La semana pasada fueron declarados como Monumento Nacional los vestigios de la Villa San Luis. Miguel Lawner ha anticipado ya cuál se espera sea el destino de los restos que no han sido aún destruidos, proyectando la transformación del espacio en un sitio de memoria que narre lo que ahí ocurrió, y usar ese pasado ejemplarmente para “advertir los riesgos que representa la segregación social urbana y a incentivar la interacción entre niños y jóvenes de ingresos altos y bajos, entre chilenos e inmigrantes o entre las diversas etnias que pueblan nuestro país (…) Será el más bello lugar de la comuna. Un centro solidario impregnado de humanismo, tolerancia y fraternidad; atento a la vigencia de los derechos humanos; un oasis de luz, en media de las frías torres de cristal en su entorno”, fueron sus palabras reproducidas en este medio

La finalidad planteada aborda uno de los aspectos más oscuros, menos reconocidos y tal vez para muchos, más banales, de la violencia ejecutada por la dictadura cívico-militar chilena: la usurpación, el despojo, el pillaje, el robo a miles de personas con la excusa de la salvación de la patria y la restitución del orden.

Es cierto que acciones como la erradicación de las legítimas familias propietarias de las viviendas de la Villa San Luis es un ejemplo de la política de segregación urbana ejecutada por la dictadura, pero el silencio en el que esas memorias se han mantenido durante los últimos cuarenta años, representa el rechazo por darle escucha pública a ciertas experiencias y recuerdos, donde si bien el acto de despojo y usurpación no fue acompañado de sangre, persiste como una herida que hasta el presente no ha podido cerrar. Basta ver el breve documental con el testimonio de los afectados para darse cuenta de la dificultad para recordar aquellos años y el episodio del desalojo en medio de la noche acompañado de gritos, amenazas e incertidumbre . Y la precariedad que vino después.

Estas memorias, en un inicio quizás menos útiles a la urgencia de la denuncia por las violaciones a los derechos humanos centradas en la desaparición, el asesinato y la tortura, nos permiten atisbar la complejidad y alcance del terrorismo de Estado muchas veces al servicio de propósitos tan banales como el enriquecimiento a través del robo. El alambicado argumento de la salvación de la patria contra el marxismo internacional, de la necesidad el orden contra el caos, en varios casos no parece haber sido más que una excusa para hacer lo que hoy resulta natural en la ética cotidiana: enriquecerse en la medida que las condiciones lo permitan, y vaya que durante la dictadura las condiciones estaban a favor de los usurpadores, ¡ellos definían las condiciones a punta de balas!.

Leyendo testimonios y conversando con personas que sufrieron la detención y en algunos casos el exilio, siempre aparece un episodio de despojo: soldados que cogotean a los detenidos en un allanamiento, que roban pertenencias desde sus hogares, personas que tras salir de la detención se encuentran que sus viviendas fueron “adjudicadas” a terceros o inmuebles “confiscados”, bienes públicos traspasados entre servicios, que misteriosa, pero al parecer legalmente, caen en manos de las Fuerzas Armadas, y luego pasan a otros; decretos de ley por los cuales el Estado regaló derechos a privados, o vendió propiedades públicas a precios irrisorios…. ¿Que es eso, si no legalizar el robo?, no nos equivoquemos, que se haya montado todo un aparataje legal para darle un contexto lícito a esas acciones, sólo fue posible porque existía un ejecutivo y un poder judicial para el cual la línea entre lo delictual y lo no delictual era convenientemente difusa.

¿Y hoy quién restituye el derecho de esas familias erradicadas?, ¿cómo se repara la usurpación?, en parte simbólicamente narrando en la escena del crimen los delitos de los cuales fueron víctimas, pero quizás habría que pensar en más.

Varios estarán pensando en el daño que la declaratoria le infringe a los propietarios de los vestigios de la Villa San Luis, al impedirles finalizar su negocio que, aunque hoy sea legal, se originó en un acto delictual. Otros varios dirán que en la eventualidad de que no se logre realizar el proyecto propuesto por el Comité de Defensa de la Villa San Luis, se le estará infringiendo un daño al barrio, si ello ocurre quisiera decirles que el pasado criminal tiene consecuencias, que las consecuencias no sólo afectan a las víctimas y los victimarios, sino que trascienden ese espacio social, de esta forma los derruidos y deteriorados restos de lo que fuera uno de los proyectos de vivienda social más emblemáticos de la Unidad Popular, no serán “el más bello lugar de la comuna”, y estarán ahí incólumes para incomodar al transeúnte, para molestar estética y ojalá éticamente a los vecinos, a las autoridades locales, y a todos cuantos entren en contacto con ellas, porque en su vida cotidiana tendrán que cargar con la huella del delito, ahora que esas huellas ya no pueden ser borradas o desaparecidas.


Antropóloga, Programa Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile.