema de salud, y por otra parte en la Nueva Mayoría  las señales no sugieren la posibilidad de cambios sustantivos en la línea que ha llevado el gobierno actual e inclusive se podrían reactivar políticas nefastas como las concesiones hospitalarias, donde Carolina Goic lo ha tomado como una de las banderas de su campaña y Alejandro Guillier las ha planteado como una opción viable.

En el caso del Frente Amplio, donde se podrían depositar las mayores expectativas, en las últimas apariciones públicas de los candidatos Alberto Mayol y Beatriz Sánchez ha faltado una visión de más largo plazo en cuanto a los cambios necesarios para que la salud pueda efectivamente garantizarse como un derecho social, así como también apuestas programáticas más detalladas en esta área.

Las probabilidades de que el sector salud nuevamente sea un área olvidada en el nuevo periodo presidencial parecen ser altas, como también el hecho de que la lógica mercantil instalada en el sector siga presente con reformas focalizadas en temas puntuales que están lejos. El proceso programático del Frente Amplio debiese tomar nota de esta cuestión y enmendar rumbo lo antes posible; idealmente en el período previo a la primera vuelta.

La necesidad de una reforma estructural en Salud

Todos los años salud ocupa los primeros puestos de prioridades de la ciudadanía. Sin ir más lejos, en la última encuesta CEP salud ocupó el segundo lugar, con un 36% de menciones como principal preocupación de los chilenos y chilenas. Son reiterativas las noticias sobre el atochamiento en los servicios de salud y el alto costo de los medicamentos, asuntos que aquejan día a día a la población. De acuerdo a datos de la OCDE (2014), casi una tercera parte del gasto en salud es pagada directamente por los hogares, comparado con menos de 20% en promedio entre los países de la OCDE, menos del 50% de los médicos trabajan en el sistema público de salud. Además, el número de camas y recintos de salud públicos es insuficiente y los existentes reciben un financiamiento que no alcanza a cubrir sus gastos reales, entre otras cuestiones. Por otra parte, en el sistema privado se selecciona a la parte de la población más rica, joven y sana, y que por tanto tiene menos probabilidad de enfermar al mismo tiempo que tiene mayores recursos que aportar a su cotización, impidiendo los mecanismos básicos de solidaridad que permiten el funcionamiento eficiente y equitativo de los sistemas de salud. A esto se suman copagos elevados, aumento discrecional de la cotización, integración vertical entre ISAPRES y Clínicas, ganancias excesivas, y un sinfín de elementos que acentúan la crisis en salud.

Parece evidente que una causa importante de la situación descrita, es que el sistema de salud genera una inequidad estructural, tal como lo menciona el informe de la Comisión Presidencial sobre la reforma al sistema de ISAPRES. Sin embargo, todos estos diagnósticos son conocidos y reportados en múltiples oportunidades por instituciones académicas o quienes han ocupado cargos directivos en el sistema de salud nacional. A pesar del consenso en el análisis, no ha existido modificación alguna a la arquitectura fundamental del sistema de salud construido en 1979 por la dictadura militar, siendo el último gran cambio la reforma del 2004 donde se creó el Plan de Garantía Explícitas en Salud (GES) el cual terminó por consolidar un sistema de traspaso de dinero al sistema privado, agudizando el desfinanciamiento del sistema público.

Por lo tanto, no basta con que en esta coyuntura electoral se vuelvan a repetir los problemas y se prometa realizar terminar con la crisis que actualmente atraviesa el sector: es necesaria una reforma estructural, cuyo carácter se debe debatir en profundidad. Uno de los puntos centrales es realizar un análisis acabado de cuáles son los obstáculos que han impedido realizar transformaciones efectivas del sistema de salud puesto que, no obstante, un aparente consenso sobre la necesidad de un cambio estructural en la comunidad académica y de sectores desde sectores de la NM hasta la izquierda, año tras año se opta por ajustes menores por parte de los gobiernos. En otras palabras, urge develar los enclaves del modelo neoliberal que frenan los cambios estructurales en salud para poder avanzar en la construcción de las bases legales, normativas y económicas de un sistema de salud que responda de manera efectiva a las diversas necesidades de salud de la población, manteniendo una viabilidad en el tiempo ante los cambios demográficos que estamos experimentando.

Lo anterior exige convertir salud en una prioridad programática, así como también la superación de la mirada exclusivamente biomédica e individual imperante, restaurando los valores de solidaridad, universalidad y participación social, que actualmente se encuentran prácticamente extintos en el Chile post-dictadura. De lo contrario, el lobby y la desinformación ejercida por parte de los grandes grupos económicos que se benefician del negocio en salud, volverá a predominar.

Además de esto, es también necesario incorporar una visión en donde se comprenda que la enfermedad es producto de una serie de determinantes sociales que van definiendo los patrones de salud y enfermedad de las poblaciones y las personas. No se logrará mejorar la salud de la población si no se logra condiciones laborales dignas, atacar la pobreza infantil, reducir las desigualdades sociales, eliminar las discriminaciones por género, orientación sexual o etnia, enfrentar la contaminación y problemas socioambientales, entre otras cosas.

En una columna siguiente profundizaremos en desafíos programáticos en Salud y algunas propuestas concretas al respecto. Por ahora, cabe enfatizar que la salud debe lograr constituirse como derecho social garantizado por el Estado, lo que no se logrará reproduciendo política que han llevado los gobiernos de la post-dictadura. Debe existir un compromiso político y un análisis profundo donde los movimientos político-sociales jueguen un rol central para enfrentar los intereses de los grandes grupos económicos (como los dueños de ISAPRES y clínicas) que defienden a rabiar su nicho de negocio a expensas de la muerte y la enfermedad de nuestra gente.


Licenciado en Medicina, Centro de Estudiantes Medicina, Universidad de Chile