A la 1 de la madrugada de este miércoles 19, el Senado aprobó las tres causales que contempla el proyecto de despenalización del aborto. Sin embargo, la discusión se extendió hasta las 8 de la mañana, ya que los parlamentarios luego se enfocaron en debatir el detalle del texto, especialmente dos indicaciones que generaron polémica a lo largo de la tramitación: la que establece un programa de acompañamiento a las embarazadas y la que regula la objeción de conciencia por parte del equipo médico.

La primera se incluyó como requerimiento de la Democracia Cristiana y su propósito es acompañar a las mujeres en la toma de decisión. De este modo, la ley establece que el prestador de salud debe proporcionar alternativas a la interrupción del embarazo que incluyan programas de apoyo social, económico y adopción con “información siempre completa y objetiva”. Además, especifica que el acompañamiento se realizará antes, durante y después de la interrupción del embarazo.

Esta indicación fue aprobada con 20 votos y 7 abstenciones.

Dentro de la misma, el senador Andrés Allamand además introdujo un apartado que propone “un sistema alternativo que se financie íntegramente por las instituciones privadas” con el propósito de “evitar el monopolio del Estado”. De este modo, Allamand propuso que además de los programas de acompañamiento que ofrecerán los establecimientos de salud públicos, se confeccione un listado de instituciones de la sociedad civil –sin fines de lucro– que brindarán apoyo adicional.

“La mujer va a tener que elegir si quiere acompañamiento y luego quién le dé dicho acompañamiento”, explicó el senador sobre su indicación, que fue aprobada por 16 votos a favor, 9 en contra, 1 abstención y 1 pareo. Además se estableció que el Ministerio de Salud será el encargado de otorgar la acreditación a estos centros.

Por otra parte, la indicación que establece la objeción de conciencia “autoriza a los médicos cirujanos y a todo el personal profesional al que corresponda desarrollar funciones al interior del pabellón quirúrgico durante una intervención de aborto” a formularla para poder quedar exento de la participación. Dicha objeción se debe presentar al director del establecimiento de salud de forma escrita, y el prestador de salud estará obligado a asignar otro participante en la intervención.

Uno de los principales opositores de dicha medida fue el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien en reiteradas ocasiones llamó a los parlamentarios a que ampliaran la objeción de conciencia hacia las instituciones médicas y afirmó que los recintos de salud ligados a la universidad no realizarían intervenciones abortivas. Su solicitud fue apoyada por parlamentarios de oposición que introdujeron una indicación que apuntaba en la misma dirección.

Sin embargo, la indicación fue rechazada por 15 votos contra 9. En tanto, la extensión al equipo médico –que en un comienzo sólo consideraba al médico cirujano– se aprobó por  17 votos a favor y 10 en contra.

De este modo, el texto afirma que la objeción de conciencia es de carácter personal y en “ningún caso por una institución médica. No será aplicable en el caso de que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, por riesgo vital“.