En educación, Revolución Democrática sigue en la Nueva Mayoría

Recientemente, a través de una columna en este mismo medio, la Comisión de Educación de Revolución Democrática (RD) hizo una valoración positiva del proyecto de Ley de Desmunicipalización presentado por el gobierno y que se discute actualmente en el Congreso.

Es cierto, formula también reparos y señala la necesidad de hacer cambios a dicho proyecto, pero no manifiesta su opinión acerca de la nula voluntad política del gobierno sobre aquello y tampoco condiciona su apoyo a la introducción de tales modificaciones. Esto, finalmente, representa un respaldo abierto a esta nueva iniciativa y al tipo de cambios que el Ejecutivo está impulsando. El fundamento se entrega en la misma columna, cuando señala que “nos parece que el proyecto de Ley que se tramita hoy en el Congreso constituye un paso relevante en este sentido”.

Más allá del debate sobre su participación en la segunda administración de Bachelet, el apoyo actual de RD resulta poco comprensible si se atiende el propio argumento de su salida del gobierno (frustración frente al bloqueo que los sectores conservadores de la NM han ejercido sobre las reformas) y su decidida participación en la construcción de una nueva alternativa política, el Frente Amplio (FA). Más aún si dicho bloque por estos días elabora, desde las bases, una propuesta programática que, se entendería, es contraria al carácter de la actual política educativa.

Con la decisión de apoyo a la Nueva Educación Pública, RD parece no lograr separarse de la misma lógica de la clase política tradicional y del estilo elitario de los gobiernos del período, que la propia organización ha criticado. Esto es, hacer política sin escuchar a la ciudadanía ni a los actores sociales organizados. Pareciera no distanciarse del modo de construir propuestas educativas, basados en la opinión de “expertos” muy alejados de la pedagogía que, con estudios de primer mundo realizados a varios miles de kilómetros de nuestras aulas, aprendieron a escribir paper y recomendar lo que acá debemos hacer en esta materia, reemplazando el diálogo social.

Por experiencia ya sabemos que la lógica elitaria, en su versión progresista, recoge las demandas sociales, modificando aspectos puntuales que sólo perfeccionan el esquema de mercado, sin mirar globalmente el diseño del modelo vigente y, por tanto, sin formular propuestas de cambio estructural. Ya sabemos también que la política de elite funciona usualmente a espaldas de quienes viven cotidianamente la crisis educativa y que, desde la soberbia de su saber tecnocrático, aducen falta de capacidad de comprensión a quienes cuestionan sus iniciativas. Sin embargo, los diversos actores sociales han sido bastante precisos y contundentes en sus argumentos. El presidente del Colegio de Profesores, por ejemplo, ha expresado con mucha claridad las diversas razones por las cuales el proyecto está lejos de ser un avance. Incluso, el gremio efectuó una consulta nacional, donde participaron cerca de 46.000 docentes, tras lo cual la propuesta del Gobierno obtuvo un rechazo superior al 80%. Del mismo modo, numerosas comunidades escolares y también organizaciones de estudiantes, se han expresado en esa dirección.

A juicio de la amplia mayoría de los actores sociales, el proyecto de Nueva Educación Pública no cambia en absoluto los pilares del modelo educativo vigente y por tanto su aprobación, si bien permitiría desmunicipalizar, en los hechos consolida dicho modelo por la vía de un cambio de dependencia. Estos actores han señalado que el proyecto ratifica el precario estado de la educación pública al no reconocer la profunda crisis en que se encuentra y al no impulsar su fortalecimiento por medio de un mejoramiento sustantivo en sus condiciones y de la ampliación sistemática de su matrícula. Más bien, se mantiene la segmentación de todo el sistema a través de la igualdad de trato a escuelas públicas y privadas y del financiamiento por asistencia o voucher (aspecto central del carácter subsidiario del Estado), que en la práctica beneficia al sector particular subvencionado y favorece la brutal competencia entre escuelas.

Por otro lado, el proyecto no tiene fundamentos ni orientaciones propiamente educativas y pedagógicas e introduce un lenguaje completamente gerencial y economicista, ajeno y contrario a la formación integral que el propio proyecto declara. Efectivamente, el texto consagra las nociones de mejora continua, estándares, oferta, servicio, eficacia, etc. La idea de mejora continua, por ejemplo, responde al incremento productivo de indicadores de resultado con línea de base cuantitativa, independiente del cambio en las características de los grupos de estudiantes de un año a otro. Claramente, al reforzar un concepto de calidad basado en la estandarización y categorización de escuelas -propio de la corriente de “eficacia escolar”- se produce en el mismo proyecto una contradicción insalvable con la noción de integralidad e inclusión que se plantea en términos retóricos en la presentación del texto, negando de paso, toda la literatura relevante sobre pedagogía.

Es claro, por otro lado, que en el proyecto NEP hay una notable ausencia de mecanismos de participación democrática de la comunidad, con capacidad resolutiva real, fortaleciéndose las facultades unipersonales. A esto se suma la reiteración de un problema clave del sistema vigente, que es la prolongación de mecanismos de selección de los cargos directivos sin generar parámetros de perfil adecuado al campo de la pedagogía y la gestión escolar, dejando disponible el clásico espacio para la arbitrariedad y el clientelismo, con todo el daño que ello ya ha producido. Esto, sin mencionar la situación de deudas de arrastre y condición laboral que no quedan resueltas en este traspaso.

En síntesis, el proyecto NEP no propone las medidas mínimas que permitirían impulsar un cambio real del sistema público en educación. Lo preocupante es que, al respaldar su aprobación, una vez más RD se alinea con el gobierno, dándole la espalda al profesorado -tal como ocurrió con el proyecto de carrera docente- y justo en el momento en que el magisterio anuncia un plan de movilizaciones. Esto es una clara renuncia a la posibilidad de hacer política con la sociedad, tal como nos lo han anunciado insistentemente los dirigentes del FA. Por ello, quienes estamos por cambios de fondo tenemos el legítimo derecho de preguntarnos cuál es la distancia real de quienes ofrecen una nueva forma de hacer política respecto de aquellas prácticas que están en absoluta decadencia. ¿O es que los dirigentes de este conglomerado se van a sumar a la idea de ofrecernos nuevamente el mal menor como salida? El problema es que a estas alturas ya nadie puede negar que ese pragmatismo insustancial, de tipo consensual-elitario, es parte importante de las causas que explican la crisis en la que estamos.

No se trata aquí de maximalismos; el tema no es de velocidad ni de magnitud de los cambios, sino de dirección. Esto es, si la política que se propone apunta o no a modificar los aspectos esenciales del modelo educativo que tanto se ha dicho querer cambiar. Y así como RD tiene el legítimo derecho de expresar su opinión sobre un proyecto tan importante para el país, cabe preguntarse si el FA, como coalición, o las otras orgánicas de este bloque, o la propia candidata Beatriz Sánchez, tienen la misma opinión sobre el mencionado proyecto.

Por último, no hay que olvidar que los dirigentes y parlamentarios del Frente Amplio surgieron de los conflictos en educación y que se legitimaron en el reclamo de cientos de miles de personas que han pedido por más de dos décadas un cambio estructural al modelo educativo neoliberal. Por ello, a lo menos, el conglomerado debiera honrar con convicción dicho origen, al margen de que una de sus organizaciones en este tema no pueda salir completamente de la NM.