La Ley de Inclusión Escolar ha sido uno de los temas más relevantes que hemos abordado últimamente como país. Desde el inicio de su discusión ha sido foco de apasionadas reacciones a favor y en contra, lo que demuestra el interés que genera en la ciudadanía, pero también el grado de desinformación, prejuicios y animosidad con que como país estamos afrontando algunos debates.

Desde nuestra perspectiva, esta ley llegó para revolucionar un sistema escolar que estaba siendo un lastre para nuestro desarrollo económico y democrático. Lo hizo acabando con algunos de los elementos más nefastos heredados del modelo educacional creado en la dictadura de Pinochet: el copago, el lucro y la selección en los establecimientos públicos.

Así, todos los colegios que recibían aportes del Estado y que definieron pasar a la gratuidad dejarán de cobrarles a las familias de los estudiantes. Pero esto no significa una disminución en los recursos para los alumnos y alumnas, sino al contrario. Los establecimientos incluso podrían ver aumentado su presupuesto ya que la ley considera un aumento de hasta un 80% en los recursos de la Subvención Escolar Preferente (SEP) —abarcando los quintiles 3 y 4— y se crea una asignación especial para los establecimientos con gratuidad. Es decir, un estudiante de nivel socioeconómico bajo, que el año 2013 recibía alrededor de $91 mil por concepto de subvención, con la Ley de Inclusión en régimen verá aumentada su asignación a entre $140 mil y $170 mil. Esto permite que se abran las posibilidades de elección a miles de familias que antes no podían pagar el copago manteniendo la calidad educacional.

Por otro lado, los establecimientos que definan entrar a la gratuidad no pueden tener utilidades de ninguna forma. Ni un solo peso de los recursos transferidos a los establecimientos puede destinarse a otra cosa que no sea mejorar la educación de los niños y niñas. Se acaba, de esa forma, con el lucro disimulado que desviaba fondos públicos a bolsillos privados mediante sueldos sobredimensionados a algunos directivos y arriendos millonarios de infraestructura. No es menor. Se trata de unos $260 mil millones anuales de utilidades que percibían los colegios particulares subvencionados, cantidad que ahora se tendrá que reinvertir exclusivamente en mejorar la educación. Entre 2015 y 2016, 861 establecimientos educacionales pasaron a gratuitos, abarcando un total de poco más de 500 mil estudiantes. La estimación para 2017 es que habrá un 82% del sistema bajo gratuidad.

Por último, el fin de la selección garantiza que ningún niño o niña pueda ser rechazado de los establecimientos que reciban financiamiento público por la capacidad de pago de las familias, su religión, sus calificaciones u otro tipo de segregación a las que estábamos habituados. No más discriminación. Esto, con la fiel convicción de que los colegios realmente de excelencia no son los que seleccionan para quedarse con la mejor parte y obtener los mejores resultados Simce o PSU, sino los que se hacen cargo de todos los estudiantes con sus altos y bajos y que, igualmente, llegan a buenos resultados.

En las últimas semanas hemos visto algunos noticieros que con una clara intencionalidad han mostrado largas filas de apoderados haciendo hora para matricular a sus hijos e hijas. Lo extraño es que no muestren a los más de 5 mil niños que se han matriculado exitosamente a través de un portal único en Internet en la Región de Magallanes —donde la ley se implementó en 2016—, más de la mitad de los cuales quedaron en su primera preferencia. Lo extraño es que no hayan mostrado a las miles de familias que antes de la Ley de Inclusión ni intentaban postular a determinados colegios por no tener capacidad de pago o por no aprobar inescrutables entrevistas de evaluación. Este año la ley se implementará en la región de O’ Higgins, donde 20 mil familias podrán matricular a sus hijos e hijas vía online. Así cada año más regiones tendrán esta modalidad de matrícula sin selección ni discriminación alguna.

La educación de nuestros hijos es, sin lugar a dudas, un factor clave para el futuro de nuestro país. Por ahora, vemos que se promulgó una muy buena ley, pero que implica un tremendo desafío político para todos en los próximos años. Debemos estar alerta para exigir que se le entreguen los recursos necesarios a organismos como la Superintendencia de Educación para que la ley realmente se aplique. Porque podemos tener la mejor ley para nuestros niños y niñas, pero si no hay nadie que la fiscalice de buena manera, será sólo una buena intención.


Precandidato a diputado por Revolución Democrática en el Distrito 8