Hace 37 años que la Convención de los Derechos del Niño se ratificó. Sin embargo, sigue perpetuándose a las infancias y juventudes bajo una mirada paternalista y adultocéntrica, donde la falta de voluntad por reconocerles como agentes políticos relevantes en el cambio paradigmático que enfrentamos como sociedad, se hace cada vez más evidente.

Si bien el actual gobierno ha generado algunos avances en la materia, hasta la fecha no ha existido un compromiso claro respecto a avances significativos en el tema, cuestión que cobra especial relevancia con la reciente polémica en torno al informe de la comisión investigadora Sename II, donde se evidencian los síntomas más perversos que tiene el sistema económico imperante en el territorio, para desligar de responsabilidades políticas a 3 gobiernos, 8 ministros de Justicia y 7 directores del Servicio.

La solución ya no pasa por reformulaciones ni nuevas comisiones de investigación, la invitación es a desmantelar dicho organismo, por constituirse hoy en el principal responsable de prácticas de violencia social sistemática hacia la población infanto juvenil más vulnerable de país, demostrando con creces su incapacidad por garantizar los derechos y cuidados de dichos seres humanos.

Más allá de la polémica suscitada, es de suma urgencia se persiga y castigue a los y las responsables de reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y jóvenes. Mil trescientas trece muertes no pueden quedar impunes, como tampoco los innumerables casos de abusos sexuales, explotación sexual, medicaciones, torturas, negligencias jurídicas, mala administración, abandono de deberes  y prácticas fraudulentas ejecutadas en los centros de Sename.

Chile arriesga demandas internacionales por la falta a los acuerdos firmados y ratificados, pero sobre todo por los crímenes cometidos al interior de los centros que mal administra, por eso es fundamental una nueva institucionalidad que genere la sinergia necesaria para el cambio de paradigma en esta materia, acorde a las necesidades del país, y que profundice de manera integral los lineamientos dados por los diversos organismos internacionales.

Dicha institucionalidad debe estar sostenida en el marco jurídico internacional, pero también en los saberes aportados por la sociedad civil, el mundo académico, las instituciones ligadas a las infancias y juventudes, entre otras que permitan ampliar la mirada hacia un sujeto complejo, completo y diverso, más allá del estereotipado niña/niño vulnerado o infractor de ley, reconociéndoles como ciudadanos y ciudadanas, sujetos y sujetas de derechos.

Para ello se hace fundamental la creación de un Ministerio de las Infancias y Juventudes, dejando atrás prácticas vinculadas a servicios atomizados y parciales, dependientes de otras carteras ministeriales, ya que esto solo ha contribuido a criminalizar, patologizar y perpetuar la mirada asistencialista y objetual de niños, niñas y jóvenes.

Este enfoque va necesariamente de la mano con la eliminación de la vulneración de derechos de miles de trabajadores y trabajadoras infanto juveniles que, insertos en el sistema privatizado y desamparados por una precaria legislación, son sometidos a condiciones laborales que tercerizan el ejercicio funcionario. Además atentan contra cualquier organización sindical y/o territorial que busque defender y ampliar derechos, trayendo como resultado una alta rotación, un alto flujo de licencias psiquiátricas por patologías asociadas al burn-out que además de impactar en el bienestar directo de funcionarios y funcionarias, vulnera a niños, niñas y jóvenes quen sufren directamente. Se debe una y otra vez restablecer lazos de confianza con funcionarias, funcionarios y terapeutas, dificultando considerablemente los procesos de acompañamiento, reparación y re-inserción social.

Urge un cambio de paradigma teórico-técnico que sea capaz de reconocer a niños, niñas y jóvenes de forma integral, abandonando la tendencia atomizadora del modelo neoliberal y biomédico, dando cabida a nuevas perspectivas teóricas, dejadas arbitrariamente fuera del modelo actual por no contribuir a la visión empresarial-productiva. Estas perspectivas deben hacer carne los vínculos basados en el respeto de las diversas subjetividades características de esta población. Determinar el ingreso de estos nuevos paradigmas a partir del uso de un modelo factorial que no considere solo lo curativo (del modelo biomédico clásico) sino que además la promoción y la prevención de situaciones de riesgo.

La construcción de un nuevo discurso, a saber, debe incorporar el cambio de paradigma propuesto por feminismo, donde la transversalidad del enfoque de género y la interculturalidad se materialicen, fomentando la defensa de particularidades, libertades y prácticas de crianza comunitaria con niños, niñas y jóvenes, relevándoles como agentes participativos de los espacios territoriales, comunitarios y cívicos que habitan, transformarse en agentes consultivos y propositivos de reformas, generadores de debates en torno a la identidad y diversidad presente en cada uno de ellos y ellas.


Presidenta de Poder Ciudadano y Vocera del Frente Amplio