Es cierto que la situación de vida de los niños, niñas y jóvenes que son parte de la Red de atención del Sename ha despertado la indignación y provocado sentimientos en la ciudadanía. Esto ya no sólo por muerte de Lissette Villa y las denuncias que se conocieron asociadas a esta triste noticia, sino también con lo develado en el informe de la Comisión Especial investigadora del funcionamiento de esa institución y otros antecedentes generales por ahora principalmente dados a conocer por el Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El diagnóstico es contundente: las condiciones de precariedad y vulneración en la que se encuentran los niños, niñas y jóvenes ha evidenciado la falta de una institucionalidad responsable que vele por su atención respetuosa y digna.

Es cierto también que una cruel paradoja existe en el Sename: este organismo alberga a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y se dedica a velar por sus derechos, sin embargo, hoy es cuestionado por la falta de ellos. A su vez, se les alberga para que reciban una atención digna con derechos, pero el sólo hecho de ser derivados a los centros conlleva un trato muchas veces indigno, esto porque ya se han develado los deficientes protocolos que impiden la tutela familiar que pueda hacerse responsable de la atención de niños, niñas y jóvenes que han sufrido vulneración que permita privarlos de ser institucionalizados/as. Pareciera que el Estado de Chile pretendiese buscar coronarse de los derechos que les corresponden por el sólo hecho de albergarles en residencias, pero que él mismo vulnera, no reconociendo su previo fracaso.

Es cierto que no existen niños y niñas del Sename sino más bien -y claramente- una población excluida, precarizada, sin atención digna en educación y salud. Es el Estado el que ha configurado las condiciones para que las vulneraciones sucedan, pues no basta con sólo mejorar la infraestructura, dotación de profesionales, u otros, sino más bien reducir el ingreso anual de población infanto-juvenil que transitan por el sistema de protección.

Es cierto que la institucionalidad ha sido cuestionada, al respecto resulta necesario y urgente determinar sus claras especificidades. Esto requerirá de un proyecto político responsable y ético, cuidadosamente organizado e implementado con una prolija coordinación de actores que se necesiten entre sí para cautelar la prevención de las vulneraciones de niños y jóvenes y evitar así su institucionalización.

Por otro lado, y ante la presencia de los casos de atención en centros de resguardo, el aparato institucional que se conforme debe coordinarse con objetivos comunes, con acciones unificadas desde un enfoque crítico en su implementación y atención a problemas y complejidades. Por ejemplo, el caso de la administración municipal al que le corresponde la atención directa en una escuela dentro de un centro de resguardo infantil, ¿cómo dialoga y construye con un Ministerio de Educación que se encarga de las normativas para su funcionamiento considerando que dicho centro en que se ubica la escuela es administrado por el Ministerio de Justicia? ¿Sobre qué paradigmas de atención hacia niños, niñas y jóvenes está conformada esta triada institucional? ¿Qué enfoque de educación prima en ellas? Al respecto, y por sobre todo ¿será necesaria la lógica de la escuela tradicional para la atención educativa de los niños, niñas y jóvenes que están bajo la tutela del Estado?

Es cierto también que la violencia ejercida hacia la población infanto- juvenil no se puede pensar por fuera de las estructuras económicas que necesitan de lo suyo para perpetuar su poder. El ejercicio de la violencia es estructural y de ahí surgen muchas otras violencias. Es el caso de la relaciones dispares de niños, niñas en situación de riesgo y por otro lado la condición de riesgoso/a. Esta dualidad resulta importante de resaltar porque es el trato que recibe la población más desfavorecida siendo muchas veces “atendida” y a la vez criminalizada.

Es ciertamente un error que a las familias de la población infanto-juvenil institucionalizada se les atribuya gran parte de la responsabilidad, siendo que este es un país donde la equidad educativa está lejos aún por equipararse y cuyo énfasis neoliberal ha promovido relaciones más competitivas, la búsqueda de obligaciones materiales y el consumo.

En esta realidad la amenaza hace a los individuos más resistentes, promoviendo violencias y precarizando los valores que les permitan enfrentar y construir un mejor bienestar y sana vida familiar. Hasta que el Estado se haga cargo de una real educación, salud, mejor condición de vida para toda la población y en esfuerzo a su institucionalidad, el contexto actual será más favorable para la población de niños, niñas y jóvenes de nuestro país.

La exacerbada institucionalización de sus vidas se acentúa, aunque suene paradójico, por la precaria institucionalidad. Por esto debemos poner atención a las paradojas que, por cierto, nosotros mismos construimos.

“¡Queremos ser libres!” es el canto que reclama justicia de libertad, es un manifiesto de niños, niñas y jóvenes que se deja anunciar. Esa voz que resuena ha traspasado las murallas institucionales; ahora depende del trabajo de todos y todas hacer que el anhelo de ese grito se haga realidad.


Académica Departamento de Educación, Universidad de Chile.