Una de las principales estrategias de la dictadura de Pinochet fue la creación de un nuevo ordenamiento territorial para Chile. Esto se concretó a través de una contra-reforma agraria que devolvió 3,2 millones de hectáreas de tierras a sus antiguos dueños y trasladó otros 2,5 millones de hectáreas de manos de los campesinos a organismos públicos o privados, tales como ministerios, corporaciones, Fuerzas Armadas, empresas y la Iglesia Católica.

Uno de los organismos públicos para el que se trasladaron tierras fue la Conaf, que recibió 352.731 hectáreas de manos de la Dictadura. En 1974, Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, se convirtió en director de la Conaf. Ingeniero y empresario, Lerou ya había trabajado para la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), de la familia Matte, donde desarrolló vínculos con los negocios forestales. Fue uno de los principales operadores de las políticas forestales de la dictadura. Entre ellas, el Decreto Ley 701 de 1974.

El “701”, como se le llama, estableció un subsidio del Estado para las empresas que plantaran pino y eucalipto -correspondiente al 75% de los costos de producción-, además de un paquete de exenciones fiscales. Para obtener el bono, las empresas necesitaban comprobar los gastos previos, lo que favorecía a los grandes emprendimientos. Se estima que, a través del Decreto Ley 701, los grupos empresariales de las familias Matte y Angelini recibieron cerca de 60 millones de dólares del Estado chileno en los últimos 40 años.

Este favoritismo no ha sido atenuado por los gobiernos post dictadura. Al contrario, el bono fue renovado y ampliado. En 1998, por medio de la Ley 19.561, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle expandió los beneficios a los medios y pequeños propietarios que plantaran las dos especies, llegando a financiar el 90% de sus costos. Además, se redujo el bono al 50% para los grandes productores, se eliminó la necesidad de gasto previo y los informes de contabilidad fueron considerados no obligatorios. Así, si entre 1974 y 1997 las grandes empresas captaron el 97% de los subsidios (destinados a 944.176 hectáreas), la nueva ley amplió la parte del bono para pequeños y medianos propietarios.

En 2011, y bajo el gobierno de Sebastián Piñera, con el plazo del bono forestal nuevamente agotado, la Ley 20.488 garantizó su renovación. Y nuevamente, en 2015, la presidenta Michelle Bachelet garantizó su prórroga hasta 2018. En pocas palabras, en los últimos 40 años, el Estado chileno transfirió 612 millones de dólares para grandes madereras y 263 millones de dólares para pequeñas y medianas. Hoy la familia Matte posee 476 mil hectáreas en monocultivo forestal y la familia Angelini, 725 mil.

Jacqueline Arriagada es la directora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (Anamuri) y nacida en Bío Bío, una de las regiones más afectadas por el extractivismo, el monocultivo de eucaliptos y pinos ha sido desde hace décadas proclamada como garante del “segundo sueldo de Chile”. Su reflexión señala cómo la nación chilena se convirtió en víctima de un Estado extractivista, más fuerte que cualquier gobierno de ocasión. A continuación, la entrevista.

– Desde la dictadura, con el Decreto Ley 701, el Estado chileno entrega un subsidio a las industrias forestales que promuevan el monocultivo de pino y eucalipto. ¿Cómo afectó esta política al territorio del sur del país?
Este decreto, de septiembre de 1974, acelera la destrucción de los territorios de los bosques nativos, con quemas y cortes, para la plantación masiva de esas dos especies. Con la subvención de tales plantaciones el paisaje de esos territorios comenzó a cambiar de manera determinante.

Recuerdo que en ese tiempo yo tenía cerca de 9 años. Para nosotros, los cerros y montañas, llenos de bosques nativos, eran lugares de recolección de avellana, hongos, flores, lo que hacíamos en paseos escolares y familiares. Y el territorio se fue transformando, hasta que un día perdimos nuestras sendas. Las sendas eran parte de nuestro camino, sabíamos por dónde pasar en los bosques. Con esa masa de recursos del gobierno dictatorial para las empresas forestales también se quería sacar a los campesinos, que para ellos eran una molestia. Para ello, tuvieron que hacer modificaciones en el sistema legal de clasificación del suelo.

Una de ellas fue declarar las tierras infértiles. La justificación para el monocultivo forestal era la infertilidad de la tierra y, por lo tanto, no habría alternativa aparte de colocar esas especies, que estarían “asegurando el futuro”. En la Región de Bío Bío y en La Araucanía comenzaron a plantarlos a gran escala. Aquellas tierras fueron clasificadas como “degradadas” debido a la plantación de trigo. Se decía en la época que el “granero de Chile” había destruido las tierras. Pero eso era parte del argumento de que estas especies ayudarían a preservar los terrenos.

En la época, no había ninguna información sobre lo que significaba plantar el eucalipto, su absorción del agua y de los nutrientes de la tierra. Esta información era, digamos, un secreto de Estado.

– ¿La dictadura adoptó un discurso “preservacionista” para plantar estas especies?
– Sí. Usó el argumento de la protección del suelo en relación a la degradación, que habría sido causada por la producción de granos en los territorios campesinos e indígenas.

– ¿Quién se benefició directamente del Decreto 701?
– En nuestro territorio está la empresa de celulosa Arauco, para quien esas dos especies sirven de materia prima. Algunos lugares se transformaron en complejos industriales. La aplicación de cloro como blanqueador de la celulosa es un agente contaminante hasta hoy presente. En eso no hubo cambios, a pesar de las protestas y reivindicaciones. La familia Angellini es la principal accionista de Arauco. Anacleto Angelini falleció, pero sus herederos continúan hasta hoy. Las extensiones territoriales de estas dos especies son muy amplias en el Bío Bío y La Araucanía.

Hoy se extienden hasta Uruguay, donde también se ven tales inversiones, bajo la misma lógica de explotación de territorios que son fértiles, pero se declaran infértiles. La empresa forestal Mininco (conglomerado de la familia Matte y otras familias) también tiene gran presencia en la región del Bío Bío. Hoy estos grupos forman parte de la propuesta del “Chile potencia agroalimentaria y forestal”. La justificación para seguir colocando recursos públicos en las plantaciones de pino y eucalipto es que éstas serían el “segundo sueldo de Chile”. El cobre sería el primero y los bosques, el segundo.

Por eso no se pueden reconvertir esos territorios a otras plantaciones. Están protegidas por la ley. No se puede colocar otra especie donde se plantó pino y eucalipto. Y esos son los argumentos de los gobiernos, dentro de un ciclo de protección de las empresas forestales.

– ¿Hay continuidad en la política de la dictadura y la democracia para las empresas forestales?
– Total y absolutamente. No hay modificación esencial. En eso no se puede tocar, es un tema que tiene que ver con el “bien económico del país”. Hay fuertes protestas populares contra los intereses empresariales, reivindicando derechos sobre esos territorios. Por eso, desde nuestro I Congreso Nacional de la Anamuri, defendemos la derogación del Decreto 701.

– En 1998 se ampliaron los bonos para pequeños y medianos propietarios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta ampliación?
– Antes de responder esto me gustaría hablar de la deuda que el Estado chileno posee con las poblaciones de esos territorios. Al subsidiar estas empresas, tales grupos se hicieron multimillonarios a partir de recursos estatales. Hay necesidad de reparación que necesitamos discutir colectivamente y presentar como demanda de los territorios al Estado chileno. No a los gobiernos. Los gobiernos son transitorios. El Estado tiene una responsabilidad legal en la destrucción de esos territorios. Se hicieron demandas por medio de la figura jurídica de los “derechos humanos”, pero éstos son individuales. Y hay que colectivizarlas.

Ahora, respondiendo a su pregunta, esa ampliación del bono hace que los pequeños y medianos propietarios alteren su patrón alimentario y productivo, convirtiendo sus terrenos para plantar pinos y eucaliptos. Se suministran recursos del Estado sin necesidad de justificar. En ese momento, los pinos y eucaliptos están prácticamente en la puerta de las casas de las personas. Los impactos son tremendamente crueles. Mucha gente hoy dice: “nunca nos dijeron que eso sucedería”.

Primero, ninguna de esas plantaciones es comestible. Pero decían que les asegurarían la vida y el futuro de sus hijos y nietos. En segundo lugar, las plantaciones secan sus manantiales de agua. Y ahora los campesinos están cautivos porque no pueden, por ley, volver a sembrar sus alimentos. Están obligados a plantar nuevamente pino y eucalipto, porque recibieron el bono.

– ¿Y cómo la vida campesina es afectada en términos de dependencia económica y de la necesidad de asalariamiento?
– Hay una pérdida de identidad campesina. La realidad del campo se transforma mucho con la plantación forestal. Normalmente, poco queda de tierra para cultivo de alimentos. Por lo tanto, tales especies obligan al campesino a salir de casa para ser asalariado agrícola de temporada, a veces fuera de su sector. Esto genera itinerancia, campesinos que van de un lugar a otro buscando salario. Ya no se vive del campo y las relaciones entre los vecinos han cambiado mucho.

La vida comunitaria era parte de nuestro día a día. Si estoy cosechando, por ejemplo, mi comunidad viene a ayudarme en la cosecha. Esta era nuestra forma de vida. Pero estas cosechas ya no existen. Y antes las comunidades se identificaban profundamente con sus cultivos. Por ejemplo, el trigo. Había artesanías de trigo, una diversidad gigantesca de momentos vinculados al trigo, incluso religiosos.

Actualmente, si hay una o dos familias sembrando trigo es por casualidad. Se ha perdido esa relación fuerte con un modo de vida, basado en alimentos determinantes. Esto fue alterando nuestra esencia y uniformando la manera de vivir, que antes pasaba por nuestro alimento y también por la relación de los niños con el campo.

Así, se produjo un desarraigo. Los gobiernos cerraron las escuelas rurales y resolvieron buscar a los niños del campo y llevarlos a las escuelas urbanas. Esto generó un desarraigo profundo, que destruye la identidad campesina. Es una de las consecuencias de ese avasallamiento de los monocultivos forestales que nos impusieron a sangre y fuego.

– ¿Cómo el modelo extractivista afecta específicamente la vida de las mujeres en el campo?
– Este desarraigo producido afecta mucho a la relación de las mujeres con sus comunidades. La imposibilidad de tener tierras y de poder vivir directamente del campo impone formas de vivir externas, generando la necesidad de sacar a los niños del campo. Están violando nuestra identidad como mujeres campesinas a través del desarraigo de nuestros niños.

En ese momento, el campo no es atractivo para vivir, es inseguro para las campesinas, no garantiza nuestra supervivencia. Esto nos desconecta de nuestra cultura, de nuestro ser profundo. Ya estamos llenos de venenos. Los programas estatales, como el Prodesal (Programa de Desarrollo Local del Indap), dirigidos a las mujeres, son migajas que no dan cuenta de la deuda histórica del Estado chileno con las campesinas.

Los programas dirigidos a las mujeres son aún más miserables que los hombres, están hechos para perpetuar el asistencialismo y la dependencia de pequeños subsidios estatales. Son cantidades muy pequeñas que las mujeres pueden acceder por tres años, para agroecología, por ejemplo, pero después ya no pueden continuar.

– ¿Y cómo los incendios del verano se relacionan con la expansión de las empresas forestales? ¿Piensas que pueden tener origen criminal?
– No tengo ninguna duda. La invasión de las tierras con eucalipto y pino es criminal en sí misma. Hay una enfermedad del pino que las empresas no pudieron controlar. Trajeron un controlador biológico que, al final, también se convirtió en un problema. Los seguros contratados no remuneran a los empresarios por enfermedades en las plantaciones, sino por los incendios.

Por lo tanto, para algunas empresas, los incendios han sido muy convenientes. Se produjeron dos momentos puntuales de incendio. Primero en 2012, los incendios producidos en tres comunas fueron criminalmente atribuidos a un señor deficiente mental. Qué fácil, ¿no? Y ahora, en 2017, ocurrieron incendios orquestados. Hasta los vehículos más determinados en la desinformación hablaron que los incendios fueron orquestados. Y los seguros siguieron encubriendo esos hechos criminales.

– En su opinión, ¿esos incendios se convirtieron en un negocio?
– Más que los incendios, la sequía de los territorios se convirtió en un negocio. Hay una flota gigantesca de camiones cisterna abasteciendo de agua para consumo humano en el campo. ¡Es un tremendo negocio! Son muchos sectores rurales que, dramáticamente, no tienen agua para beber. Y son sectores del sur. Alguien puede preguntar: “¿cómo en el sur falta agua? Esa es la realidad del norte y no del sur…”. Sin embargo, hace algún tiempo que hay que abastecer al sur de agua a través de los nuevos negocios de los camiones cisterna.

– ¿Cuáles son las principales formas de resistencia y lucha de las comunidades campesinas e indígenas? ¿Cómo se organiza Anamuri para afrontar estos problemas?
– La primera reivindicación es la derogación del Decreto 701 y sus figuras jurídicas actuales. Este decreto fue camuflado por otras leyes, pero siempre se mantuvo el bono. Es igual a lo que ocurre con Monsanto: estas se fusionan para cambiar su imagen. O como la “economía verde” y otros intentos de mejorar las imágenes desgastadas. El terremoto y los incendios fueron justificando un aumento de los recursos para las empresas forestales. A partir de los incendios hay un programa de la Conaf que pone una tremenda cantidad de recursos en las plantaciones nuevamente. Por otro lado, la Conaf depende del Ministerio de Agricultura, que coloca sólo escasos recursos en los programas de agroecología.

Yo soy parte del Consejo de la Sociedad Civil de la Conaf, que se reúne cada tres meses. Esto me provoca una profunda contradicción, pero allí podemos captar información. El Consejo se inició con una idea de participación real, pero después cambiaron sus miembros para atenuar las demandas. Al final, hoy son las empresas que hacen su gestión, mucho más que la sociedad civil. En realidad, estos consejos ya no sirven para la participación.

Además, hace tiempo que está ocurriendo el levantamiento de algunos territorios, sobre todo el conflicto mapuche por autonomía e identidad de los pueblos. Pero hay también muchas debilidades en esa lucha. Desde el año 2009, Anamuri creó el Tribunal Ético, un espacio para las asalariadas agrícolas de temporada para tratar la violencia y la discriminación de género en el campo. Este tribunal se realizaba en Santiago el 26 de agosto, que es el día de la asalariada agrícola de temporada, con el tema de la violencia contra las mujeres en el campo.

En esos espacios, se fue haciendo más visible la superexplotación del trabajo agrícola por las empresas forestales, vitivinícolas y frutícolas. El año pasado, en fin, hicimos un Tribunal Ético en Cañete, que fue un espacio muy importante de visibilización de territorios mapuche y de las mujeres. A continuación, el asesinato de Macarena Valdés fue denunciadon uno lamngen que participan en la lucha contra la instalación de una empresa en el territorio. Además, tenemos que organizar la defensa de la machi Francisca Linconao, acusada por la muerte de la pareja Luchsinger-Mackay. Hay otra lamngen que fue forzada a parir dentro de la prisión, no respetándose el derecho del bebé de nacer en libertad. En estos tribunales escuchamos muchos relatos de tortura, represión y persecución. Son una herramienta importante de nuestra resistencia.

Además, actualmente desarrollamos el Instituto de Agroecología de y para las Mujeres del Campo “Sembradoras de Esperanza”, con los que avanzamos en la soberanía alimentaria, dando contenido a nuestra propuesta política junto a la CLOC y practicando el feminismo campesino y popular en el sentido del Buen Vivir. En fin, sabemos que sin tierra, agua y biodiversidad no es posible desarrollar la soberanía alimentaria. Por eso luchamos por una reforma agraria integral y popular, sabiendo que la concentración de la tierra en nuestro territorio es una de las mayores causas de las desigualdades en Chile.