“Lejos de mostrar que es una medida exitosa, lo que dan cuenta las cifras es que hay serias dudas de que haya sido necesario crear el control preventivo de identidad”, afirma Mauricio Duce, abogado y académico de la Universidad Diego Portales (UDP) y presidente ejecutivo del centro de investigación Espacio Público.

Duce ha seguido con atención la implementación del polémico procedimiento que el jueves 5 de julio cumple un año desde su entrada en vigencia, aprobado por el Congreso como parte de su Agenda Corta Antidelincuencia.

La medida -cuyo principal propósito es detectar personas que tengan órdenes de detención pendientes- quedó establecida en una nueva versión de la Ley 20.253 y señala que los funcionarios de Carabineros pueden solicitar la identificación de cualquier persona mayor de 18 años y que el procedimiento se puede realizar en cualquier lugar público o en uno privado con acceso al público. Para llevarlo a cabo, no es necesaria la presencia de algún indicio para que el funcionario pueda realizarlo.

Hace algunos días, La Tercera dio a conocer las primeras cifras sobre la puesta en marcha: en nueve meses se han realizado 1.105.560 controles de identidad y sólo un 5,5% de ellos terminó detenido –por tener órdenes de detención pendientes–, lo que equivale a 61 mil personas. Durante este período, Carabineros ha recibido 12 reclamos por su actuar.

Mauricio Duce

Una medida poco eficaz

“También hay serias dudas de que este procedimiento sea más eficaz que las facultades que ya disponía la policía”, continúa Duce. El académico explica que previo a la creación del control de identidad preventivo, Carabineros ya disponía de un control de identidad establecido en el artículo 85 del Código Procesal Penal, y que comúnmente se ha denominado como Control Investigativo de Identidad.

“Llamarlo control investigativo es un error porque no se reduce sólo a la investigación. Esa es una de las mentiras que ha habido en el debate, se dice que antes no había facultades preventivas pero eso no es cierto. El artículo 85 sí permitía realizar controles de identidad cuando hubiera indicios de que una persona se disponía a cometer un delito, o por el solo hecho de andar encapuchada. Eso es clave en la prevención”, explica.

Según datos presentados por el académico, durante los últimos cinco años (2011-2016), Carabineros realizó un promedio de 2 millones de fiscalizaciones al año bajo la figura del control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, en contraste con el millón que se realizaron durante los últimos nueve meses. En esta misma modalidad, según cifras disponibles, se encontraba una persona con detención pendiente de cada 6,2 controles; en el control de identidad preventivo es una de cada 18.

“La explicación es más o menos obvia: el control nuevo se basa en la idea de fiscalizar indiscriminadamente en la calle, pero es una actividad muy poco eficaz porque no está focalizada. Antes se le pedía a la policía que al menos tuviera un elemento que hiciera razonable intervenir, entonces es obvio que vas a tener mejores resultados”, explica, y  para graficarlo señala: “si tú tiras una red donde hay un montón de peces vas a agarrar más que si la tiras en el amplio y ancho mar donde no sabes lo que vas a encontrar”.

Finalmente, el académico señala que la creación de dicha normativa “es una forma de darle mayor poder a la policía, le da un poder gigantesco” y que “es un escenario mucho más cómodo para ellos porque les permite hacer un trabajo de peor calidad sin control”. En cuanto a los gastos, señala que “al final estamos mal invirtiendo los recursos del Estado, porque estamos gastando tres veces más por el mismo resultado”.

/ Agencia Uno

Precariedad de datos e incumplimiento de garantías

El abogado de la UDP explica que, luego de la aprobación del control de identidad preventivo, se comprometieron ciertas garantías que permitirían que la facultad no se ejerciera de forma abusiva y que están en deuda.

“La primera es la publicación de datos que iban a permitir que la ciudadanía hiciera un control, pero las estadísticas son muy generales. Sólo sabemos la cantidad de controles y de detenidos. Pero si me dicen que no se ha aplicado abusivamente, yo les pregunto: ¿a cuántos migrantes y a cuántos chilenos han fiscalizado? ¿En qué comunas? ¿A cuántos jóvenes marginales y ABC1? No hay datos”, reclama.

En segundo lugar, se estableció que Carabineros debía determinar un procedimiento de reclamos estandarizado para que la ciudadanía pudiera dar cuenta de abusos. La cifra asciende a 12 registros, pero Duce se muestra escéptico.

“Un grupo de alumnos hizo un estudio, investigaron en las comisarías y descubrieron que no hay un procedimiento estandarizado, los policías no lo conocían bien. Además existían obstáculos, como que los Carabineros decían que el reclamo debía hacerse después de haber sido controlado más de tres veces por la misma persona. O el acceso en el sitio web era difícil de encontrar. Es un sistema engorroso, entonces podría haber una cifra negra”, explica.

Para finalizar, el académico explica que las cifras conocidas hasta el momento dejan dudas tanto de la necesidad de dicha normativa, de su eficacia y de que no haya sido ejercida de manera abusiva. “Mientras no tengamos mejores datos e información más específica, me parece una irresponsabilidad tremenda tratar de ampliar el control de identidad a jóvenes de entre 16 y 18 años”, concluyó, aludiendo al proyecto presentado por un grupo de diputados, y liderado por el RN Gonzalo Fuenzalida.