Así como la izquierda antineoliberal en Chile ha reflexionado y movilizado para terminar con formas de acumulación y desposesión del sistema privatizado de la educación, la salud, las AFP, o la minería, es necesario entender que la continua opresión hacia pueblo mapuche está enmarcada en una política racista neoliberal y de Estado que fue normalizada durante la ocupación militar y colona de 1880 (y décadas posteriores) y re-articulada con fuerza durante la dictadura de Pinochet. Los recientes asesinatos de Luis Marileo Cariqueo y Patricio González Guajardo en Malleco junto al ataque policial a una escuela rural en Temucuicui son la reiteración de esta política racial que desde mediados de los 1973 ha optado por criminalizar cualquier demanda de la nación Mapuche o pueblo Indígena en Chile por mayor autonomía o calidad de vida. Entendemos que es necesario reiterar la eliminación de la ley antiterrorista y la aplicación definitiva del Convenio 169; sin embargo, creemos también que como izquierda antineoliberal debemos acercarnos al conflicto que ha creado el Estado chileno y el mercado global de manera estructural y propositiva. De esta manera podemos comenzar a dibujar caminos antineoliberales que no reproduzcan en la izquierda la histórica exclusión de las demandas de las naciones mapuche, rapa nui, aymara, quechua, y las comunidades afrodescendientes e inmigrantes en el país.

Si hacemos memoria, la Ley Antiterrorista fue aplicada por primera vez contra el fallecido longko Pascual Pichun y el también longko Aniceto Norin durante el gobierno de Ricardo Lagos, por sugerencia del radical Juan Agustín Figueroa, en 2003. El precedente legal y estigma social de tratar de terrorista a toda la sociedad Mapuche ha resultado lucrativo para propietarios agrícolas, empresarios y políticos, puesto que la recuperación de tierras usurpadas por el estado chileno durante la ocupación militar a fines del siglo 19 y nuevamente expoliadas durante la dictadura es periódicamente criminalizada. Por medio del humo legal, militar y financiero, las demandas mapuche por autonomía, territorio y vida digna en Chile son opacadas por el miedo, rechazo, e ignorancia.

Cabe recordar que la reinstalación del capitalismo extractivo (industria forestal, papelera, embalses e hidroeléctricas) en la zona sur ha dependido de la patente racialización de la nación mapuche desde la dictadura en adelante. Por ello, nos referimos a que la judicialización de la sociedad mapuche durante el Chile neoliberal es parte de la constante violencia que ha buscado priorizar a todo costo la extracción de recursos naturales de la zona para el beneficio de conglomerados empresariales y la pauperización de las comunidades mapuche, indígenas y rurales en Chile. El boom de las industrias forestal y papelera en el sur necesitó la destrucción de la propiedad indígena o los derechos de propiedad comunal por medio Decreto Ley 2.568 y la Ley de Fomento Forestal. Del mismo modo, represas e hidroeléctricas en sur y proyectos mineros en el norte han proliferado y capitalizado gracias a la destrucción de ríos y contaminación de comunidades campesinas e indígenas que autoriza al Código de Aguas y Ley de Servicio Eléctrico dictadas a principios de los ’80. Todo ello articulado a la desigualdad social, las violencias étnicas y la discriminación racial del cual el Estado es un cómplice más.

La confluencia de los movimientos políticos mapuche y la izquierda chilena entre 1960 y 1970 intentó resolver la exclusión y subproletarización de la sociedad mapuche por medio de la validación de títulos de merced para la recuperación de tierras y llevar a cabo la reforma agraria. En la recuperación de terrenos, primó la rúbrica desarrollista “tierra para el que trabaja,” que obvió prácticas y entendimientos del mapu que hasta el día de hoy han alejado a la izquierda anticapitalista de la sociedad mapuche. Es decir, aun cuando la izquierda chilena del período 1958-1973 logró conectarse políticamente con las reducciones, las demandas de clase del campesinado local de La Araucanía relegaron a un segundo plano la especificidad histórica y cultural que portaba la cuestión mapuche. Hoy, la gran tarea de la izquierda es lograr articular la movilización mapuche por derechos políticos y territoriales a un nuevo proyecto antineoliberal para el siglo XXI.

Cuando hoy, época de elecciones, escuchamos a la élite política y empresarial referirse al pueblo mapuche para sólo discutir la ley antiterrorista o calificar la violencia como “conflicto mapuche”, creemos que prevalece una forma de hacer política neoliberal racista y patriarcal extremadamente nociva. La niñez y juventud mapuche que el día de hoy crecen en condiciones mortales producto de allanamientos policiales son oprimidas por la misma estructura política y económica que crea falsos discursos de terror sobre las comunidades inmigrantes bolivianas, colombianas, ecuatorianas, haitianas, otavaleñas, y peruanas, entre otras. Debemos ver que las promesas presidenciales de militarización de un sector del Wallmapu para continuar con la racialización de la nación mapuche están en directa relación con la extrema precarización que dejó sin vida a Benito Lalane, trabajador haitiano que murió en el frío urbano hace unos días. Las amenazas de deportación masiva por los casi inexistentes actos delictivos de la comunidad inmigrante, la continua patologización de la comunidad trans*, la inexistencia de un reconocimiento constitucional de las naciones indígenas en Chile, la negación de derechos reproductivos a las mujeres como también la negligencia por más de 30 años en instaurar una política de salud de prevención y tratamiento del SIDA que no estigmatice a las sexualidades no-normativas son parte de una política neoliberal chilena que debe acabar.

Por eso, estamos convencidos de que así como el cambio de sistema de previsión, una educación gratuita y de calidad o el tren de alta velocidad son prioridades para un devenir posneoliberal, este futuro debe siempre considerar poner fin a siglos de opresión racista en contra del pueblo mapuche, avanzar hacia su autonomía, en conjunto con todas las comunidades oprimidas por la política y economía neoliberal.  Y para ello no basta un simple “perdón” (tal como hizo Bachelet hace unos días) si ese mismo “perdón” no se traduce en políticas de Estado que garanticen el acceso a tierras a las comunidades mapuche, que frenen la violencia represiva en la llamada “zona roja”, que promulguen el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en la Carta Magna de la República, y una modificación en las estructuras políticas del Estado que permita ir avanzando en el autogobierno de los indígenas.