Casi año y medio ha pasado desde que la líder ambientalista Berta Cáceres fuera asesinada a balazos por varios hombres que en marzo de 2016 irrumpieron en su casa del municipio de La Esperanza, en Honduras. Aunque hubo ocho detenciones, sigue sin saberse quién estuvo detrás de un crimen que conmocionó a los defensores de la tierra dentro y fuera del país.

Ahora, su hija Berta Isabel Zúñiga Cáceres tiene grandes esperanzas puestas en una misión internacional instalada recientemente para averiguar quién dio la orden a los sicarios que acabaron con la vida de su madre, según relató en una entrevista telefónica con dpa.

Olivia Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la ambientalista y activista Berta Cáceres, participa en un homenaje realizado en la plaza al divino Salvador del Mundo, en San Salvador. foto: Vladimir Chicas/dpa

“Ella gozaba de protección por medidas cautelares que le había impuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno hondureño por las amenazas que mi madre había recibido”, cuenta la hija, de 26 años.

Sin embargo, “el día que la llegaron a asesinar nadie estaba vigilando. No tenía protección de los agentes que le habían designado. El crimen sigue en la impunidad“, critica la joven, conocida como “Bertita”.

Su madre, amenazada de muerte en varias ocasiones, había sido distinguida en 2015 con el prestigioso Premio Goldman por su labor medioambiental. Se oponía a la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, en el occidente de Honduras, que provee de agua a las poblaciones de la etnia lenca que habita en sus riberas, en el departamento de Intibucá.

La empresa DESA, que lleva el proyecto, conocido como Agua Zarca, anunció en julio que suspendía temporalmente la construcción, como “un gesto de buena voluntad en tanto se consulta a las comunidades” de la zona. Anteriormente, un banco holandés y otro finlandés de desarrollo anunciaron que se retiraban del proyecto, según informaron medios locales.

“Es un proyecto multimillonario. Los dueños son las familias más poderosas del Honduras”, explica a dpa el analista local Víctor Meza. En su palabras, y en ello coincide con “Bertita” Cáceres, “ellos han suspendido temporalmente la construcción de la hidroeléctrica, pero van a intentar continuar porque las inversiones han sido grandes y las ganancias serán mucho mayores”.

Meza señala que el negocio de la venta de energía es multimillonario, ya que el comprador fijo es el Estado, que se encarga de distribuir la electricidad. Quienes la producen, agrega, obtienen grandes rentabilidades.

El pasado 13 de julio, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció que inició pesquisas para esclarecer el crimen. Según el jefe de la misión, el peruano Juan Jiménez Mayor, la investigación se lleva a cabo “con todos los componentes en relación con la participación de funcionarios del Estado y de la propia empresa”.

“Los indicios existentes de posibles hechos de corrupción vinculados al crimen justifican que la misión participe en la investigación”, precisó. En palabras de Jiménez Mayor, se está investigando a personeros, funcionarios y empresarios por presuntas graves irregularidades que constituyen delitos de corrupción y que finalmente pueden estar relacionados con el asesinato de Berta Cáceres y otros ambientalistas en Honduras.

Según un informe que hizo público el 13 de julio la organización Global Witness, que desde su sede en Londres investiga abusos, conflictos y corrupción relacionados con la explotación de los recursos naturales, en Honduras fueron asesinados el pasado año 14 ambientalistas, entre ellos Berta Cáceres, lo que supuso un alarmante aumento del 75 por ciento en comparación con 2015.

Berta Isabel Zúñiga durante una conferencia en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. foto: Miguel Rajmil/Zuma Press/dpa

“Estamos esperanzados en que la MACCIH investigue verdaderamente y llegue a los autores intelectuales del asesinato de mi madre y otros actos de represión y amenazas que seguimos recibiendo por luchar por los derechos de nuestra población”, manifestó Berta Isabel. Ella actualmente también es activista del movimiento popular que lideraba su madre, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

“Por el momento estamos alegres porque por medio de nuestra lucha, y lo que fue la lucha de mi madre, el proyecto haya sido suspendido”, añadió. Pero también ella dice ser consciente de que “la suspensión es temporal, para que supuestamente las comunidades que serán afectadas se calmen y baje la tensión social por el reclamo de su derecho al agua y a la conservación de su territorio”.

Por ello, “Bertita” no deja lugar a dudas: “La lucha sigue”, dice como colofón al despedirse.