Luego de más de dos años de debate en el Congreso Nacional, el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales se encuentra en una de sus últimas etapas. La iniciativa fue discutida por cerca de un año en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, donde las comisiones de trabajo han escuchado a numerosos expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, además del testimonio de mujeres que han vivido estas experiencias y han sido afectadas por alguna de las causales.

Desde las 16 horas de esta tarde, las y los senadores darán curso a una nueva votación, que vuelve a despertar temores sobre una de las causales de interrupción del embarazo estipuladas por el proyecto, en caso de violación. Especialmente, después del anunciado rechazo de algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana, además de los retrocesos que se han registrado en el proyecto, como la acotación de los plazos para las víctimas menores de 14 y 12 años y la ampliación de la objeción de consciencia para todo el personal médico.

“Las informaciones dan cuenta de que la votación de hoy y mañana se proyecta bastante ajustada”, anticipa la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana. La especialista recuerda que Chile se ha sumado a compromisos internacionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belem do Pará), además de la propia Convención sobre los Derechos del Niño, que imponen obligaciones específicas al Estado que son vinculantes para los tres poderes.

En este escenario, la aprobación de una ley que permita a mujeres y niñas que son víctimas de violencia sexual decidir respecto del embarazo producto de una violación, “se hace parte de aquellas normas que deben ser aprobadas en cumplimiento de estas obligaciones internacionales. Sería muy grave que existiera la posibilidad que el Parlamento no aprobara esta causal”, explica Maturana.

/AgenciaUno.

Los problemas que mantiene el proyecto de aborto en 3 causales

A juicio de la abogada, los legisladores no han llegado a comprender la gravedad de la violencia sexual y cómo afecta a niñas y adolescentes, especialmente, cuando es crónica. Esto se evidencia en que, durante el segundo trámite del proyecto, no se modificó el acotado plazo impuesto en caso de la violación. 

“En las comisiones, los expertos presentaron las características que tiene este problema y la necesidad de contar con plazos realistas que permitan el acceso oportuna a la intervención medica. Sin embargo, se estipuló un plazo de 14 semanas para las niñas menores de 14 años y de 12 semanas para las adolescentes, que quedan asimiladas a la misma situación de las mujeres adultas. Son plazos que no resultan suficientes para el problema”, apunta la integrante de Corporación Humanas.

Pese a que se han presentado indicaciones para corregir y aumentar estos plazos, no han sido aprobadas hasta ahora, algo que esperan que se pueda concretar en los trámites restantes. Niñas, adolescentes y mujeres no están siendo del todo protegidas con esta legislación: la ampliación con respecto a la objeción de conciencia da un lugar demasiado preponderante a las creencias religiosas y morales de todo el equipo que participa en el pabellón, arriesgando el derecho a la salud.

Respecto al rechazo de algunas figuras de la Democracia Cristiana al proyecto, Maturana recalca que “no es una novedad”, pero recalca que éstos “no pueden votar un proyecto tan importante solo en base a sus creencias religiosas, desatendiendo el carácter laico de Chile. El rol de ellos es legislar para proteger a las mujeres y niñas, no para la defensa de sus creencias morales”. 

Para la abogada, resultado impensado que el proyecto pueda avanzar sin contemplar las 3 causales originalmente debatidas, especialmente considerando el amplio respaldo ciudadano que la iniciativa tiene en cada una de las circunstancias analizadas, según han mostrado las encuestas.

“Pensamos que habrá una votación ajustada, pero que va a ser aprobada. No se entendería que se aprobara una legislación que diera la espalda a los derechos humanos de mujeres y niñas y que desatendiera una demanda de la ciudadanía. No se entendería que el Parlamento no aprobara el proyecto en su integridad”, cierra.