Hace unos días atrás la Presidenta Michelle Bachelet participó en la presentación del XVI Informe de Brechas de Género en el sistema financiero. Parte de su discurso recomendaba la igualdad de género en el entendido que “si se igualara la población de mujeres ocupadas con la población de hombres ocupados podría generarse un incremento de hasta 10.5 puntos del PIB”. Hay dos motivos de malestar en esta afirmación.

La primera tiene que ver con la vinculación rápida, e irreflexiva, entre género y mujeres. ¿Por qué decir “políticas de género”, si lo que se quiere indicar es una política de “mujeres”? ¿Cuál es la razón de delimitar el “género” a una ordenación heterosexual? Bien podríamos señalar que lo que sugiere la presidencia de Chile, en este punto, es que si hay algo así como “género”, éste tiene que ver, sólo, con las mujeres.

Si bien se asume el concepto de “género” —diferente a la negación y estigmatización habitual de la derecha más retrógrada y los grupos de fanáticos religiosos— queda descrito, sin embargo, en términos muy conservadores. Esta delimitación olvida que este concepto remite, al menos, a dos escenarios: uno que busca poner en evidencia un orden de dominio heterosexual; y otro que pone de manifiesto las luchas, historias y cuerpos de quienes buscan transformar ese orden de dominio. En este último sentido, el concepto de género no es, nunca, un sinónimo de “mujeres”.   

 El segundo motivo de malestar que produce este discurso de Bachelet, es la vinculación de la palabra “igualdad” con la ganancia económica. Debe ser advertido que no se está hablando de cualquier igualdad, sino que lo que aquí se aborda es la igualdad de las mujeres. De algún modo, lo que se está afirmando es que las mujeres deben ingresar “igualitariamente” al mundo del trabajo y al endeudamiento. De lo contrario, se estaría perdiendo dinero. Esta vinculación que se propone entre igualdad y mercado, está muy distante de aquellas políticas feministas que en el nombre de la igualdad buscan la extensión y garantías de derechos, la autonomía y la libertad.

El desarrollo de este conciso, pero decisivo, plan feminista implica: primero, garantizar la educación de calidad en todos sus niveles (por ello, debe ser gratuita, pública y estatal); segundo, favorecer el acceso a un sistema de salud público, eficiente y digno; tercero, eliminar todas las formas en que se reproduce la maternidad obligatoria (de ahí, la necesidad de la legalización del aborto); cuarto, organizar un Estado que desnaturalice desde sus instituciones las tareas del cuidado, siempre vinculadas a las mujeres; quinto, incorporar creativamente en el Estado las políticas de género, entendidas estas como subversión a lo heteronormativo; y sexto, formar decididamente a las fuerzas de orden, abogados y jueces en políticas de género en el sentido antes descrito. Sin educación, sin salud, forzadas a ser madres, siendo responsables individuales de todo el trabajo del cuidado, sin garantías y derechos, no hay igualdad. Ingresar al espacio del trabajo y al endeudamiento en tales condiciones no hace sino que reproducir un orden de subordinación, vulneración  y de clases.     

No sé si este pequeño plan feminista haga ganar más dinero a los más favorecidos de la democracia neoliberal chilena, pero de lo que estoy segura es que desvinculando la “igualdad” de la esfera de los negocios, separando la “vida” del capital humano, es como deberíamos pensar el desarrollo y la igualdad.