Es imposible permanecer indiferentes a las revelaciones en torno a casos de abusos, violaciones y muertes producidas en el Servicio Nacional de Menores. Las últimas informaciones dadas a conocer por el informe SENAME II y los diversos testimonios de las víctimas nos conmueven a todos y todas en lo más profundo, pero también nos interpelan, nos llaman a intervenir en pos de los niños y niñas, nos convocan a exigir soluciones verdaderas por parte del Estado chileno y nos permiten reflexionar en torno al fracaso institucional en materia de protección infantil.

El bienestar de la niñez y adolescencia en nuestro país no puede seguir siendo un slogan de campaña para sacar provecho electoral, hoy es tiempo de actuar, de cambiar la realidad que viven día a día los niños y jóvenes que habitan este territorio. Reconfigurar las políticas de niñez en torno a un enfoque de Derechos es vital para enfrentarnos a esta cruda realidad. Intentar solucionar el problema no pasa solamente por intervenir el SENAME, es tiempo de repensar las políticas de niñez nacionales de manera integral, considerando las implicancias jurídicas, políticas, administrativas y técnicas, pero también los factores socioculturales que hasta hoy han sustentado la postergación de este segmento de la población.

En Chile, la relación con nuestra infancia está marcada por la violencia y la pobreza. Según datos de UNICEF el 71% de los niños y niñas en nuestro país recibe algún tipo de violencia en su hogar. Respecto a datos de maltrato, en este tipo de delitos las más afectadas son las mujeres: niñas y adolescentes concentran un 62,7% de las denuncias por violencia intra-familiar y un 79,2% por violencia sexual. Es indudable la crisis que vivimos en torno a la protección infantil, tanto en el marco institucional como en nuestra sociedad es hora de hacernos cargo.

Es significativo recordar que el SENAME fue creado en el período de la dictadura cívico-militar, sin haber adscrito como país a la Convención de los Derechos del Niño. Luego en el año 2000, Ricardo Lagos anunció la reforma del sistema de atención a niños, niñas y adolescentes, separándolo del sistema de atención a los jóvenes infractores de ley, lo mismo fue anunciado por Michelle Bachelet el año 2006 y en su siguiente gobierno el año 2014. A pesar de estos anuncios, continuamos con niños, niñas y adolescentes sujetos de protección a cargo de Programas del Ministerio de Justicia, haciendo oídos sordos a organizaciones sociales, organismos internacionales y académicos que plantean una reestructuración institucional.

Desde la ciudadanía criticamos que el Estado aún no promueva un cuerpo legal que permita asegurar que se respeten, promuevan y restauren en su totalidad los Derechos de la niñez y adolescencia, siendo el único país de América Latina que no cuenta con una ley de este tipo ¿No les parece indigno para un miembro de la OCDE? Los países signatarios a la Convención han armonizado sus leyes a los estándares de ésta, adoptando códigos integrales de protección de la niñez o legislaciones específicas que incluyen la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de la Infancia, sin embargo Chile aún carece de ésta.

Hoy todos somos responsables por los delitos y crímenes que han sufrido los niños y niñas dependientes del SENAME. El poder judicial es responsable por no administrar la protección acorde a lo comprometido en la ratificación de Convenciones Internacionales y por conducir la protección desde una lógica de administración que no responde al enfoque de Derechos Humano. El poder legislativo es responsable por no favorecer cambios sustantivos en esta materia o por realizar recortes al presupuesto de SENAME de manera sostenida. El poder ejecutivo es responsable porque, a excepción del Chile Crece Contigo, no ha impulsado una política pública que garantice el bienestar integral de niñas y niños.

Los ciudadanos somos responsables por dar la espalda a estos menores e invisibilizar su existencia, dejándolos a su suerte en recintos del SENAME o en sus hogares mientras sufren maltratos. Somos responsables por mantenernos inmóviles ante un sistema económico que condena a niños a la pobreza o al éxito por el lugar en el que nacen. Somos responsables por pretender cambiar los destinos del país y de estos niños y niñas desde una publicación en Facebook. Somos responsables por no habernos indignado antes y dejar a su suerte a la niñez. Somos responsables por tener las autoridades que tenemos y no hacer nada para cambiarlas.

Hoy tenemos un desafío enorme y somos requeridos como país, para ponernos en sintonía con las necesidades de la niñez y la adolescencia. Somos responsables, sin duda, por consiguiente recae sobre nosotros el avanzar en las soluciones definitivas en estos ámbitos. El rol que debemos jugar los movimientos sociales y las fuerzas políticas debe ser el que permita seguir construyendo colectivamente las respuestas a las interrogantes planteadas, de forma consistente en el cual se articulen todas y todos los involucrados, en todos los niveles, a través por ejemplo de mesas donde participen actores políticos, sociales y ciudadanos que nos permita construir un país mejor para todos y todas en donde la base sea el reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos derechos y en conjunto seamos co-garantes de ello.


Candidato a diputado por el Frente Amplio en el Distrito V Costa